La única solución es la inmediata abrogación del decreto 130-2017 y la construcción de un nuevo Código Penal con la participación amplia de los diversos sectores de la sociedad hondureña
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Los abogados de diputados denunciados por el Congreso Nacional, piden desestimar la denuncia de oficio por la falta de legitimidad ya que el Congreso Nacional y su junta directiva nunca sometieron al pleno la decisión de autorizar el poder para realizar esta denuncia, actuando de manera irresponsable y sin conocimiento de las formalidades requeridas por la ley.
En un comunicado emitido este martes los congresistas y sus defensores afirman que lo que procede es la inmediata abrogación del decreto 130-2017 y la construcción de un nuevo Código Penal con la participación amplia de los diversos sectores de la sociedad hondureña.
En vista de los hechos acaecidos con la acción parlamentaria realizada por los diputados de oposición con la abrogación del Nuevo Código Penal, en defensa de la Democracia colectivo de diputados/as, abogados/as y organizaciones de DDHH se comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
El comunicado señala que el Partido Nacional ha iniciado una persecución política contra diputados de la oposición a quienes amenaza con la privación de la libertad por defender la voluntad soberana del pueblo por la abrogación del nuevo Código Penal. La dictadura de gobierno amenaza con desconocer la manifestación de oposición generalizada de la ciudadanía contra este instrumento legal que contiene disposiciones que restringen desproporcionadamente la libertad de expresión, el derecho a la protesta, de asociación, el derecho a defender los derechos o promueven la impunidad en delitos relacionados con la corrupción, y la violencia contra de las mujeres y niñas, así consolidar su proyecto continuista. La estrategia de represión por vía judicial complementa la campaña que desarrollan mediáticamente para la aprobación de este “Código de la Impunidad”.
En el segundo numeral manifiesta que la oligarquía hondureña a través de sus representantes del Partido Nacional en el Congreso Nacional encabezado por el doctor Mauricio Oliva ejecutan un plan para criminalizar a cinco (5) diputados dignos representantes del pueblo que con hidalguía el miércoles 24 de junio de 2020 ejerciendo sus derechos constitucionales convocaron a una sesión extraordinaria para la abrogación del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal.
Los diputados de Libre, Jorge Cálix y Carlos Zelaya dialogan afuera de las oficinas del MP en la Metropolitana # 1
Aprovechándose del control absoluto que tiene el Partido Nacional de los poderes del Estado y del Ministerio Público en fecha 24 de junio de 2020, la abogada Karen Lorena Márquez Barahona, supuestamente en representación del Congreso Nacional de la República, interpuso denuncia en esta fiscalía, acusando a nuestros patrocinados de los delitos de: usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de los diputados Doris Alejandrina Gutiérrez Espinoza, David Armando Reyes Osorto, Luis Rolando Redondo Guifarro, Tomas Antonio Ramírez Y Jorge Luis Calix Espinal, acusaciones que nuestros consideran absolutamente infundadas, en razón de lo cual nos presentaron al Ministerio Público en defensa de sus clientes y simultáneamente se presentaron voluntariamente los diputados, a efecto de ser oídos en relación con los hechos investigados.
La defensa de los congresistas alegan que la convocatoria de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de fecha 24 de junio del 2020 se realizó con todas las solemnidades requeridas por nuestra Constitución de la República contenidas en el artículo 190 que en su numeral tres que establece, “El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias: (…) Cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros” y el artículo 191 de nuestra Carta Magna donde versa de manera literal “Un número de (5) cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones.” premisa que se cumple al momento que la Junta Directiva del Congreso Nacional se negó de manera arbitraria e ilegal a convocar a sesión parlamentaria para tratar el tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, luego que el diputado Luis Redondo y la diputada Scherly Arriaga presentaran en el pleno del Congreso la moción de abrogar el decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal.
En su petición exigen al Ministerio Público desestimar la denuncia de oficio por la falta de legitimidad de la abogada Karen Lorena Márquez Barahona que en representación del Congreso Nacional de la República presentó denuncia contra cinco (5) diputados, la falta de legitimidad se fundamente en que, en ningún momento el Congreso Nacional y su Junta Directiva sometieron al pleno la decisión de autorizar el poder para realizar esta denuncia, actuando de manera irresponsable y sin conocimiento de las formalidades requeridas por la ley.
Ante este panorama afirman que la única solución es la inmediata abrogación del decreto 130-2017 y la construcción de un nuevo Código Penal con la participación amplia de los diversos sectores de la sociedad hondureña que recoja las diferentes aspiraciones, garantizando la participación real de la ciudadanía y que se logre un cambio estructural en el sistema punitivo del país.
