La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer reportó que entre el 17 de marzo y el 31 de mayo, se recibieron 1,259 denuncias de violencia contra las mujeres a nivel nacional.
Por: Redacción CRITERIO.HN
La pandemia de la COVID-19 ha significado una importante amenaza a la salud pública a nivel global, por lo que los países se han visto en la obligación de implementar medidas de restricción de movilidad que han tenido consecuencias directas en la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia de género dentro de sus hogares.
El confinamiento aumenta la exposición de las mujeres y las niñas frente a sus agresores, además de limitar su movilidad para pedir ayuda o huir. De igual forma, la pérdida del trabajo, la disminución de los ingresos o la imposibilidad de adquirirlos, incrementan la dependencia económica que constituye una barrera más para denunciar la violencia, generando mayores tensiones en el entorno compartido con el agresor.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, los estereotipos de género le otorgan a las mujeres y niñas la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, provocando una mayor carga de trabajo no remunerado, lo que puede afectar su salud física y emocional. Por otra parte, la priorización de la pandemia como principal problema de salud pública, repercute en la prestación de servicios esenciales para las mujeres, como los de salud sexual y reproductiva y los de atención a la violencia, afectando sobre todo a las mujeres de escasos recursos económicos, que viven en zonas rurales aisladas, pertenecen a comunidades indígenas y Afro hondureñas o viven con alguna discapacidad.
Según datos de la línea de atención del Sistema Nacional de Emergencias 911, en Honduras las cifras de denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado significativamente, reportando más de 40 mil casos de agresión en lo que va de año y alcanzando su mayor número el pasado mes de abril con casi 10 mil denuncias. Al respecto, Juan Carlos Degrandez, sub director del 911, indica que al momento de recibir la llamada, el sistema puede determinar a qué tipo de violencia corresponde la denuncia y reporta que han identificado que la mayor parte de las mismas están tipificadas como violencia de género, seguidas por casos de violencia intrafamiliar. De igual manera, Degrandez indica que gracias a la coordinación institucional, se está logrando avanzar en el proceso de judicialización de las mismas.
Por su parte, la subdirectora de fiscales del Ministerio Público, Loany Alvarado, manifestó que esa instancia también registra un aumento de denuncias durante el período de marzo a mayo, reportando 1,259 denuncias recibidas, 393 detenciones infraganti y 304 audiencias con comparecencias. En este sentido, aclara que la diferencia entre el número de denuncias recibidas y el número de denuncias procesadas se relaciona con diversos factores, como la posibilidad de verificar la ubicación de la persona agredida o el temor de continuar con la denuncia por parte de la víctima, entre otras razones.
En respuesta a este contexto, se ha activado el Sub-sector de Violencia basada en Género (VBG) del Equipo Humanitario de País, liderado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de ONU Mujeres y Plan Honduras, y que cuenta con la activa participación de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil. A través de este mecanismo se promueven acuerdos para fortalecer la respuesta a las denuncias de emergencia que se realizan a través del 911, tales como: a) la capacitación de policías de Tegucigalpa y San Pedro Sula en VBG, por parte del INAM y otros actores de la sociedad civil; b) el apoyo del Ministerio Público a un grupo de funcionarios/as para ofrecer asesorías a policías que están atendiendo casos en la calle durante las 24 horas; c) el fortalecimiento de capacidades de la línea 911, para ofrecer atención psicosocial en casos de VBG; d) la asignación de un representante del INAM en el 911, fortaleciendo la coordinación entre ambas entidades; y e) el establecimiento de un mecanismo entre el SNE, el 911 y el Ministerio Público para facilitar el flujo de información sobre las denuncias de VBG en tiempo real.
UNFPA reafirma su compromiso de sumar esfuerzos junto a otras organizaciones para fortalecer las capacidades y abogar por la continuidad de los servicios de atención a las mujeres y niñas de violencia. El énfasis se ha establecido en garantizar ambientes libres de violencia, así como ofrecer una atención y mensajes de apoyo adecuados con el objetivo de mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas.
