Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucugalpa.-Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal los hondureños estarán a expensas de la aplicación del derecho penal que criminalizará cualquier acción de protesta y que podría complicar el panorama en medio de la pandemia por el Covid-19.
Lea también: Nuevo Código Penal sigue siendo un fantasma para los hondureños
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal está prevista para el 25 de junio próximo, cuando vencerá la Vacatio Legis, vigente desde el 10 de mayo anterior.
Con la propagación del Covid-19 la población hondureña se ha visto afectada por un precario sistema sanitario, pobreza, exclusión social y otros problemas estructurales que ha hecho que la gente salga a las calles a manifestarse por falta de alimentos, acceso al agua potable y otras demandas insatisfechas, pese al riego de contagiarse.
Mientras se habla de la pandemia y de su propagación, el gobierno no rinde cuentas de los millonarios fondos aprobados en el marco de una emergencia sanitaria que se decretó dese el 10 de febrero, semanas antes de que se registrara la enfermedad en el territorio hondureño.
Para no rendir cuentas la administración de Juan Hernández se escuda en un estado de excepción que suspendió las garantías constitucionales, por lo que desde el 15 de marzo se suspendió la aplicación de la Ley de Acceso a la información Pública.
“El momento para la entrada en vigencia de este Código no puede ser el peor, el nuevo Código Penal contiene un tipo penal para la población hondureña, que como el coronavirus llegó sin verlo, de manera silenciosa y que puede representar la forma más dura de criminalización hacia los ciudadanos”, advierte el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) al hacer alusión al artículo 307
En efecto el artículo 307 habla sobe la propagación de epidemias y de enfermedades infecto-contagiosas y establece que “quien causa, introduce o propaga una epidemia humana mediante la difusión de agentes o gérmenes patógenos, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. Con las mismas penas se debe castigar al que introduce o propaga una epidemia humana violando las medidas previamente impuestas por las autoridades competentes para impedirlo. (…)”.
El artículo 307, sustituye al artículo 186 del Código Penal vigente y el cual está siendo aplicado con base al Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 a personas que no acatan las medidas impuesta por las autoridades cuya pena establece una privación de la libertad de seis meses a dos años.
Según C-Libre bajo este contexto, un grupo de personas que se manifiesten por cualquier necesidad desde cada espacio, pueden ser criminalizadas por distintos tipos penales cuyas penas pueden sumar hasta 30 años de privación de la libertad. “El simple hecho de manifestarse de manera pacífica en la vía pública ejerciendo los derechos constitucionales de la protesta, derecho de reunión y derecho de asociación puede acarrear la aplicación de algunas figuras penales”.
La organización de sociedad civil hace la advertencia mediante un informe sobre la situación de la libertad de expresión y acceso a la información pública en el marco de la crisis por COVID-19.
El documento advierte además que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal agudizaría aún más la falta del derecho de acceso a la justicia, es decir, “con la suspensión de garantías constitucionales que tutelan la libertad ambulatoria, la libertad personal o la libertad de asociación, dejan a la arbitrariedad de las autoridades la detención y procesamiento de las personas, vulnerando otros derechos y principios fundamentales del derecho penal”.
Protesta por hambre
La normativa penal será aplicada a partir del 25 de junio, bajo un contexto de crisis sanitaria y económica en consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha conllevado a realizar acciones de protesta ciudadanas en exigencia de alimentos, productos básicos, agua potable, la suspensión de la emergencia, alto costo de la energía, entre otros.
Las protestas se han concentrado en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, las zonas con mayor cifra de contagio del coronavirus, según las estadísticas del gobierno.
El 63 por ciento de los hondureños no cuentan con los medios para sustentar sus necesidades básicas, porque se encuentran bajo la línea de la pobreza, lo que podría desembocar en una crisis social sin precedentes en los próximos meses por la agudización del desempleo como consecuencia directa del deterioro económico generado por la pandemia.
