Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El impacto del Covid-19 estará presente en el proceso político en Honduras del 2021, al trastocar los plazos para la emisión de un nuevo documento de identidad y del calendario electoral.
El encierro decretado para contener el avance de la terrible pandemia del Covid-19 ralentiza la posibilidad de contar con soportes documentales que den certeza plena a los sufragios internos de marzo y a los generales del 2021.
El Registro Nacional de las Personas (RNP), debe expedir la cédula de identidad en septiembre, congruente a la convocatoria a los partidos políticos reconocidos para sufragios primarios e internos que deben efectuarse en marzo del año próximo.
Por ahora la única diligencia a cargo del RNP es el pre-registro en línea que hasta ahora cuenta con cerca de un millón de hondureños enlistados.
No así el reclutamiento de datos, levantamiento de huellas dactilares y fotografías, entre otras labores, que se han estancado por la cuarentena que desde el mes de marzo afecta toda actividad en el país.
De igual manera ha aminorado la purificación del Censo Nacional Electoral que en junio de 2021 aportaría resultados iniciales, con la impresión, de al menos la mitad de las nuevas tarjetas de identidad.
Mientras tanto, todo depende de eventuales acuerdos políticos y de la evolución de la pandemia de coronavirus al mes de junio, y de las medidas que implemente la administración, incluido el aislamiento social.
Rolando Katán, comisionado-presidente del RNP, señaló que aún es muy pronto para decir no pues aún es posible avanzar en el calendario de entrega del documento personal de los hondureños.
La transmisión del censo está prevista en septiembre y eso se puede modificar para dar más tiempo y se postergue a diciembre, un cálculo propio de la emergencia sanitaria. Pero sí debo enfatizar que el RNP aún contempla la posibilidad de que las internas de 2021 se lleven a cabo sin la nueva identidad y con el nuevo censo.
Esa postura continúa, aunque después de la emergencia veremos qué ventana de tiempo tenemos para ver el cronograma necesario, apuntó Katán.
Por su parte, la titular del Concejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, ha propuesto el uso de tecnología en más de cinco mil centros de votación para verificar la autenticidad de las firmas de los ciudadanos que ejerzan el sufragio.
Con esto se busca que unas 400 mil personas que ya fallecieron no aparezcan como posibles electores, pues ni sus familias ni el Estado reportaron el acta de defunción correspondiente. Con esto se busca que en los cuadernillos que dispone cada mesa no solo se compruebe con la nueva identidad, sino que también la posibilidad técnica de verificar que el portador de la identidad, que aparece en el cuadernillo y ejerce el sufragio, sea el titular de la huella dactilar, precisó Moncada.
El informe final de las elecciones de 2017 de la OEA comprobó inconsistencias en el censo electoral por incluir a los fallecidos ante el Registro Nacional de las Personas. Asimismo, el informe preliminar del organismo hemisférico observó un proceso de baja calidad electoral, lo que arrojó serias dudas que siguen afectando la imagen institucional política del país.
