Gobierno de Honduras se extralimita con cadenas de radio y televisión

Hernández impone mensajes irrelevantes para el interés colectivo

Medios corporativos no protestan porque están amarrados por la “ley de canje”

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigaalpa.-Durante 47 días se han realizado más de 70 cadenas de radio y televisión con transmisión de información oficial en el marco de la crisis sanitaria por el  Covid-19 en Honduras. Sin embargo, el canal de You Tube de Casa Presidencial solo tiene disponible los vídeos de 59.  (https://www.youtube.com/channel/UCqHN9m9SCfaHA9Ax2MpPHeg/videos).

Desde el 14 de marzo al 29 de abril del presente año, un promedio de 1.52 cadenas nacionales por día se han emitido de manera obligada a la ciudadanía hondureña, con transmisiones hasta de 48 minutos con 29 segundos de manera ininterrumpida.

Las cadenas de radio y televisión generalmente son retransmitidas dos veces en menos de 24 horas (mañana y noche). Sumado a esto se han realizado hasta tres cadenas en un mismo día las que suman más de 30 minutos con información oficial y también una cadena de oración de 16:52 minutos del 17 de marzo.

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión, el tiempo máximo de duración de las cadenas es de siete minutos. Fuera de ese tiempo las emisoras de radio difusión sonora y de radiodifusión por televisión no están obligadas a la transmisión de la Cadena Nacional, excepto en los casos, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) califique que el mensaje a transmitir requiere más tiempo.

De igual manera el artículo 3 de ese mismo reglamento, expresa que Conatel indicará las instrucciones relacionadas para prestar espacios para Cadena Nacional, considerando las horas de más audiencia, así como la actividad comercial de los prestatarios.

EL PRECIO DEL SILENCIO

En el año 2013 en el Congreso Nacional se aprobó el decreto 86-2013 que contempla Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, más conocida como “ley de canje”. La normativa especial permite a los dueños de los medios de comunicación canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y servicios públicos por publicidad gubernamental.

También lea: Medios hondureños venden su silencio a cambio de no pagar impuestos

La “ley de canje” ha ocasionado que el Estado deje de percibir importantes ingresos, ya que el beneficio se extiende a las empresas que forman parte del conglomerado del medio de comunicación. Hasta el momento nadie sabe a cuánto asciende la prerrogativa.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estableció en el 2017 al darle seguimiento al gasto público en el proceso electoral 2017 que la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, era  un elemento que evidenciaba una campaña política constante y la intención de utilizar fondos públicos con doble dirección, por un lado dar la imagen de un gobierno eficiente y por otro lado, dar la imagen de un buen candidato a la presidencia de la nación.

Para el periodista Héctor Becerra, experto en libertad de expresión, la popularmente conocida como “Ley del canje”, tiene su génesis en el “Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión”, suscrito en junio de 2013 por Juan Orlando Hernández en su condición de presidente del Poder Legislativo y la Asociación de Medios de Comunicación, la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras.

“Entonces la ley es una compensación de JOH (Juan Orlando Hernández) a los empresarios, quienes durante seis meses levantaron una campaña en contra de un ante proyecto encaminado a democratizar el espectro radial y al que los empresarios de la comunicación catalogaron como una amenaza a la libertad de expresión, hoy se les pasa factura y por eso no se pueden oponer a la imposición de largas cadenas del oficialismo”, detalló Becerra.

Según Becerra, el gobierno se ampara en la emergencia por el coronavirus para difundir de manera abusiva información que no tiene ningún tipo de interés para la población, por lo tanto, no debería ser transmitida en cadenas nacionales. “Por ejemplo, JOH convoca a cadenas para decir que nos vamos a convertir en una industria farmacéutica importarte a nivel de la región por la confección de mascarillas, eso no es de interés colectivo, la gente necesita conocer sobre las medidas de combate y prevención al coronavirus, o el número de personas contagiadas o los sectores en riesgo”, apuntó Becerra.

Por su parte el ex comisionado de Conatel, el abogado Rasel Tomé, aseguró que lastimosamente en Honduras se abusa de las cadenas como mecanismo de información oficialista.

“Ante el rechazo de la ciudadanía, buscan legitimarse y para eso imponen un mensaje extenuante y sin ningún interés nacional, al estilo duro de las dictaduras apoyados por los dueños de los medios de comunicación que se encuentran comprometidos con el poder”, enfatizó Tomé.

De acuerdo al exfuncionario todos los medios corporativos en Honduras se han beneficiado con la “ley de canje” y por esa razón hoy se encuentran con las manos atadas y subordinados, lo que les impide levantar su voz ante los abusos de las cadenas nacionales.

IMPOSICIÓN ARBITRARIA

El principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reza: “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Al respecto, Becerra indico que este estándar internacional en materia de derechos humanos, precisa que la información que se emita deberá ser oportuna y necesaria, en el caso de Honduras se puede hacer a través de otros mecanismos de comunicación estatal y precisamente a través de los medios de comunicación comercial.

“Esto significa que, si la cadena se pasa de los siete minutos, en teoría los medios comerciales pueden abandonar la cadena, pero en la práctica no se hace esto aun y cuando existe una normativa nacional e internacional que los protege para hacerlo”, comentó Becerra.

Según Becerra, sumado a lo estipulado en el principio 5 de la Declaratoria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y órganos internacionales que forman parte de la Convención Interamericana, han indicado que no es cualquier información que legitima al presidente de la República, cuando hay irrupción de la transmisión de la programación habitual.

“Se trata de aquella información que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar la trascendencia pública y que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida cotidiana”, concluyó el experto en libertad de expresión.

OTROS ABUSOS

En el marco de la emergencia decretada por el coronavirus el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó el 16 de marzo, mediante el Decreto PCM 21- 2020, un estado de excepción que restringe algunas garantías constitucionales, entre ellas, la libre locomoción, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la morada y la libertad empresarial.

A partir de ese día se impuso un toque de queda en los 18 departamentos del país y las fuerzas militares y policiales han salido masivamente a las calles a detener y a reprimir a los ciudadanos, especialmente a aquellos que salen a protestar porque no tienen comida en sus casas. Esta gente ha sido reprimida con gases, bombas lacrimógenas y hasta con disparos de bala.