Tegucigalpa.- El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), recibió el miércoles 01 de abril el CIPRODEH denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por parte Agentes del Estado contra miembros del “comité de apoyo de sociedad civil de Santa Bárbara’’, quienes participaban de una manifestación pacífica en la ciudad de Santa Bárbara, a la altura de la comunidad de Gualjoco, exigiendo al gobierno que tome las medidas sanitarias adecuadas para asegurar los derechos de la población en el marco de la pandemia por COVID19.
Según la información recopilada, los agentes encargados de hacer cumplir la ley habrían hecho un uso excesivo incensario e ilegal de la fuerza, allanaron ilegalmente propiedades privadas y detuvieron arbitrariamente al menos a 13 personas incluyendo tres comunicadores sociales que ejercían su labor en el lugar, a quienes les amenazan con someterlos a tratos crueles inhumanos o degradantes.
Al respecto, los comunicadores denunciaron que “a media noche les iban a lanzar gas lacrimógeno y les echaban agua para que respeten a la autoridad”.
En este sentido, el CIPRODEH resalta que comportamiento de los agentes encargados de hacer cumplir la ley al margen de las normas internacionales, ponen en grave riesgo los derechos humanos más fundamentales de las personas con mayor vulnerabilidad en el país, particularmente aquellos que son afectados por la pobreza.
Por otro lado, El CIPRODEH recuerda que la conducta policial al margen de la ley, constituye los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes los funcionarios (art. 349.2 del Código Penal) y eventualmente se puede configurar el delito de tortura (art. 209 del Código Penal); además, está conducta constituye un hecho internacionalmente ilícito, que comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violación a los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales en la materia.
Piden a las autoridades del Estado a actuar de con debida diligencia, para garantizar un nivel de vida adecuado a la población, lo que incluye el derecho a la salud, a la alimentación y a gozar de bienestar.
Además, le exigen a las autoridades que tomen las medidas para registrar y corregir las conductas ilegales de sus agentes para asegurar que los hechos no se repitan.
