Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La pandemia global de COVID-19 encuentra a la población nicaragüense en una situación particularmente crítica, con un sistema de salud desfinanciado, grandes sectores de población vulnerable y medidas gubernamentales que parecen ir en dirección contraria a las impulsadas por las entidades expertas en salud. Esta es la situación que seis organizaciones internacionales y locales de derechos humanos exponen a los jerarcas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una carta enviada la mañana del 31 de marzo.
Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca más”, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, señalan además que esta coyuntura sucede en un clima marcado por la represión política, las restricciones a la libertad de expresión y la crisis generalizada de derechos humanos, persistente desde 2018.
Con respecto al sistema de salud, las organizaciones recuerdan que Nicaragua es el país con menor inversión per cápita en salud en toda la región mesoamericana y que, en este contexto de pandemia, el mismo personal de salud ha denunciado la carencia de insumos como mascarillas y guantes, y que más bien han sido presionados a no usarlos. Preocupa además que, en el marco de la crisis política, hay antecedentes en los que se ha negado la atención de salud a personas calificadas como opositoras al gobierno.
La carta sustenta sus afirmaciones con abundante material publicado en prensa y circulado por medios oficiales. Así, ofrece una serie de ejemplos sobre las medidas contradictorias impulsadas por el Gobierno, entre las cuales figuran simulacros masivos y marchas obligatorias para estudiantes y empleados públicos. “La Vicepresidencia incluso ordenó ampliar y desarrollar actividades vacacionales en abril dentro de una campaña de encuentros presenciales en ferias, certámenes, pasarelas y emprendimientos”, refieren.
Con respecto a la prevención o contención de la pandemia, la carta denuncia que “las autoridades de salud informaron que no habrá cuarentena ni cierre de fronteras en Nicaragua hasta tener 50 casos positivos de COVID19 en el país”. En este panorama, impera la desinformación y el secretismo. Con respecto a las cifras oficiales, señalan que “las estadísticas no son consecuentes con el comportamiento que ha mostrado el virus a nivel mundial”.
Las organizaciones también exponen su preocupación por sectores sobre los cuales la pandemia tendrá un impacto diferenciado. Se menciona a la población privada de libertad (entre la que se encuentran presos y presas políticas) a las mujeres, que ya de por sí enfrentan precariedad laboral y violencia doméstica; y a los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua y la particular vulnerabilidad de esta población frente a una eventual exposición al COVID-19
Para finalizar, las organizaciones solicitan a la OMS y a la OPS que, en el marco de su mandato, se comuniquen con el Gobierno de Nicaragua y le hagan un llamado contundente a:
Actuar con responsabilidad y asumir las orientaciones brindadas por la OMS para enfrentar la pandemia a fin de disminuir su impacto en la población nicaragüense, ya de por sí muy afectada por la represión política y de derechos humanos persistente en 2018.
Adoptar las medidas de prevención y protección de los grupos en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, personas con condiciones médicas prexistentes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y pueblos indígenas.
Brindar diariamente a la población, información científica sobre el avance de la pandemia en Nicaragua respecto de: número de pruebas realizadas, número de personas diagnosticas con COVID 19, cantidad de ventiladores y otros insumos médicos disponibles y medidas adoptadas para prevenir y contener la enfermedad.
