Por: Javier Suazo
Tegucigalpa. –La privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha sido uno de los objetivos/meta de los programas de estabilización económica, reforma del Estado y ajuste estructural promovidos por el FMI y Banco Mundial.
Con el modelo neoliberal ejecutado a partir de los años 90s, pero, sobre todo, profundizado después del golpe de Estado (junio de 2009), la corrupción, falta de transparencia, politización, comisionismo burocrático y sobreendeudamiento, han sido los principales alicientes para acelerar dicho proceso, aun cuando los voceros de estos organismos lo consideren un obstáculo de retardo para eficientar la ENEE y mercado de energía.
Siguiendo con la tradición, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), en Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo PCM-067-2019, nombró una nueva Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), liderada por la abogada, Miriam Guzmán, que a la vez es la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El argumento es que ni los gerentes nombrados, ni la Empresa Energía Honduras (EEH) constituida para recuperar las pérdidas de la ENEE, han tenido los resultados esperados, y más bien, cada año, el Estado tiene que pagar a las empresas generadoras de energía más de 6,000 millones de lempiras por deudas acumuladas.
De acuerdo con funcionarios del Gobierno, la abogada Guzmán se ha venido desempeñando con buen suceso en el SAR, que ha permitido al gobierno aumentar las recaudaciones tributarias y hacer frente a parte de las obligaciones financieras que enfrenta, desoyendo las quejas de los empresarios por los altos impuestos que no permite competir con otros países de la región (Guatemala, por ejemplo). Esta Comisión goza del respaldo de JOH, por lo que aquellas instituciones, empresas y personas particulares que deben y roban energía a la ENEE deberán ponerse al día con sus obligaciones; la fiesta acabó, según Miriam Guzmán.
Se busca combatir el hurto de energía, reducir la mora y eficientar la ENEE al eliminar paracaidistas, duplicidad de funciones y rescindir contratos de trabajo a personal nombrado por decreto (activistas políticos) por pertenecer al partido de gobierno; incluso, tal como se deriva de declaraciones de miembros de la Comisión Interventora, evaluar el contrato con la EEH en cuanto avance en la gestión operativa para cumplimiento de metas financieras (reducción de perdidas).
Una primera tarea realizada, en la ejecución de la “Operación Trueno”, que consiste en sancionar y multar a empresas que hurtan energía o que están en mora con la ENEE, incluyendo las instituciones de gobierno, ya que las deudas de estas últimas sobrepasan los 3,600 millones de lempiras, sumado a los “cortes de luz” a personas que tienen pegues clandestinos para hurtar energía, para lo cual son acompañados por miembros de la fuerza de seguridad pública.
El gobierno, a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), destaca que ya están negociando un plan de pagos de las instituciones con la ENEE y el Ministerio Publico espera darle trámite a los expedientes de empresas que están morosas o hurtan energía. “La coordinadora de la Fuerza Nacional Anti-evasión (FNA) del SAR, Ángela Madrid, “informó que estos casos de hurto, por parte de los seis (6) grandes contribuyentes del sector industrial, se detectaron en varias zonas del país. Específicamente, mencionó que se encontraron irregularidades en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Juticalpa” (Tiempo: hn, 16/01/2020).
Una segunda tarea, exigida por organizaciones de la sociedad civil, es la revisión de los contratos de energía con los privados y el de la EEH. Aunque no hay claridad en el acuerdo de creación de la Comisión Interventora, acerca de la revisión de estos contratos, la abogada Guzmán habla de revisar todos los contratos suscritos, siendo este “Talón de Aquiles” de su creación, en tanto sus acciones encomendadas se “limitan” a lograr ( ¿en realidad a contribuir?) la estabilización financiera de la ENEE, mediante la recuperación de las pérdidas que han mermado el correcto funcionamiento de la Institución y; apoyar el proceso de implementación de la Ley General del Sector Energético de Honduras (Art. 3). De allí que la revisión de contratos, si se hace, le correspondería al propio JOH y gabinete económico/energético.
JOH y su equipo ha tenido el suficiente tiempo para revisar estos contratos y no lo ha hecho, por lo que esta tarea no la realizará la Comisión Interventora. Los argumentos son varios: a) Muchos de estos contratos se amparan en leyes marco, leyes sectoriales y decretos ejecutivos PCM, cuya revisión, ajuste o cancelación, implica necesariamente reformas o derogación de un marasmo de leyes que el gobierno, especialmente JOH, no ha manifestado voluntad de ejecutar; b) Los beneficiarios de los contratos son empresarios, funcionarios públicos y diputados que llevaron al Partido Nacional y a JOH al poder, siendo poco probable que Miriam Guzmán se “dispare” sin la venia del Jefe al que tiene que rendirle cuentas; c) La cancelación de los contratos conlleva fuertes erogaciones de dinero para el Estado ( indemnización) y demandas judiciales por las empresas, por lo que el gobierno no está en capacidad de absorber; d) Hay posiciones encontradas entre los actores involucrados acerca de proceder con la revisión de los contratos ( uno por uno), donde las más visibles son la de empresarios, OFIs y Sindicato de la ENEE.
La posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), es que los contratos de energía suscritos, especialmente energía térmica, no son la causa de la crisis financiera de la ENEE, y más bien es de analizar la inoperancia administrativa y politización de la empresa, sumado a la corrupción y falta de cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas por EEH.
En el caso del FMI, la exigencia es cumplir con la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013, de mayo de 2014), que manda partir la ENEE en tres (3) empresas (generación, trasmisión y distribución), sumado al fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cambio en el régimen tarifario (no trasladar los costos de inoperancia de la ENEE al pueblo cada tres meses), contratación del Organismo Operador del Sistema, la revisión de los fideicomisos y sobrecontratación de energía cara por la ENEE. Para ello, se firmó un nuevo Acuerdo Stand Bay (2019-2021) con el FMI y elaboró un Plan de Rescate de la ENEE, que no goza del apoyo real de los principales actores involucrados, uno de ellos el Congreso de la República.
En el caso del Sindicato, cuya directiva es avalada por las bases, pero no por el Ministerio del Trabajo ya que acuerpa la directiva paralela que lidera Miguel Aguilar, acusado de malversar 6 millones de lempiras y uno de los beneficiados con la entrada en operación de la EEH, la crisis de la ENEE se explica por la vigencia de contratos leoninos para las finanzas de la empresas que erosiona cada año los ingresos tributarios del gobierno, sumado a la inoperancia de la EEH que no cuenta con personal técnico capacitado, disponible en la ENEE y subutilizado. La ENEE traslada los costos de energía cara a la población vía tarifas, ya que la primera energía que ingresa (se compra) es la más cara, o sea la energía térmica, por lo que las tarifas a pagar serán mayores; ello, aun cuando, el precio del bunker observada una tendencia a la baja.
De acuerdo con el Secretario General del STENEE, Alirio Medina (Criterio.hn), la Comisión Interventora lo que hará es facilitar el proceso de privatización de la ENEE acordado con el FMI, dando entrada a empresas de maletín como Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (EMETO) y Empresa de Desarrollo y Comercialización de Electricidad (EDCO). Estas empresas, no se sabe de dónde salieron y quiénes son sus propietarios. Preocupa, en tal sentido, el silencio del FMI que apuesta por un proceso de partición de la ENEE transparente. Igual se desconoce, la posición del Dr. Marlon Tabora, Coordinador del Plan de Rescate de la ENEE, sobre estas denuncias.
La EEH no ha cumplido con los objetivos/metas propuestos, ni demostrada capacidad técnica requerida para hacerlo, ya que parte de las funciones de la Comisión Interventora debería realizarlas aquella. “El contrato de la EEH es de siete años. La compañía fue contratada para que redujera las pérdidas en el sistema de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los números del consorcio colombiano no son los mejores en los últimos dos años. Aunque en el primero cumplieron con una reducción del 4.06%, en 2018 y 2019 no alcanzaron, por mucho, el objetivo que estaba estipulado en el acuerdo.” (Tiempo.hn, 01/09/2020).
En otro país, ejemplo Ecuador o Perú, esta falta de cumplimiento es sinónimo de penalización, revisión y cancelación de contrato para una empresa que no se sabe de donde salió, quienes son los socios reales (externos y nacionales), la experiencia habida y el rol de actores internos como el Sindicato de la ENEE y políticos corruptos que, en la actualidad, celebran el retiro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH-OEA), a cambio del voto a favor de Almagro para la reelección en la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esas condiciones, después que pase la llovizna y vuelva la sequía a Honduras, el informe de la abogada Guzmán a JOH detallará los planes de pago de energía a la ENEE por las instituciones de gobierno, recuperación de la deuda de las embajadas que superan los 116 millones de lempiras, recuperación de parte de la mora de las empresas, bancos y hoteles, aumento de ingresos por pagos de usuarios (enfrentan serios problemas de empleo e ingresos), colocación de contadores inteligentes y focos ahorrativos ( hay que consultarle a Ricci Moncada) , despido de trabajadores paracaidistas ( siempre y cuando no sean activistas políticos) y se demuestren de nuevo las inoperancias de la EEH y CREE, es esperar que el gobierno cumpla, tal como lo ha venido haciendo, con parte de las condiciones establecidas con el FMI.
Derivado del Plan de Rescate de la ENEE, ya existe un avance con el fortalecimiento de la CREE y la participación con las tres (3) empresas de maletín, no así con aquellas que buscan despolitizar a la ENEE y convertirla en una institución independiente de las decisiones del Ejecutivo, particularmente de JOH. El vacío es mayor cuando se trata de concretar una decisión política (preocupación del FMI entre bastidores), para revisar y derogar contratos de energía y el suscrito con EEH. El presidente Hernández y diputados son conscientes que el control de la ENEE es fundamental para ganar las elecciones en 2021, tal como lo fue en 2013 y 2017, por lo que conviene no hacer mucho ruido, pero si tratar de recuperar parte de la mora y pérdidas.
Es de esperar que el problema de la ENEE, pero sobre todo la crisis del subsector eléctrico y del sector energético en general, no sea resuelta por este gobierno, y más bien con las acciones avaladas por el FMI, se agrave y genere un conflicto gremial y político a medida que avanza el proceso electoral. Se necesita una visión más amplia que aquella que mira en la energía una mercancía, igual que una bolsa de confites y/o un paquetillo de cigarros, sin ver que es un bien público necesario para la reproducción de la vida humana. La Oposición Política, debería estar trabajando juntamente con los colegios profesionales, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), asociaciones de microempresarios, cámaras regionales de comercio, Sindicato de la ENEE, Asociaciones de Productores de Energía, las empresas de generación de energía no corruptas (producto de procesos mañosos y violadores de leyes ambientales) y organizaciones de protección al consumidor, una propuesta alternativa e integral.
Para el sector energético, un punto de partida son los estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para los países de la región centroamericana en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), referidos a la evaluación de escenarios sobre planificación energética a 2030 y los informes de actualización de cifras e indicadores del sector por país. Pero, también, urge una caracterización rápida del sector en cuanto a disponibilidad de recursos, institucionalidad y marco jurídico, actores, empresas existentes, políticas, programas y proyectos vigentes, niveles de eficiencia y población afectada por las decisiones gubernamentales.
En el caso del subsector eléctrico y ENEE, un punto de partida debe ser la posición asumida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y otros afines ( CIMEQH), presentada en el Foro de Energía en abril de 2019, y las distintas ponencias de expertos nacionales, con recomendaciones sobre la planificación del subsector, operativización y despolitización de la ENEE, programas y sistemas de reducción de mora y perdidas técnicas y no técnicas, régimen tarifario, funcionamiento de la CREE y los problemas de EEH, sumado a la política de endeudamiento, renegociación de los contratos y medidas efectivas para el ahorro de energía en los hogares y empresas. La gran parte de estas recomendaciones no han sido adoptadas por el gobierno actual; el problema, según criterio de miembros del CIMEQH, es que JOH no cree en los técnicos.
Finalmente, la reforma del sector energético y subsector eléctrico que ejecuta el gobierno con apoyo del FMI ha invisibilizado a los gobiernos locales y organizaciones regionales y departamentales, sean empresariales, gremiales o sociales. La causa, el centralismo político-burocrático y corrupto, que en una propuesta alternativa deber ser eliminado; los territorios, como actores sociales, no solo exigen participar sino también decidir sobre su futuro.
Tegucigalpa, DC, 20 de enero de 2020
Javier Suazo
Economista hondureño con Maestría en Políticas Económicas y estudios doctorales en ciencias económicas, catedrático de la UNAH. Se basa en la exposición del autor a dirigentes gremiales, estudiantiles y microempresarios sobre la Intervención y privatización de la ENEE, San Pedro Sula, jueves, 16 de enero de 2020.
