Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Ante las múltiples muertes violentas de privados de libertad en el interior de los centros penales hondureños, defensores de derechos humanos demandaron este lunes la creación de una comisión de alta credibilidad, integrada por diversos sectores.
La demanda, planteada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares, plantea además que se considere una profunda reforma penitenciaria orientada por el modelo de obligaciones y derechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del enfoque sicosocial y justicia restaurativa.
Según el planteamiento, la comisión deberá hacer recomendaciones de manera urgente sobre la grave situación que enfrenta el sistema penitenciario a raíz de más de 40 muertes violentas de privados de libertad en los últimos días y debido a la falta de credibilidad institucional emanada de la seguridad pública y de los operadores de justicia.
Los demandantes propusieron mediante un comunicado que la comisión de alta credibilidad debe ser integrada por la Mesa de Derechos Humanos, Colegio Médico, Colegio de Abogados, Conferencia Episcopal, Iglesia Luterana, Iglesia Agape, un representante de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones campesinas, indígenas, negras, misquitas, organizaciones de mujeres, feministas, comunidad LGTBI, familiares de personas privadas de libertad, Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conprev) y jueces de ejecución.
La mayoría de las organizaciones propuestas para integrar la comisión de alta credibilidad pertenece a los sectores más progresistas de Honduras, quienes denunciaron a la vez que la comisionada de Conaprev, Glenda Ayala, ratificada en dicho puesto por la sociedad desde el 13 de septiembre, aún no ha sido juramentada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, está siendo objeto de amenazas de muerte por miembros de la Fuerza Antimaras y Pandillas.
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Las muertes
Producto de un acto violento suscitado el domingo en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, 19 privados de libertad perdieron la vida, mientras que el viernes otros 21 fallecieron y 15 resultaron con heridas de gravedad. Mientras el fin de semana anterior cinco miembros de pandillas perecieron en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
El 16 de diciembre el gobierno decreto estado de emergencia en el sistema penitenciario y creó una comisión interventora rectorada por militares quienes tendrán el control absoluto de los centros penales a nivel nacional a través de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina).
La intervención en el sistema penitenciario fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interventora dijo en un comunicado ayer domingo que las acciones violentas «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que FUSINA, a través de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país».
En tanto, diversos sectores advierten que las muertes son parte de una estrategia del régimen de Juan Hernández para privatizar el sistema penitenciario, en el marco de la intervención militar.
Un comentario
También una comisión de alta credibilidad que investigue a JOH y al Congreso por corrupción, como todo lo “arreglan” con comisiones e interventoras.