Por: FOSDEH
Tegucigalpa.- América Latina cerró las primeras dos décadas del nuevo siglo en condiciones de mayor volatilidad económica y vulnerabilidad social y política. Honduras no es la excepción. A este país centroamericano le es común la ingobernabilidad y la incertidumbre democrática. Los estallidos derivados de una crisis crónica son cada vez más frecuentes y los distintos gobiernos se muestran incapaces de enfrentarlos democráticamente. Así, las calles suelen convertirse en escenarios de violentos enfrentamientos. En general se demanda un replanteamiento del modelo de desarrollo gestionado hasta ahora, pero ¿por dónde empezar?
Aunque el perfil político de la crisis es dominante, este análisis sobre el “Agotamiento del Régimen Fiscal en Honduras. Algunos apuntes para Centro América”, preparado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), parte de valorar el impacto diferencial sobre distintos grupos sociales del modelo macroeconómico vigente desde inicios de la década de los 90 del siglo pasado, en particular del efecto sobre la estabilidad política y social de las reformas fiscales que buscan la transferencia de recursos de la sociedad al Estado vía tributos.
Apegados a las exigencias neoliberales de los organismos internacionales, los distintos gobiernos han debilitado al Estado con medidas tales como la privatización de empresas estatales y bienes estratégicos, la desregulación de los mercados, la descentralización de políticas públicas y el retiro de áreas dominadas por el sector público.
Con prácticas extendidas de corrupción e ineficiencia, el Estado ha terminado debilitando sus propias fuentes de financiamiento interno y empresas que antes le aportaban recursos al presupuesto, las que convirtieron en inmensos agujeros negros que demandan más y más endeudamiento, como se ejemplifica con la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA o la Empresa Nacional Portuaria ENP.
El propio Banco Mundial (BM), uno de los más influyentes inductores de las políticas de ajuste estructural en el país, admite que Honduras posee múltiples fortalezas con el potencial de impulsar un crecimiento más rápido y una mayor prosperidad compartida, pero enfrenta, como lastre altos niveles de pobreza y desigualdad. Sus indicadores sitúan al país como el segundo más pobre de América Latina, después de Haití, y uno de los que poseen mayores tasas de desigualdad en el mundo.
Como “daño colateral”, Honduras también tiene una alta tasa de violencia, con más de 42 homicidios por cada 100,000 habitantes (proyecciones a 2019). Además de estar cada vez más expuesta a eventos naturales adversos y al cambio climático, con un péndulo que oscila entre fuertes lluvias y prolongadas sequías.
Para la banca internacional, el crecimiento económico volátil y la alta desigualdad han creado las condiciones para el surgimiento de dos ciclos que se refuerzan mutuamente en el país: i) un ciclo de alta violencia y bajo crecimiento; y ii) un ciclo de alta migración/recepción de remesas y de bajo crecimiento. Estos ciclos continúan afectando el potencial de crecimiento de la economía y las oportunidades para los hondureños, al grado que entre los principales factores desencadenantes de la migración figuran la búsqueda de oportunidades económicas, saldar deudas que agobian, fortalecer la familia con la construcción de viviendas, la apertura de pequeños negocios y las posibilidades de educar a los niños y jóvenes.
Ambos ciclos tienen en común el bajo crecimiento económico y la insolvencia creciente de la administración pública, con lo cual la necesidad de obtener mayores recursos vía política fiscal se vuelve prioritario para los gobiernos. Con ello, como apuntan diferentes análisis, se relegan a un segundo plano los restantes objetivos de las agendas gubernamentales en materia de políticas públicas y se afecta el bienestar de la población y la cohesión social.
Lo que advierte el FOSDEH en la presente publicación es que el país tiene años de prácticas gubernamentales que ahondan las desigualdades en lugar de reducirlas. El punto que resalta es que el modelo extractivista de recursos entró en modo de agotamiento fiscal, que esa tendencia es similar a la vigente, con mayor o menor intensidad, en el resto de Centroamérica y que se advierte en común la posibilidad de estallidos de protesta, ya no estimulados por diferencias políticas sino por penurias económicas. En la región, igual que en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, los pocos pensionados temen, por ejemplo, no llegar a disponer ni siquiera para compra de alimentos y medicamentos cada fin de mes. De hecho, la política macro fiscal en lugar de contribuir a la estabilidad interna promueve la desigualdad y la desesperanza.
No es casual que los gobernantes latinoamericanos asediados por las marchas populares terminen ofertando medidas fiscales de compensación. En Colombia, por ejemplo, el presidente Iván Duque Márquez ofreció a los manifestantes tres días al año libre del pago de impuestos sobre venta y en Chile el presidente Piñera anunció que bajaría la presión fiscal a quienes reciben menos ingresos. Sin embargo, el panorama de desigualdad que predomina en América Latina es tan grave que las medidas parciales de respuesta no son las que la gente demanda, sino que reclaman urgentes reformas en el diseño e implementación de las políticas públicas. La pregunta clave es ¿Se puede difundir y promover el bienestar con las mismas políticas tributarias?
Si el sistema fiscal no es acompañado de las mejoras necesarias en materia de derechos económicos, sociales y culturales, entonces las condiciones para el conflicto permanente están servidas. Esta situación define retos importantes para replantear el papel del Estado en el desarrollo económico y el bienestar general.
Teniendo en cuenta que la preocupación central de este trabajo es la necesaria reforma fiscal del Estado antes que la conflictividad interna llegue a cuotas muy difíciles de cubrir para sostener la democracia, se postula que la estructura del gasto público y de la recaudación fiscal debieran ser el reflejo de nuevas prioridades en materia de protección y justicia social. Sin ellas la gobernabilidad democrática perderá legitimidad.
En general, los sistemas tributarios en Centro América adolecen de debilidades similares, puesto que comparten un modelo productivo referencial basado en aperturismo comercial y en mantener estable o inalterado el viejo modelo extractivista, pero al mismo tiempo, asumen características heterogéneas, influidas por factores tales como el modelo político, el respeto a las leyes, la fortaleza de la institucionalidad o la existencia de un efectivo sistema de pesos y contrapesos políticos. Remontar la cuesta fiscal no es tarea sencilla. En Honduras, como en otros países centroamericanos, los grupos económicos dominantes reclaman de los gobiernos la concesión de volúmenes considerables de exoneraciones fiscales y se oponen a reformas de fondo. Incluso, han exigido un continuum de devaluación monetaria para poder, sostienen, competir con sus pares de la región. Tras ese objetivo no les importa que más y más devaluación implica siempre más y más pobreza y que las consecuencias no se detengan ante cualquier muro que le interpongan.
