Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – Pobladores de varias comunidades aledañas al Parque Nacional La Tigra, fueron reprimidos este viernes por las fuerzas de seguridad del Estado, cuando protagonizaban tomas de vías públicas y plantones, exigiendo la paralización del proyecto habitacional Bosques de Santa María.
Las protestas se reactivaron debido al incumplimiento de un acuerdo asumido por el alcalde capitalino, Nasry Asfura, quien prometió el pasado 17 de septiembre la suspensión del proyecto y la implementación de un cabildo abierto en el término de dos meses para dar solución al problema que afecta directamente a 72 comunidades.
Noticia Relacionada: Tras reunión con alcalde capitalino, policía reprime con bala y bombas lacrimógenas a defensores de La Tigra
El plazo de dos meses ya venció y el edil no ha iniciado el cabildo abierto y tampoco ha proporcionado la información a los pobladores sobre el conflictivo proyecto, pese a que es parte toral del acuerdo.
Hoy durante las protestas, los pobladores manifestaron que han solicitado información sobre una supuesta concesión que la municipalidad del Distrito Central habría otorgado a la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, pero se les ha negado, e incluso, se les ha aseverado que no existe ninguna concesión, pese a que el asunto es de conocimiento público.
En el marco de las protestas varios líderes comunitarios, que se oponen al proyecto, han sido acusados en la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público por el supuesto delito de tala ilegal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
Hace tres semanas el dirigente comunitario, Bryan Acosta—sin ser propietario de tierras—fue acusado de tala ilegal. Acosta contó que la acusación obedece a un «chivo expiatorio» para justificar la ejecución del proyecto habitacional Bosques de Santa María; precisó que su padre alquila, desde hace varios años, predios a pequeños labriegos que se dedican al cultivo de flores y fresas para el comercio. Sin embargo, alegó ante el Ministerio Público que su familia tiene documentos que certifican la propiedad.
Represión
Durante las protestas, los pobladores advirtieron que continuarán ejerciendo medidas de presión hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto habitacional.
Las manifestaciones se desarrollaron en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, a la altura de la aldea Río Abajo; en la comunidad de El Hatillo y en El Chimbo, Santa Lucía. Todos estos sectores poblaciones se ubican en las cercanías del Parque Nacional La Tigra, localizado en el municipio del Distrito Central.
Inicialmente las protestas iniciaron con plantones, pero con el paso de las horas se registró la toma de carreteras, por lo que la policía comenzó a utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
El controversial proyecto inmobiliario es propiedad del Grupo Midence Soto Pierrefeu (Grupo MSP) y Condado Santa María, cuyo principal accionista es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu. En el grupo desarrollador figura además el empresario de la construcción y actual diputado por el Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos.
El gigantesco proyecto, denominado “Condado Santa María”, se construye en un área de 499.72 hectáreas de las cuales, 96.21 están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, área protegida, según decreto legislativo No 976-80. La construcción consta de 2.500 casas entre construcciones modestas para clase media y de lujo para clase media-alta y 29 centros comerciales (áreas de recreación, hotel, escuela y club ecuestre) cuyo valor es de mil millones 321 mil 370 lempiras, estimada a concluir en unos 20 años en tres etapas. La primera, bautizada como Portal Los Tarragones y Jilgueros ya comenzó con apertura de carretera en la zona El Chimbo, a unos cuatro kilómetros al oriente de la capital hondureña. Para esta fase se comenzó a descombrar la zona.
Foto destacada: Archivo
