Senador Patrick Leahy pide a Trump ver el caos que vive Honduras

El senador Patrick Leahy ha hecho una declaración sobre la situación en Honduras y a continuación reproducimos en Criterio.hn 

Cualquiera que siga la situación en Honduras, como yo y muchos Vermonters, no podemos evitar sentirnos decepcionados y preocupados por lo que está sucediendo allí. No me tomaré el tiempo para discutir en detalle la larga letanía de circunstancias que han resultado en profundas divisiones sociales y políticas, la corrupción rampante, la violencia y la inseguridad, la prevalencia de amenazas y asesinatos por parte de pandillas, el sistema de justicia disfuncional y la sensación de desesperación y desesperanza que sienten muchos hondureños. Pero sí quiero mencionar varios detalles que deberían preocupar a todos los senadores.

Para poner la situación en perspectiva, es importante tener en cuenta lo que está sucediendo en nuestro propio país.

Por razones puramente políticos, el presidente Trump ha dirigido su ira y desprecio hacia los miles de migrantes centroamericanos que buscan ingresar a los Estados Unidos, muchos de los cuales son mujeres y niños, y muchos de los cuales son de Honduras. Lamentablemente, sus ataques xenófobos han alentado a otras voces extremas que demonizan a los migrantes y solicitantes de asilo. Aparentemente han olvidado que Estados Unidos es fundamentalmente una nación de inmigrantes.

No hay duda de que nuestro gobierno lamentablemente no está preparado para manejar esta afluencia de manera humana y expedita, y que hay una crisis humanitaria en nuestra frontera sur. Todos somos conscientes del trato atroz al que han sido sometidos muchos de estos migrantes desesperados, tanto durante el desgarrador viaje desde sus países de origen hasta la frontera de los Estados Unidos como bajo la custodia de nuestro gobierno. Seres humanos traficados, robados y abusados ​​sexualmente por contrabandistas sin escrúpulos. Personas indefensas y empobrecidas hacinadas en centros de detención extremadamente hacinados. Los niños asustados se separaron por la fuerza de sus familias y dormían en pisos de cemento en jaulas de alambre. Una acumulación de cientos de miles de solicitudes de asilo. Y si eso no fuera suficiente, las publicaciones de Facebook de la Patrulla Fronteriza racistas y despectivas sobre las personas bajo su custodia.

Esto, no la Estatua de la Libertad, es lo que les espera a los hondureños que han abandonado sus comunidades empobrecidas y violentas en busca de seguridad y una vida mejor para ellos y sus hijos. Sin embargo, continúan llegando, porque permanecer en América Central es una peor opción.

Si bien la Casa Blanca justifica su maltrato a los migrantes centroamericanos al etiquetarlos a todos como delincuentes que han cometido fraude de asilo, con razón le ha pedido al Congreso millones de dólares para ayudar a cuidar a los refugiados de Venezuela que huyen del colapso económico, la violencia y caos político en ese país.

Las similitudes de los factores que motivan el éxodo de hondureños y venezolanos son mucho mayores que sus diferencias, lo que ilustra la flagrante hipocresía y la injusticia de las políticas incoherentes de la Administración. Honduras ha estado en estado de convulsión desde el golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009, y las elecciones de 2013 que estuvieron plagadas de compra de votos, violencia y fraude y que terminaron con la declaración del presidente Hernández.

La situación se vio exacerbada por las elecciones de 2017, que se consideraron ampliamente defectuosas incluso antes de que tuvieran lugar. Después de que el presidente Hernández se aseguró el apoyo de la Asamblea Nacional, la comisión electoral y la Corte Suprema, cada una de las cuales estaba en deuda con él, para cambiar la Constitución para poder postularse para un segundo mandato, la elección se vio empañada por informes de voto atroz.

Contando irregularidades. Dadas estas circunstancias, después de asumir el cargo por segunda vez, el presidente Hernández habría sido sabio al nombrar un gabinete político, étnico y geográficamente diverso y para promover políticas diseñadas para reconstruir la confianza y la confianza con la oposición y la sociedad civil. En cambio, él y su gobierno a menudo han adoptado políticas y prácticas que han profundizado aún más las divisiones en una sociedad ya polarizada.

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Las protestas populares por fraude electoral, corrupción, disputas territoriales y pobreza aparentemente insoluble se han encontrado con el uso indiscriminado de munición real por parte de la policía y las fuerzas armadas, lo que ha resultado en múltiples muertes, arrestos arbitrarios, palizas y detenciones prolongadas sin juicio. A pesar de los repetidos llamamientos de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y la Embajada de los EE. UU., Al gobierno hondureño para que respete el Estado de derecho y utilice la moderación contra los manifestantes, la situación no ha mejorado y los responsables no han sido responsables. El país se ve afectado por enfrentamientos casi diarios, y el número de personas que buscan refugio fuera del país continúa sin disminuir.

Muchos de nosotros también recordamos el caso emblemático de Berta Cáceres, una valiente activista ambiental indígena que fue hostigada y amenazada repetidamente y finalmente asesinada por oponerse a la construcción ilegal de una planta hidroeléctrica. Después de que la policía intentó encubrir el crimen, fue sólo gracias a la indignación internacional que siete personas, incluido un empleado de la compañía hidroeléctrica DESA, un ex jefe de seguridad de la compañía que era un teniente del ejército entrenado por los EE. UU. Las fuerzas especiales entrenadas, y un ex sargento de las fuerzas especiales, fueron arrestadas y condenadas. Sin embargo, más de tres años después de ese horrible crimen, ninguno de ellos ha sido sentenciado. El enjuiciamiento de un octavo individuo, David Castillo, el ex presidente de la DESA que también era un ex oficial de inteligencia militar entrenado en los Estados Unidos, se ha estancado durante meses. También se cree ampliamente que hay otros conspiradores que no han sido acusados. Decenas de asesinatos similares de activistas sociales y periodistas independientes en los últimos diez años ni siquiera han sido investigados, y mucho menos resultaron en enjuiciamiento o castigo. Por su inacción, el gobierno hondureño está enviando el mensaje inequívoco de que la impunidad por estos crímenes es aceptable. Señor Presidente, durante muchos años, Vermont y Honduras fueron “estados hermanos”. He viajado allí, al igual que muchos Vermonters, incluidos algunos que han servido como voluntarios que brindan atención primaria de salud, educación y otros servicios humanitarios a comunidades rurales aisladas. Por lo tanto, tengo un interés de larga data en Honduras y su gente, y a lo largo de los años he apoyado cientos de millones de dólares en asistencia de los Estados Unidos para Honduras.

Sin embargo, hoy Honduras enfrenta todos los problemas imaginables. Es un punto de transbordo para la cocaína colombiana y un paraíso para las despiadadas bandas de narcotraficantes. Millones de hondureños viven en condiciones peligrosas y miserables sin esperanza para el futuro. La policía tiene antecedentes de corrupción y desconfía. Los delitos violentos son comunes y casi nunca resultan en condena. Y el gobierno está plagado de corrupción, sus funcionarios a menudo parecen estar más preocupados por mantenerse en el poder y enriquecerse a sí mismos que por atender las necesidades de su gente.

Para leer la declaración en inglés: 

https://www.leahy.senate.gov/press/statement-of-senator-patrick-leahy-on-the-situation-in-honduras