Recordatorio para la oposición sobre la Elección/reelección del fiscal general

Tegucigalpa.- Joquín Mejía Rivera, especialista en derechos Humanos, coordinador del equipo de investigación del  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ, escribió este día en su muro de facebook un recordatorio sobre el proceso de elección y reelección ilegal del actual titular del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla.

Mejía Rivera hace un llamado a los partidos de oposición a tomar una postura de corrección y en juzgamiento a estos actos reñidos con la ley  que son inconstitucionales.

Joaquín Mejía Rivera

Aquí lo escrito por Mejía Rivera

1. El 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho renunciaron a sus puestos de Fiscal General y Fiscal Adjunto, y de forma inesperada el Congreso Nacional tomó la decisión de elegir a un nuevo Fiscal General y su adjunto, no para terminar el mandato de estos que finalizaba en marzo de 2014, sino para un mandato de 5 años, lo cual fue a todas luces inconstitucional. Se conformó una Junta Proponente integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un magistrado de la CSJ, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y un representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

2. La Junta Proponente dividió el proceso de selección en tres grandes momentos. La preselección, la selección y la nominación. En la PRESELECCIÓN se verificó si las 52 candidaturas propuestas cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 233 de la Constitución de la República. En esta etapa se inhabilitaron 3 candidaturas por no cumplir el requisito de edad (Roberto Ramírez), por ser diputado (Olman Maldonado) y por no acreditar la condición de abogada (Sandra Ponce).

3. En la SELECCIÓN, se realizaron entrevistas a los precalificados, es decir, a los 48 candidatos restantes, 10 de los cuales no acudieron a la entrevista y fueron descartados. A 37 de los candidatos se les realizaron las respectivas pruebas psicométricas para evaluar su capacidad intelectual, inteligencia emocional y capacidad de reacción. Tomando en cuenta los resultados de esta prueba en relación con el desempeño en las entrevistas, la Junta Proponente identificó a 13 candidatos como los más calificados y de forma unánime se decidió que sólo a ellos se les sometería a la prueba del polígrafo. ÓSCAR CHINCHILLA QUEDÓ FUERA DE ESTA LISTA.

4. A los 13 candidatos se les convocó para realizarles la prueba del polígrafo el día 27 de agosto. Ese mismo día por la noche, Luis Eveline, representante de las universidades privadas, violentando el procedimiento establecido, exigió que esta prueba se aplicara también a los restantes 24 candidatos, sumándose a ello otros 3 miembros de la Junta Proponente (CSJ, magistrada, CAH) y oponiéndose la rectora de la UNAH, el CONADEH y la APJ, quienes finalmente renunciaron a dicha junta debido a las irregularidades y a la injerencia política que se dieron en esta etapa.

5. En la etapa de NOMINACIÓN, la Junta Proponente siguió funcionando de manera irregular y poco transparente sólo con 4 de sus miembros y el 30 de agosto presentó una nómina de 5 candidatos finalistas al Congreso, entre los que se encontraba, el magistrado de la CSJ, ÓSCAR FERNANDO CHINCHILLA, QUIEN NI SIQUIERA HABÍA QUEDADO ENTRE LOS 13 FINALISTAS; el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar Cruz; el ex magistrado Ivis Discua Barillas; el abogado Rolando Argueta y el abogado Eduardo Jair López, quien no aceptó la nominación por las irregularidades en el proceso y cuyo lugar fue llenado por María Antonia Navarro.

6. Para evidenciar aún más lo viciado del proceso, los diputados German Leitzelar, Yuri Sabas y Osman Aguilar se retiraron de la comisión especial que evaluaría a los aspirantes a Fiscal General, argumentando que la selección de los candidatos se hizo en un proceso plagado de irregularidades. A su vez, el abogado Ivis Discua Barillas se retiró del proceso denunciando que la elección del Fiscal General buscaba poner en el Ministerio Público a una persona obediente a la clase política nacionalista. En un acto de cinismo y falta de vergüenza, el partido Nacional logró los votos requeridos (90 a favor gracias al apoyo de Unificación Democrática y el Partido Liberal) para elegir a ÓSCAR CHINCHILLA (NACIONALISTA) como Fiscal General y a RIGOBERTO CUÉLLAR (LIBERAL) como Fiscal Adjunto para el período 2013-2018, evidenciándose una vez más las negociaciones y el reparto político.

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7. Como lo señaló en octubre de 2013 la Comisión Multinacional de la APJ, de la que fui parte, “Todas estas irregularidades en el proceso de selección de las altas autoridades del Ministerio Público evidencian la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, único fundamento que asegura la existencia de una Fiscalía independiente y profesional. Ello además, genera suspicacias sobre los verdaderos intereses que estarían detrás de la designación del Fiscal General. Siendo el Ministerio Público la institución llamada a luchar contra el delito, podría ser el anuncio de una intención de garantizar impunidad a ciertos sectores cercanos al poder instituido”.

8. Los estándares internacionales de derechos humanos plantean que un factor de fragilidad en la independencia de un Fiscal General, es la posibilidad jurídica de la reelección. Por tanto, es preferible que este cargo no esté sujeto a procedimientos de reelección porque un fiscal que pretenda ser reelegido corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables. Quizá esto muestra por qué ÓSCAR CHINCHILLA no ha hecho absolutamente nada para terminar con la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado y la crisis post-electoral.

Veremos qué posición asumirán los partidos supuestamente de oposición. ¡Hechos y no palabras!