Por: Redacción CRITERIO
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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó este miércoles denuncia en contra del presidente hondureño, Juan Hernández, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Defensa a la Constitución del Ministerio Público, donde también se presentó otra acusación en contra de la hermana del mandatario, Hilda Hernández, por el delito de usurpación de funciones.
Ambas denuncias se sustentan en la ilegalidad que habría en el nombramiento de Hilda Hernández, como ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, por su nexo consanguíneo en segundo grado con el presidente de la República, prohibición que está sustentada en el artículo 250 de la Constitución de la República.
El MADJ recusó al fiscal general, Oscar Chinchillaa; al fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y al director de fiscales, Rolando Argueta, por sus vínculos notorios con las personas a investigar.
La denuncia fue sustentada con documentación que conllevaría a varias responsabilidades legales, por lo que además se pide se abra una investigación y que se permita al MADJ su intervención en el procedimiento investigativo y judicial.
En su relación de hechos, la MADJ señala que Hernández en su condición de presidente de la República, procedió a nombrar y a juramentar a su hermana Hilda Hernández como ministra asesora de Estrategia y Comunicación, mediante el decreto ejecutivo número PCM -001-2014, publicado el 22 de febrero de 2014, en el diario oficial La Gaceta.
Asimismo, establece que hay publicaciones en los medios de comunicación, viajes oficiales y documentos públicos, que sustentan que la funcionaria figura y se identifica como secretaria de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicación.
A manera de ejemplo, se acompaña el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Estrategia y Comunicaciones y el Registro Nacional de las Personas, suscrito en fecha 16 de febrero del año 2015.
La denuncia que estipula la comisión de los delitos, se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución de la República, que reza que no pueden ser secretarios y subsecretarios de Estado, los parientes del presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La acción del MADJ, también invoca el artículo 321 de la carta magna, que establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
Además de la violación a la Constitución de la República, se hace hincapié en otras leyes como al Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos, que en el artículo 13, refiere que el servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de manera remunerada o adhonorem.
MADJ, es una instancia del movimiento social, dedicada a la lucha contra la corrupción pública, la defensa de los derechos humanos y los bienes públicos y naturales, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Actualmente su presidente es el abogado y exfiscal, Víctor Fernández.
