Honduras debe garantizar justicia por caso Carlos Luna y Pacheco Teruel

A inicios de 1998, el defensor del ambiente Carlos Luna fue amenazado de muerte tras haber denunciado públicamente la comisión de delitos ambientales relacionados con la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos. Pese a que las autoridades hondureñas conocían de estas amenazas, no tomaron las medidas para protegerlo y, en mayo de ese mismo año, fue asesinado.

Por su parte, en 2004, Rafael Arturo Pacheco Teruel y otras 106 personas privadas de libertad murieron a causa de un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Este incendio fue resultado directo de una serie de deficiencias estructurales que no fueron atendidas oportunamente, aunque las autoridades competentes conocían los riesgos que implicaban. 

En 2012 y 2013, estos casos fueron juzgados por la Corte IDH, la cual sentenció al Estado de Honduras como responsable por ambos hechos y ordenó una serie de medidas de cumplimiento obligatorio para el Estado. Pese a ello, años después, el Estado se mantiene en deuda con estas víctimas, sus familias y la sociedad hondureña. 

Por esta razón, desde la Mesa de Seguimiento exigimos que el Estado cumpla con lo ordenado por el Tribunal Interamericano, particularmente con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Carlos Luna y la muerte de 107 personas privadas de libertad. 

Asimismo, recordamos a Honduras su obligación de avanzar con el diseño y la implementación de una política integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos, tal como ordenó la Corte IDH, por el caso del defensor Luna. Entre otras cosas, la sentencia establece que dicha política debe contemplar suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente; reconocer y legitimar públicamente el rol que los y las defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia; e incluir a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y personas expertas en su formulación. 

El cumplimiento de esta política de protección resulta particularmente urgente ante la grave situación de riesgo, criminalización y violencia que todavía enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y que puede evidenciarse en el reciente asesinato de dos indígenas tolupanes en San Francisco de Locomapa; en la criminalización de 12 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol; y en las amenazas y acciones violentas que ha enfrentado Rosalina Domínguez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Finalmente, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento enviamos nuestra solidaridad a las familias de Carlos Luna y de las 107 personas que perdieron su vida en el incendio de San Pedro Sula. Una vez más, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando hasta que se cumpla con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Honduras garantice justicia.