Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), desviaron los recursos del Sistema Solidario de Pensiones a una administradora privada de fondos de pensiones, recurriendo a dos tipos diferentes de contratos con los afiliados, afectándolos en su derecho a una compensación digna en su retiro profesional.
En uno de los contratos, que conoció y divulgó previamente Criterio.hn firmados a partir de 2015, la pensión de los periodistas se financiaría únicamente con las cotizaciones personales del afiliado, obviando la existencia de las aportaciones patronales y las utilidades generadas por las inversiones del sistema, según consta en el documento.
Contrato Privado AFP by on Scribd
Pero Criterio.hn, conoció otro contrato firmado entre periodistas afiliados y el Instituto de Previsión Social del Periodista en el que se establece que el ente trasladará al “Fondo” las aportaciones personales y patronales, más los rendimientos o utilidades.
Este último, llamado “Contrato Individual de Administración de un Fondo de Pensiones”, fue promocionado privadamente o en pequeños grupos por los directivos del IPP y su gerente, Omar Calderón, previo al propuesto a los afiliados antes del año 2015, y al que tuvo acceso Criterio.hn y fue firmado a principios del año 2013.
Contrato Individual AFP by on Scribd
La diferencia es notoria, pues en la versión de contrato que los directivos del IPP lograron que varios de los afiliados firmaran, a partir del año 2015, únicamente se trasladaba las cotizaciones personales, mientras que en la segunda versión sí se transferiría, presuntamente, las contribuciones personales y patronales, más las utilidades generadas por las inversiones.
En la versión del contrato, descubierto por Criterio.hn y en el que el IPP se autodenomina como “la administradora”, los directivos se arrogan el cobro de una comisión del 25 por ciento anual sobre los ingresos brutos que capta el “Fondo”, aunque no hacen más que trasladar las aportaciones a un ente financiero privado.
Los afiliados son doblemente perjudicados, pues además del 25 por ciento que se arrogan los directivos sobre los ingresos brutos, se suma el cobro de un 10 por cierto que impone la AFP Banco Atlántida por cada aportación de los periodistas.
El mismo 10 por ciento de cargo por aportación, se aplica también a los afiliados que firmaron el contrato de adhesión, a partir del 2015.
Pero además en el leonino contrato “la administradora”, que son los directivos y el eterno gerente del IPP, Omar Calderón, “se reservan el derecho de modificar” el porcentaje de la comisión “de acuerdo a las condiciones financieras del fondo”, de manera que se declaran libres para cobrar el porcentaje o monto que les plazca.
Los directivos y el gerente del IPP, que mantenían en secreto esta versión del contrato, en poder de criterio.hn, impulsaron la suscripción de ambos documentos incorporándolos a la Administradora de Fondo de Pensiones Atlántida S.A.
Los miembros de la junta directiva que impulsan el fraccionamiento de los fondos del sistema y otorgan arbitrariamente míseras pensiones, se escudan para no rendir cuentas en una inconstitucional interpretación de la ley de creación del ente aprobada en el Congreso Nacional, que exime al IPP del control y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas de los organismos contralores y financieros especializados.
Las operaciones financieras y administrativas del IPP, nunca han sido auditadas por lo que fue en su momento, la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras (BCH), y desde 1995 tampoco han sido fiscalizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
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En este ente, donde los directivos actúan con las manos libres, los afiliados han sido víctimas del despilfarro de los fondos del sistema, destinando, desde que empezó a operar, en promedio a gastos administrativos un 25 por ciento de sus ingresos, casi en su totalidad dirigidos a salarios, beneficios y privilegios de ejecutivos y empleados, que en un gran porcentaje han favorecido a Omar Calderón, un gerente de lujo de los directivos periodistas
La institucionalidad pública, en este caso la CNBS, al igual que en el caso del desfalco en el millonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el IPP no ha funcionado, pese a disponer de la información sobre graves irregularidades en el ente, mandárselo su ley de creación, y la publicación de más de 30 artículos desde el año 2015 en Criterio.hn, retratando los manejos en administrativos y financieros en el Instituto de Pensiones de los comunicadores.
NO SE DEJA EMBAUCAR
En ambos contratos, al ser fraccionados los recursos, el monto de la pensión de los periodistas afiliados, es mermado sustancialmente, al incumplirse el decreto 190-85 de creación del IPP, que establece que los beneficios y servicios se financiarán con la suma de las cotizaciones de los afiliados, las aportaciones de los patronos, una transferencia estatal y las utilidades de las inversiones.
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Estas acciones, que en ambos casos fraccionan el esquema de financiamiento del IPP, se suman a la aplicación de arbitrarias resoluciones adoptadas por los directivos del ente en el cálculo del monto de las pensiones, dando míseras jubilaciones, lo que contraría las normas de estimación del beneficio, establecidas en la ley de la institución.
Los directivos, han persuadido, al parecer, a un buen número de afiliados a que firmen el contrato de adhesión a la AFP, y en su mayoría han suscrito el documento que establece que se jubilarían apenas con el producto de sus cotizaciones personales, según lo dicho por varios afiliados consultados.
Pero los directivos y el gerente también se han encontrado con el rechazo de varios afiliados, que se han negado a firmar el contrato de adhesión a la AFP, porque implica la pérdida de una pensión de por vida, que debe otorgarse conforme a la ley que aprobó el Congreso Nacional, y no en base a resoluciones de directivos que pretenden colocarse por encima del Poder Legislativo.
La periodista Maritza Gallardo, en una visita al edificio del IPP en Tegucigalpa a finales de 2018, fue abordada por Calderón, quien la invitó a pasar a su despacho y le propuso firmar su adhesión al contrato suscrito con la AFP del Banco Atlántida, con el que solo se jubilaría recibiendo el producto de sus cotizaciones personales.
“El me propuso la firma del contrato y yo le dije que necesitaba tiempo para conocerlo. Cuando lo leo, me doy cuenta que hay un planteamiento ahí en donde somos obligados a renunciar al derecho que tenemos de beneficiarnos de las aportaciones patronales”, dijo Gallardo a Criterio.hn.
“Por otro lado, las utilidades no aparecen por ningún lado en el documento. Entonces yo decidí que yo no voy a firmar eso, porque contraviene todos los derechos de quienes hemos estado cotizando y manteniendo el Instituto de Pensiones de los Periodistas”, agregó la comunicadora.
El ente, que es considerado pequeño debido a que su membresía llegó a poco más de 300 afiliados, según informes del mismo IPP, pero actualmente es de poco más de 180, unos 30 de ellos jubilados, ha operado hasta 2019 unos 400 millones de lempiras, sin auditoria estatal especializada.
Pero el IPP hasta el año 2013, había captado 26.8 millones de lempiras en cotizaciones de los afiliados, 56.6 millones de aportaciones patronales, 53.2 millones de transferencias estatales y 124.3 millones de lempiras en utilidades.
Los directivos y el gerente no explican a donde irán a parar las utilidades, ni las aportaciones patronales del ente, al financiarse el retiro de los afiliados únicamente con la devolución de sus cotizaciones personales, y en otros casos ( la segunda versión de contrato) sumando una parte de las aportaciones patronales.
¿A QUIÉN LE QUEDAN FONDOS?
“Si los poco más de 30 periodistas jubilados, con edades entre 65 y los 85 años, que reciben míseras pensiones, desgraciadamente mueren en los próximos 5 o 10 años, y los directivos han logrado que los afiliados activos les firmen los contratos de AFP, a quién le van a quedar las utilidades de las inversiones y las aportaciones de los empleadores”, preguntó el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015, solicita al ente información con poco éxito sobre las operaciones administrativas y financieras del IPP.
Palencia, rechazó también la firma del contrato de adhesión a la AFP, propuesta por Calderón en el año 2015. “Yo igual que Maritza no me dejé embaucar con la firma de ese contrato, que solo beneficiaría a los que promueven su suscripción, pues a los afiliados nos perjudica”, comentó.
Los directivos del IPP, dicen que este ente es privado y no puede ser auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aunque los mismos sistemas de pensiones de bancos y los otros institutos de previsión, se someten al control del organismo estatal especializado.
“La pregunta sobre cuál sería el destino de los fondos del IPP, cobra más fuerza cuando los directivos rechazan tenazmente someter las operaciones financieras y administrativas a la auditoría de la CNBS”, dijo Palencia a Criterio.hn.
El veterano periodista, afiliado al IPP desde 1989, dijo que “si los directivos del IPP descubrieron que el gran negocio para los afiliados, es colocar en una AFP los fondos, por qué no trasladan en su totalidad las aportaciones personales, las patronales y las utilidades para que nos beneficiemos con todos los recursos del sistema”.
Otra periodista afiliada, que firmó el contrato de adhesión a la AFP hace unos tres años, dijo a Criterio.hn a condición de mantener su anonimato, que “a mi me dijeron que el dinero — de las aportaciones — está más seguro porque no le entra al Instituto de Previsión – IPP- , si no que va a banca privada, y que se generan más intereses que en el Instituto de Previsión”.
“Yo se que la mayoría — de periodistas afiliados — lo han firmado, y a mi me dijeron que cuando me retire me darán además de mi aportación, la del patrono y los intereses”, aseguró, pero en el contrato de adhesión, en el artículo 4, establece que en caso de acogerse a la pensión: “El afiliado podrá retirar — solamente – el producto de sus aportes por Contribuciones Personales”.
Estos esquemas de adhesión a sistemas de AFP, fraccionando el destino de las fuentes de recursos del ente, son impulsados por los periodistas directivos del IPP, mientras mantienen un tenaz rechazo a entregar información de las operaciones financieras y a publicarla en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, violando la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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La junta directiva, actualmente presidida por el periodista de Diario La Prensa, Dagoberto Rodríguez, se refugia en un inconstitucional decreto aprobado en el Congreso Nacional, en el año 2000, similar al que se aprobaron recientemente los legisladores, para evitar ser investigados y encausados por el Ministerio Público por el desvío de fondos públicos a campañas políticas y cuentas particulares.
El decreto 59-2000, establece que al IPP “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, otorgándole un escudo de impunidad a los directos del ente, en abierta violación al artículo 60 de la constitución, que literalmente dice: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”. Esta situación de excepción, otorgó manos libres a los directivos para administrar el ente de pensiones, al no ser vigilados ni auditados por ningún ente fiscalizador del Estado y dejó en estado de indefensión a los periodistas afiliados, por lo que el Estado de Honduras incumple su deber de garantizar el derecho a la seguridad social de las personas.
