Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en estado de alerta ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
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La concesión para la extracción de óxido de hierro en Tocoa, fue otorgada en principio por el gobierno de Porfirio Lobo en 2013 y cuando el presidente del Congreso Nacional era el actual gobernante, a una empresa de Javier Maradiaga, uno de los cabecillas del cartel de “Los Cahiros”, y la explota actualmente la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario, Miguel Facussé, según informes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
Unos 31 pobladores, que han participado en las protestas contra la explotación minera, enfrentan cargos y el jueves un juez de jurisdicción nacional decidirá si continúan o no en la cárcel 12 defensores de la tierra arrestados y enjuiciados.
El gobierno de Hernández impulsa un modelo que alienta concesiones para el establecimiento de explotaciones mineras, la construcción de proyectos hidroeléctricos, explotación petrolera, de energía solar y de turismo que desplazan de sus tierras ancestrales a etnias y poblados amenazando su hábitat y su capacidad para cultivar sus alimentos y acceder a agua para consumo humano.
“Hemos decidido juntarnos para detener colectivamente ese concesionamiento y defender a nuestros compañeras y compañeros perseguidos y criminalizados”, advirtieron en un comunicado los delegados de las comunidades reunidos en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS).
En este escenario, Honduras registra una creciente conflictividad por la tierra y sus recursos entre pobladores y empresas locales e internacionales a las que se les ha otorgado concesiones sin cumplir con la consulta previa de las comunidades, dicen activistas.
“Ese modelo de desarrollo extractivista y de muerte impuesto a sangre y fuego, ha significado para nosotros la militarización de nuestros territorios, la destrucción de los bienes comunes, la ruptura del tejido social y la criminalización de la protesta social”, agregaron los representantes de las comunidades de 12 departamentos.
Esta conflictividad provocó el asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, que luchaba contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en tierras de la etnia Lenca, el 3 de marzo de 2016 a manos de sicarios, en un episodio en el que se involucraron un militar activo y otro retirado y un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Siete de los participantes fueron condenados por el crimen pero los responsables intelectuales aún se encuentran impunes, según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares a Indígenas de Honduras (Copinh).
El gobierno ha enviado en reiteradas ocasiones tropas del ejército, policías militares y agentes de la policía nacional para sofocar protestas de pobladores organizados, que rechazan las explotaciones mineras, construcción de hidroeléctricos, parques de energía solar y proyectos de inversión en el rubro de turismo.
El 21 de febrero, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos alrededor del proyecto minero de Guapinol y que involucra a funcionarios que participaron en el proceso de la entrega de la concesión.
De acuerdo a un análisis legal de la CCI, la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.
“La política extractivista y entreguista del régimen de Juan Orlando Hernández multiplica los conflictos por todo el país, en consecuencia responsabilizamos directamente a este régimen por los asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y nuevos conflictos que no dudamos se generarán, si no hay cambios radicales en la administración del Estado”, dijeron los delegados de las comunidades reunidos en Tegucigalpa.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”
