A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol

Coalición Contra la Impunidad documenta caso e interpone denuncia ante el Ministerio Público

Alcalde de Tocoa revela en vídeo que el proyecto minero fue concesionado inicialmente a Los Cachiros 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-“Hemos andado siempre en apoyo. Porque cuando nosotros mirábamos a la comunidad de El Guapinol, cuando el agua empezó a ensuciarse, no se podía hacer nada con esa agua, teníamos que comprar el botellón y el botellón cuesta 20 lempiras. Entonces no hallamos qué hacer. Parecía que habíamos batido un poco de lodo, de ese colorado…espeso. Y el agua en la pila ya empezaba a echar mal olor”.

Sus palabras calaron en medio de las tibias paredes de un hotel capitalino a defensores del medio ambiente y de derechos humanos, pobladores de comunidades en conflicto por la explotación de los recursos naturales y a la poca prensa que asistió. Era la introducción vehemente de doña María Victoria Del Cid, una mujer de más de 70 años, que pese a su avanzada edad sigue luchando por la defensa del Río Guapinol, ubicado en la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón.

Con su cuerpo arqueado por el paso de los años, pero con su memoria lúcida, doña María contó cómo fue que en Tocoa se conformó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Desde esta estructura comenzó—junto a varias mujeres y a unos “cuatro varones”, según sus propias palabras—a luchar por la defensa del rio Guapinol concesionado desde el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Doña María contó que estaba consiente que se reirían de ella y que esperaba que lo primero que dijeran, era: ¿esa viejita qué va a hacer?…Bueno, aunque sea andar haciendo bulla y animando, se respondió.

A los pocos días de haberse conformado el Comité, dijo que conoció al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien le dejó claro que no necesitaba de su dinero para vivir y le expresó su incomodidad por sus posturas a favor de los proyectos mineros. Relató también, que ese mismo día, luego de concluir un evento público, persuadió a sus compañeros de lucha que el edil no haría nada por ellos, porque los políticos cuando ya tienen el dinero en la mano no se preocupan por el pueblo.

Doña María es firme en su mensaje y posturas, las que dice haber logrado por ayuda divina, porque apenas cursó el segundo grado. La longeva mujer habló en público durante un evento informativo donde se discutió sobre el conflictivo proyecto minero ASP y ASP1, instalado en la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos

La septuagenaria es testigo fiel del conflicto generado por la concesión del proyecto minero, que en los últimos años ha dejado al menos seis muertes  de dirigentes comunales, contaminación del rio Guapinol, que suple de agua potable a los hogares de la comunidad, daños al ambiente en general en la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del parque para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

Área protegida

El Parque Nacional Montaña Botaderos fue creado en el año 2012, como área protegida con el fin de conservar y proteger los recursos naturales y culturales. El parque cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo y 72,531.7 la zona de amortiguamiento.

En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.

De manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso. La Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo, siendo esta la verdadera razón para no hacer la inscripción.

Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros como: Procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto.

También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos u zonas de riegos.

Criminalización

El conflicto también ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como nuestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, están siendo judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los pobladores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

A raíz de las denuncias de los pobladores de El Guapinol, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), integrada por 19 organizaciones de sociedad civil, se trasladó a la zona a realizar una visita in loco y constató en noviembre de 2018 que la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.

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Este miércoles la CCI presentó un informe en un hotel de Tegucigalpa, donde además de doña María se encontraban otros pobladores y dirigentes sociales. Seguido del evento, los abogados de la Colación, Edy Tábora, Carlo Jiménez y Allan Alvarenga, se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia por abuso de autoridad y omisión de las obligaciones de los funcionarios, alrededor del conflictivo proyecto minero.

La Coalición documentó y analizó el proceso, desde que se creó el Parque Nacional de Botaderos hasta el momento en que la municipalidad de Tocoa, Colón, otorgó el permiso de operación.

En todo el proceso hay distintas instituciones que están relacionadas con el otorgamiento del título minero de manera irregular. La denuncia identifica al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.

La Coalición demandó a la Fiscalía que proceda al decomiso de todos los expedientes relacionados con la concesión e individualice cuál es la participación de los funcionarios en cada una de las instituciones del Estado.

Relación de hechos

El conflictivo proyecto minero surge en el año 2013. El 22 de abril de 2013 el apoderado legal de EMCO MINING COMPANY presentó solicitud de otorgamiento de una concesión minera no metálica, para la explotación y posteriormente explotación de óxidos de hierro. Dicha solicitud fue admitida en junio de ese mismo año, identificando la zona como ASP.

Posteriormente, en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un dictamen técnico (DPA-031-2014) declarando que el proyecto no era factible por estar en un área protegida y la Asesoría Legal recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental porque se encuentra localizado dentro de la zona núcleo y dentro del proyecto se encuentra una fuente de agua que abastece a las comunidades.

Más adelante, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), el 21 de mayo de 2014 emitió el Informe y Dictamen Técnico número 713/2014 mediante el cual se determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero no metálico.

El 9 de mayo de 2014 el abogado Miguel Sánchez solicitó se dejará sin valor y efecto la opinión legal del ICF junto con los demás pronunciamientos de los departamentos que conforman el ICF. Luego y siguiendo las presiones de los empresarios, el 23 de junio de ese mismo año el ICF emitió el dictamen técnico OL-TOCOA-MDF-042-2014, concluyendo que el proyecto era factible.

Explotación minera

En ese juego de favoritismo, el 28 de enero de 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin) realizó la inscripción de la resolución que declara con lugar la solicitud de exploración y explotación del proyecto minero ASP ante el Registro Minero y Catastral, firmándose así el respectivo contrato de concesión minera no metálica.

A finales del 2014, el 29 de diciembre para ser exactos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), emitió la licencia ambiental número 014-2014 a favor de EMCO MINING COMPANY, con una vigencia de cinco años. Y en enero de 2015 la corporación municipal de Tocoa, bajo el liderazgo del alcalde Adán Fúnez renovó el permiso de operación.

Narcotráfico

Sobre el proyecto minero de El Guapinol se ha dicho que inicialmente perteneció a la familia Rivera Maradiaga, líderes del cártel de “Los Cachiros”, extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

 “La participación de narcotraficantes no la tenemos documentado”, dijo el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) e integrante del grupo de abogados de la Coalición Contra la Impunidad, que hasta el momento ha analizado 300 folios de 1,268 en total.

El profesional del derecho respondió, además, que la Coalición está trabajando en una investigación para establecer cómo el derecho minero se ha ido trasladando de una empresa a otra para evadir responsabilidades.

Tábora dijo a CRITERIO que solo han revisado 300 folios por impedimento del Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el diario oficial La 17 de agosto de 2018, que declara en secretividad las licencias y otros trámites ambientales.

Los Cachiros

Mientras Tábora no ha logrado documentar la participación de narcotraficantes en las concesiones mineras, el propio alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, confiesa, según un vídeo publicado por las “Noticias de Colón”, que la concesión de EMCO MINING COMPANY pertenecía a Javier Rivera.

En el contexto del video, Fúnez dice además: “esas concesiones aquí en el sector San Pedro eran de Javier Rivera Maradiaga y no creo que ustedes siendo de este sector, siendo amigos de Javier Rivera Maradiaga y de toda la familia Rivera, ustedes no se dieran cuenta que él había solicitado esas concesiones, incluso la de allá, arriba de La Laguna, esa era de Javier Rivera”.

Fúnez reclama a sus partidarios que ahora que Javier Rivera Maradiaga se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York nieguen su amistad. “Se lo llevaron los gringos y los que nos afanábamos de decir que éramos amigos de él, ahora no lo conocemos, ahora le damos la espalda a un amigo que le dio respaldo a estas comunidades”, dijo el edil durante una reunión de cabildo abierto de consulta en la comunidad de San Pedro, Tocoa.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.