Por: Redacción CRITERIO
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El terrateniente Jorge Cassis ha contratado guardias de seguridad de la misma comunidad para hostigar y agredir a quienes defienden su territorio, el domingo 7 de febrero recién pasado el campesino Santos Hernández fue gravemente herido por oponerse a que realizaran la medición del predio comunitario que Cassis pretende poner en venta pese a que en él habitan más de 40 familias desde hace décadas.
Santos Hernández se encontraba en el predio realizando su faena diaria, cuando se percató que Sabino Gonzales, empleado de Cassis, junto a dos personas más estaban dentro del terreno con el objetivo de ver el lugar que posiblemente comprarían, Santos les solicitó que se retiraran ya que este pertenece a la comunidad, a lo que Gonzales respondió de forma agresiva atacándolo con piedras e insultos alegando que dicho terreno pertenecía a su patrón, para ese momento miembros de la comunidad llegaron al lugar e impidieron que se dieran hechos aún más graves. Como resultado del ataque Santos fue traslado al hospital para poder ser atendido de los múltiples golpes, en su cara, pie y el más grave de abertura en su cabeza.
Este ataque no es el primero que sucede en la comunidad de Playa Blanca, desde hace un par de años Jorge Cassis y Heriberto Cruz han contratado personas para “cuidar sus terrenos” siendo su principal actividad el ataque y hostigamiento a las personas miembras del grupo campesino de la comunidad, en ocasiones anteriores han amenazado de muerte a varias compañeras y compañeros e incluso a sus hijos menores de edad.
La comunidad organizada como grupo campesino miembro de la Asociación por el Desarrollo de la península de Zacate Grande (ADEPZA), han reafirmado que se mantendrán firmes en su lucha por el territorio y exigen a las autoridades actuar con rapidez contra Sabino Gonzales y demás trabajadores de Jorge Cassis y Heriberto Cruz que hostigan con amenazas y agreden físicamente a la población de Puerto Sierra de la misma forma que actúan cuando de criminalizar a campesinos y campesinas se trata.
Contexto
En toda la península de Zacate Grande existe gran cantidad de propiedades privadas cuyos dueños son empresarios y políticos reconocidos a nivel nacional, que construyen grandes muros, obstruyendo el paso hacia las playas en las comunidades, Playa Blanca posee una de las mejores playas de la península además de ser una de las pocas que no ha sido acaparada por los terratenientes.
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Jorge Cassis era propietario de la playa “La Guayaba Dorada” que era totalmente privatizada y para el acceso de la población hondureña en general se debía pagar 50 lps por persona, esta fue vendida en el año 2014 y según información brindada por pobladores de la zona su propietario es Juan Orlando Hernández quien dice ser actual presidente de Honduras, los campesinos y campesinas denuncian que las pretensiones de Cassis es el enriquecimiento a costa de los bienes comunes en este caso la Playa de su comunidad.
En el año 2012 aparece Heriberto Cruz con título de propiedad de varias manzanas de tierra que asegura compró debidamente a Jorge Cassis, incluyendo el terreno que la comunidad a destinado a la siembra de maíz, ayote y frijoles más una buena parte de la tierra donde están construidas sus casas, la comunidad inició la lucha en defensa de su tierra oponiéndose a la medición del terreno ya que esto significaba su desalojo inmediato, fue en este momento que comenzó todo el proceso de criminalización acusando a varias personas por el delito de usurpación de tierras.
Luego de todo un proceso de defensa territorial, en el año 2013 comienzan a llegar las órdenes de desalojo para las 42 familias pobladas en el caserío Puerto Sierra de la comunidad de Playa Blanca, llevando a cabo el primero contra Santos Hernández. Heriberto Cruz haciéndose acompañar de la policía nacional y varios militares le destruyeron la casa donde vivió por más de 40 años junto a su esposa María Concepción Hernández, también criminalizada y sus 6 hijos en su mayoría menores de 16 años, la comunidad organizada como grupo campesino no permitió que avanzaran con los desalojos a pesar de que la amenaza es constante.
En el año 2014 la comunidad decide iniciar la habilitación del predio comunitario para parqueo, ya que la comunidad no contaba con una entrada para ingresar a la misma y en vista de la necesidad de fuentes de ingresos decidieron expandir el predio para que los turistas que en época de vacaciones visitan mucho su playa pudieran entregarles contribución por el cuido de sus vehículos.
Los procesos judiciales iniciaron contra Santos Hernández, Abel Pérez Ávila y Tomás Cruz quienes fueron declarados culpables por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas, dictándoles medidas sustitutivas a la prisión, de no acercarse a los predios en litigio, no salir del país y firmar el libro diario cada 15 días, luego de varios meses a solicitud de la defensa se realizó audiencia de revisión de medidas en la que dictaron prisión preventiva para los campesinos Santos Hernández y Abel Pérez quienes inmediatamente fueron trasladados a la granja penal de Nacaome Valle, gracias a la presión de organismos de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales lograron salir de prisión después de 3 meses (102 días), dictándoles nuevamente medidas sustitutivas a la prisión.
El 8 de 2018 se Jorge Cassis presentó un nuevo requerimiento fiscal esta vez María Veneranda Cruz de 70 años, Oneyda Cárdenas Flores, Yessica Cerrato y Jacinto Hernández por el delito de amenazas y daños continuados, esto en respuesta de la fuerte lucha que la comunidad mantiene en defensa de su tierra, mayormente sostenida por las mujeres de la comunidad, meses después emiten un nuevo requerimiento fiscal contra Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, esta vez por el delito de daños continuados.
Actualmente existen seis procesos penales abiertos contra 8 campesinos y campesinas de la comunidad de Playa Blanca, por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas.
