Por: Agencias
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Washington. En momentos en que la Casa Blanca y sus socios centroamericanos intentan convencer a un reacio Congreso estadounidense de aprobar un plan de desarrollo regional, escándalos de corrupción en Honduras y Guatemala complican las posibilidades de que la iniciativa vea la luz del día.
Luego de que una avalancha de menores centroamericanos ingresara ilegalmente a Estados Unidos el año pasado, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador concatenaron un proyecto junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cortar el ciclo de violencia y falta de oportunidades que impulsa las emigraciones.
La llamada “Alianza para la Prosperidad” obtuvo la bendición del presidente Barack Obama, quien pidió al Congreso aprobar 1.000 millones de dólares de ayuda, subrayando que mejor educación y empleo en esos países haría más por frenar las migraciones que los muros o la patrulla fronteriza.
La región “puede ser la próxima gran historia exitosa en el continente”, dijo el vicepresidente Joe Biden, que se ha reunido con regularidad con los mandatarios regionales.
A imagen del Plan Colombia, los tres países centroamericanos prometieron que el monto de recursos propios será superior al que aporte Washington, y que también incluiría seguridad y lucha contra la corrupción.
Pero esos esfuerzos ahora se topan con dos investigaciones por corrupción que tienen en el centro a los presidentes de Guatemala, Otto Pérez, y de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Para Eugenio Sosa, profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Honduras, “hay una incapacidad para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos”.
Esa situación “le da munición a las personas que no quieren gastar dinero en esos países más que en lo militar”, dijo a la AFP Demetrios Papademetriou, experto para Centroamérica del Migration Policy Institute.
El “gran desafío de los próximos meses” será si se aprueba todo el proyecto o solo los recursos para seguridad, y al final se verá cómo se materializan, señaló Papademetriou.
“Al Congreso no le gusta gastar dinero en desarrollo” porque cree que los efectos son muy limitados, de largo plazo y difíciles de identificar, añadió.
Incluso sin los escándalos recientes, la Casa Blanca ya enfrentaba resistencia al plan en el Congreso estadounidense, tanto de los opositores republicanos como de sus aliados demócratas.
“Hemos gastado miles de millones de dólares allá durante décadas y hemos visto las condiciones empeorar en Honduras, Guatemala y El Salvador”, dijo en febrero pasado Patrick Leahy, líder de los demócratas en la Comisión de Adjudicaciones del Senado en una audiencia con el secretario de Estado, John Kerry.
Para el exguerillero y profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas, el Congreso estadounidense “no termina de entender la corresponsabilidad en la migración forzosa provocada por la violencia y la falta de oportunidades”.
En Honduras, Hernández admitió que su Partido Nacional (PN, derecha) recibió unos 136.000 dólares de recursos desviados del Instituto de Seguridad Social, pero descartó cualquier responsabilidad en el desfalco y ordenó investigaciones.
Las medidas, sin embargo, no han impedido las manifestaciones callejeras de miles de hondureños que lo acusan de financiar su campaña electoral con fondos malversados y piden su renuncia.
La situación es más crítica en Guatemala, donde el Congreso analiza levantar la inmunidad del presidente Pérez por un escándalo de fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que ya se cobró la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Hernández se reunió con Biden el miércoles en Washington y se mostró optimista del futuro del plan en el Congreso.
Según el mandatario hondureño, senadores y congresistas estadounidenses han viajado a Honduras y “tienen una radiografía muy clara” de cómo su gobierno ha respondido a los señalamientos por corrupción.
Pero Sosa duda que esas acciones tengan “la fortaleza como para decir que (el gobierno) va a tener credibilidad en el Congreso de Estados Unidos”.
El diputado del opositor partido TODOS (derecha) en Guatemala, Paul Briere, anticipa que los escándalos elevarán la barra para el desembolso de los fondos porque generan la imagen “de que no podemos hacer buen uso del gasto público”.
“Si se empiezan a dar señales del buen uso del gasto público yo imagino que (los congresistas) sí lo darían, aunque imagino que pondrán un poco más de condiciones definitivamente”, dijo a la AFP Briere, quien preside la comisión del Migrante.
Pero Cañas ve muy difícil que la desconfianza en el Congreso se pueda superar.
La “opción más clara” es gestionar los recursos a través de préstamos del BID, aunque sea “una opción lesiva para las precarias economías de los tres países”, apuntó. (El Nuevo Herald de Miami).
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