Piden investigación a presidente de CSJ por prevaricato y abuso de autoridad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Red Nacional de Derechos Humanos en conferencia de prensa pidió este miércoles que se proceda a investigar de manera urgente e inmediata al magistrado Rolando Argueta y al asesor legal Selvin López, por abuso de autoridad y prevaricato.

Los defensores agregaron que el fallo contra la diputada de Libre, María Luisa Borjas, fue un fallo político y no apegado a derecho.

Denunciaron además que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes.

Esa labor fue realizada por Selvin López quien es asistente del primero, acción que amerita una investigación administrativa y penal, razón por la cual exigen la investigación de ambos funcionarios del poder judicial.

Añadieron que el fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Nota relacionada Por calumnias declaran culpable a María Luisa Borjas

Comunicado de la Mesa de Derechos Humanos

1. Reconocemos la trayectoria de la Comisionada en condición de Retiro María Luisa Borjas, quien se ha destacado por su labor de denunciar públicamente hechos de trascendencia nacional e internacional relacionados con corrupción y abusos cometidos por altos funcionarios policiales y militares, así como por particulares relacionados a acciones delictivas de criminalidad organizada. Dicha denuncia pública ha conllevado la persecución y amenazas a muerte contra ella y su familia.
2. Consideramos que el fallo dictado por el magistrado presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, en su calidad de juez natural en el proceso penal contra María Luisa Borjas, fue político. ¿Por qué político? Porque el acuerdo de condena fue incluso previo al desarrollo del juicio, según información proporcionada por personas cercanas al poder fáctico.
3. Denunciamos que el señor Argueta no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes durante todo el juicio. Esta labor fue realizada por el abogado Selvin López, quien consideramos participó en la redacción de la resolución, lo cual amerita una investigación administrativa y penal.
4. El fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e, incluso, de la resolución emitida por el también magistrado Avilio Serrano en el caso contra el diputado Jorge Calix, por una querella incoada por delitos de calumnias por difamación.
5. Como fue acreditado en el juicio, las expresiones vertidas por la Comisionada Borjas no constituyeron ataques conscientes e intencionales al honor del señor Camilo Atala, ni tenían la malicia de provocar una afectación por sí mismas. Como defensora de derechos humanos, su intención fue colocar en el debate nacional la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres. Para ello, la Comisionada utilizó un medio pertinente y proporcionado, como es la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
6. Esas denuncias se enmarcan en los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, de manera que el magistrado Argueta o la persona que haya redactado la resolución debió aplicar una eximente de responsabilidad penal. A la luz de la doctrina de la real malicia, no es suficiente que la información difundida por la Comisionada María Luisa Borjas hubiese sido errónea o falsa, sino que, además, la parte querellante debió demostrar que la información, se difundió a sabiendas de su falsedad y con la única intención de dañar al punto que el demandante no acudió a ninguna etapa del proceso.
7. La grave situación de secretividad oficial impuesta por el Estado para toda la información de las instituciones públicas, socaba el derecho de la ciudadanía para participar de los debates públicos y la exigencia de justicia. En el caso particular de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y el poder judicial impusieron secretividad aún para las víctimas, por lo que se hace necesario que las personas que se atreven a divulgar información, sean protegidas en vez de ser sancionadas.
8. Consideramos que la actual precariedad del principio de independencia judicial en Honduras provoca que ningún juez o magistrado del Poder Judicial se atreva a revocar una sentencia condenatoria emitida por el Presidente de la Corte Suprema, por lo que los recursos procesales de vuelven inefectivos.
9. Citando al magistrado Serrano Villanueva: “imponer sanciones a informadores o denunciantes que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar, en forma fehaciente, todos los aspectos de la información difundida, además de vulnerar el estándar de veracidad aplicable a la información de interés público, incitaría a ocultar la misma, socavando el debate” sobre temas de tan importantes como la lucha contra la impunidad.

Las organizaciones de derechos humanos demandamos:

1. Al Estado hondureño que cese con la censura judicial contra los periodistas y toda persona que denuncia u opina sobre hechos de interés nacional.
2. Que se proceda a investigar de manera urgente e inmediata al magistrado Rolando Argueta y al asesor legal Selvin Lopez, por abuso de autoridad y prevaricato.
3. Que se le garantice a la Comisionada en Condición de Retiro María Luisa Borjas el respeto a sus libertades públicas y la integridad física de ella y su familia, además de promover seguridad jurídica para las personas que denuncian hechos tan delicados como lo que de manera permanente ha realizado nuestra acompañada.

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de enero de 2019

Coalición contra la Impunidad

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)