Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Atrás quedó el respeto por las libertades y se ha dado un paso ignominioso contra los reclamos genuinos de las mayorías; esas que ya no salen a las calles por el miedo a ser reprimidas o por el desgaste de la lucha social, que en los últimos diez años no ha logrado su propósito.
Pese a ese debilitamiento, el régimen de Juan Hernández optó este 25 de enero por colocar anillos de seguridad en la zona y cerrar las calles que dan acceso al Congreso Nacional, donde se instaló la Segunda Legislatura del periodo 2018-2022, en medio de la crítica colectiva por los acuerdos alcanzados entre los políticos sobre la creación de dos nuevas instituciones electorales que suplantarán al corroído Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El ambiente que se vivió este viernes en las calles del centro histórico de Tegucigalpa más parecía el de un toque de queda o de un enfrentamiento interno que el de la instalación de un periodo legislativo.
El Poder Legislativo informó mediante campos pagados publicitarios que se había optado al cierre de calles a partir de las 6:00 de la mañana de hoy viernes “con el fin de evitar contratiempos y permitirles a los ciudadanos tomar vías alternas” y todo “debido a los solemnes actos de instalación de la Segunda Legislatura de este Poder del Estado”.
CONTRASTE:
Mientras el Poder Legislativo le cierra las puertas a las protestas del pueblo, en enero de 2018 el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, reveló que existía una red de al menos 160 diputados corruptos que saqueaban fondos del Estado para uso particular. El exfuncionario citó al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de ser parte de esa red.
El argumento absurdo, incomodó a los transeúntes y en especial a las organizaciones de mujeres y feministas, que en años anteriores, cuando había un poco más de tolerancia, se manifestaban en los bajos del Legislativo para exigir el cumplimiento de sus derechos y denunciar los abusos del Estado machista y patriarcal.
Este año, al igual como ocurrió el año pasado, las mujeres en el marco de la conmemoración de su día, se limitaron a protestar en los alrededores del parque Central, donde lanzaron consignas en contra de los abusos de la administración Hernández, especialmente por la adopción de políticas neoliberales, que están afectado a las mujeres del campo y a las jefes de familia.
Mientras un grupo de mujeres protestaba y gritaba fuera JOH, “abajo la dictadura” y coreaban música contestataria, otras se lamentaban porque las barricadas de policías y militares no les permitían el paso, violentándoles así el derecho a la libre locomoción y a la protesta, en el lugar donde ellas querían llegar, que era precisamente a los bajos del Poder Legislativo.
EL OTRO LADO
Curiosamente al otro lado, frente al parque La Merced, se encontraba una muchedumbre de activistas del oficialista Partido Nacional, que a todo pulmón gritaban “viva JOH”, “queremos paz” y disfrutaban al aire libre de un baile improvisado con música popular, que provenía de un estridente altoparlante.
A los activistas del Partido Nacional se les permitió llegar hasta el Congreso, dado que la seguridad de este Poder del Estado repartió entre ellos unos brazaletes color naranja para identificarlos y tratarlos con preferencia.
Paradójicamente, los afines al gobierno lograron ingresar a sectores que ni la prensa independiente tuvo acceso, incluso, se denunció que éstos lanzaron agua al equipo de Radio Progreso y a diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) que portaban una pancarta que decía: “Viene la DEA por JOH” y que vestían con camisetas con la leyenda: “fuera JOH”.
Mientras se desarrollaba la instalación de la Segunda Legislatura, los transeúntes que intentaban pasar por el Congreso, tuvieron que buscar otras rutas, porque los policías y militares se los impidieron.
CIRCO Y SHOW
En medio de la fiesta de los nacionalistas y los reclamos de las mujeres y feministas, los titulares de los tres poderes del Estado, Juan Hernández, del Poder Ejecutivo; Mauricio Oliva, del Poder Legislativo y Rolando Argueta, del Poder Judicial, festejaban con júbilo la instalación de la Segunda Legislatura.
Al momento del ingreso de Hernández los diputados de Libre se levantaron de sus butacas, para enviar un mensaje de repudio al gobernante. En tanto, algunos diputados del PINU, optaron por no asistir a la ceremonia.
En el evento protocolario se violentó una vez más el Estado laico al permitirles a religiosos de las iglesias católica y evangélica, dirigir un acto litúrgico, irrespetando también la libertad de culto.
Durante la ceremonia, a la que acudió el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras Igor Garafulic y representantes de la comunidad internacional, se soslayó la crisis permanente en la que se encuentra Honduras por la corrupción e impunidad, ante una institucionalidad debilitada.
A la ceremonia también llegaron representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, iglesia católica y evangélica, funcionarios del gabinete de gobierno, académicos, embajadores y diplomáticos acreditados en el país.
Cada uno de los titulares de los tres poderes del Estado, dio lectura a informes, con los que se descifró una Honduras diferente a la que se vive en la realidad.
El titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, cuantificó que en el primer año se han aprobado más de 180 decretos, entre los cuales—dijo— hay “leyes determinantes”.
“La producción legislativa del año 2018 se orientó hacia bienestar y desarrollo social, inversión y generación de empleo, seguridad y transparencia y lucha anticorrupción, que se definieron como pilares fundamentales de la agenda de esta presidencia”, según Oliva.
En tanto el jefe de gobierno, Juan Hernández, se adjudicó logros en materia de seguridad, al indicar que con su programa en dicha materia se han salvado más de 47 mil vidas.
Y como si se tratase de ofertas proselitistas, prometió incrementar el número de policías, hasta llegar a 26,000, y llevar a Honduras a niveles de seguridad de países del primer mundo.
Asimismo, y entre otras promesas, mejorar la macroeconomía e invertir más de 23 mil millones de lempiras en infraestructura vial y productiva durante los próximos tres años.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta enumeró que la defensa pública durante el 2018 brindó asistencia jurídica gratuita en 9,098 casos penales y de niñez y adolescencia, y en 2,101 casos civiles, de familia y de violencia doméstica, beneficiando a 23,466 personas.
Pese a que las extradiciones hacia los Estados Unidos, para implicados en narcotráfico y delitos del crimen organizado, implica el debilitamiento institucional y en particular las malas prácticas del Poder Judicial, Argueta mostró dicho procedimiento como un logro de su gestión.
En ese sentido, apuntó que se han sumado 26 peticiones más presentadas entre 2016 y 2018, haciendo un total de 45 solicitudes de extradición.
4 respuestas
Todo un mundo de paradojas se vivió ese día de contrastes despreciables; por un lado los dignatarios abrogándose la representación del sentir popular, pero al pueblo se le trata con cachiporras y gases lacrimógenas; asimismo los oficialistas se llenan la boca de democracia y de pronto dan espacio privilegiado para que sus activistas agredan a los diputados de Libre, en general podemos decir que la caverna es la gobierna en Honduras…!
Delincuentes.
Delincuentes.
Delincuentes.