Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Ayer, un tribunal hondureño anunció el veredicto en el caso de derechos humanos más destacado del país en los últimos años: el asesinato de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres ocurrido en 2016. Ocho sospechosos fueron juzgados y acusados por llevar a cabo el asesinato, entre ellos, un oficial de inteligencia militar en servicio activo y dos ex oficiales militares. El tribunal determinó que siete de los ocho acusados son culpables de llevar a cabo el asesinato, y tres fueron declarados culpables del intento del asesinato de Gustavo Castro, ambientalista mexicano.
Foto de Revistazo.com
Uno de los acusados fue absuelto. Las autoridades hondureñas aún no han identificado los autores intelectuales del crimen, como fue resaltado en un comunicado publicado por la familia Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Además, la investigación y el juicio se han caracterizado por numerosas irregularidades preocupantes y la falta de transparencia. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización de investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, el resultado de ayer es un primer paso de avance, pero las autoridades hondureñas deben garantizar plenamente la verdad y la justicia e identificar a todos los responsables de planificar y ordenar el asesinato.
“Aunque el resultado es un paso positivo y el caso ha avanzado más allá que la mayoría de casos de asesinatos en Honduras, justicia para la familia de Berta Cáceres está lejos de ser alcanzada”, indicó Adriana Beltrán, directora del programa en WOLA sobre Seguridad Ciudadana. “El sistema de justicia hondureño debe demostrar su compromiso con la verdad y la justicia, perseguir a los autores intelectuales y asegurarse de que la verdad no sea enterrada”, dijo Beltrán.
En su fallo, el tribunal reconocióque el ex presidente de Desarrollos Energéticos (DESA), David Castillo, un ex oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, se había coordinado con el acusado para llevar a cabo el asesinato de Berta. Castillo está enfrentando un juicio separado. Como ecologista y defensora de los derechos humanos reconocida internacionalmente, Cáceres lideró una importante campaña contra un proyecto de represa hidroeléctrica financiado internacionalmente en un río sagrado para el pueblo Lenca. El proyecto de la presa de Agua Zarca se otorgó a DESA sin el consentimiento de la comunidad Lenca.
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Además, el juicio estuvo plagado de alegatos de negligencia y falta de transparencia. Las autoridades se negaron a compartir evidencia crítica con el equipo legal de la familia y, en un caso, se excluyeron de los procedimientos y se les asignó un fiscal estatal para que los representara. Las múltiples irregularidades causaron que el juicio se retrasara varias veces después que iniciara el 17 de septiembre.
La indignación por el asesinato de Berta y su clara conexión con su importante trabajo atrajeron una gran atención a nivel internacional. Las condenas del juicio de ayer son el resultado de una inmensa presión nacional e internacional para buscar justicia para Berta y revelar la verdad detrás de su muerte. Sin embargo, Honduras sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para defensoras y defensores de los derechos humanos, y la gran mayoría de los delitos contra estos defensores quedan impunes.
“El asesinato de Berta y la investigación que siguió reflejan cuán profundo debe ir el gobierno hondureño para garantizar que los defensores de los derechos humanos y de la tierra puedan hacer su importante trabajo sin sufrir consecuencias”, dijo Beltrán.
