Impugnan ante la Corte la creación de Comisión de Salud

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El funcionamiento del sistema de justicia ha sido puesto a prueba por la abogada y exsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, quien basada en varios argumentos jurídicos impugnó recientemente la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud.

La impugnación de Pineda fue presentada a nombre del Colegio Médico de Honduras (CMH) y de personas particulares, ante la Corte Suprema de Justicia sobre lo contenido en el Decreto Ejecutivo PCM 026-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, que versa sobre la creación de la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo y que quedó integrada por seis miembros de la sociedad civil.

Entrevistada por CRITERIO, Pineda dijo que el sistema de justicia de Honduras,  tiene la oportunidad de reparar un error que ha cometido el jefe de Gobierno, Juan Hernández, en sesión de Consejo de Secretarios de Estado.

La especialista en gobernabilidad democrática, resumió una serie de arbitrariedades que se han cometido con la puesta en vigencia de la Comisión. En ese sentido, cuestionó la facultad de hacer contrataciones en razón a un decreto de emergencia que dura 24 meses prorrogables, lo que deja en libertad a sus integrantes a hacer contrataciones directas de toda índole, por dos años o más.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Al presentar la impugnación contra la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, la recurrente se basó en los siguientes argumentos jurídicos:

1. Constituye una institución jurídica inexistente en el ordenamiento legal, por cuanto no es una Comisión creada para para el desarrollo de áreas, programas o proyectos especiales, tampoco es una comisión de intervención conforme lo preceptúa la Ley General de la Administración Pública;
2. Genera duplicidad de funciones con otras instituciones ya existentes, en este caso con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;
3. Declara por un tiempo prolongado y no excepcional un estado de emergencia en el Sistema Nacional de Salud con duración de veinte y cuatro meses (24) prorrogables;
4. Otorga facultades a la Comisión Especial para llevar a cabo un nuevo modelo de prestación de servicios como ente financiador y proveedor de servicios de salud a través de redes integradas de salud pública y para la reestructuración organizacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, violentando el derecho a la salud de la población que descansa en la posición de garante del Estado;
5. Vulnera el derecho al trabajo y demás prerrogativas laborales ya adquiridas de las y los empleados del Sistema Nacional de Salud, al someterlos a una evaluación y certificación, cuya competencia y atribución le corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y al titular de la misma, lo que afecta el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, incluido el de estabilidad laboral;
6. Vulnera el derecho a la protección de datos personales o confidenciales, al tener la facultad de acceso sin límite alguno a todo tipo de información documental e informática, que obre en todas las dependencias de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y las que brindan servicios públicos y privados, sean éstas descentralizadas y desconcentradas.

¿Qué espera como resultado de esta acción?

La exsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, explicó que la impugnación se interpuso, en primer lugar, para hacer funcionar el sistema de justicia y darle la oportunidad a las y los juzgadores nacionales que declaren que ese Decreto contraviene los derechos fundamentales tutelados en la Constitución y Tratados Internacionales, y en segundo lugar, para agotar instancias nacionales y en su momento hacer uso de las instancias supraestatales.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

La Comisión, que fue anunciada en cadena nacional de radio y televisión por el jefe de Gobierno, Juan Hernández, quedó integrada por:  Alba Consuelo Flores, especialista en salud;  Pamela Molina, miembro del Hospital San Lorenzo; Amanda Madrid, profesional de la salud; Blanca Munguía, integrante de la organización Transformemos Honduras; Oswaldo Canales, pastor evangélico y miembro del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y Piedad Huerta, representante de la  Organización Mundial de la Salud,  en calidad de observadora.

La creación de la Comisión ha sido criticada por diferentes sectores de la sociedad, que consideran que la intensión es la privatización total en la prestación de los servicios de salud. Uno de esos sectores opositores, es el Colegio Médico de Honduras (CMH) que en reiteradas ocasiones ha advertido sobre la puesta en marcha de “la colombianización de la salud”, al hacer referencia al proceso de privatización que se dio en el pasado reciente en Colombia y que ha lacerado el derecho a la salud de los habitantes de este país de Sudamérica.