Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El inicio del juicio está detenido debido a las irregularidades cometidas y consentidas por el Tribunal que conoce del caso, que han provocado violaciones al debido proceso legal y otros derechos de las víctimas y partes procesales, informa el Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas la representación de las víctimas ha interpuesto los siguientes recursos ante decisiones del Tribunal:
Recurso de amparo para que el COPINH, a través de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal.
La Corte de Apelaciones lo ha admitido para análisis, sin otorgar la medida solicitada para garantizar el respeto al derecho de los integrantes del COPINH, por lo que, aunque el amparo sigue su curso, estos no podrán incorporarse al proceso hasta que exista una sentencia que resuelva el recurso lo que en la práctica podría durar meses.
Nota relacionada Suspenden juicio de asesinato de Berta Cáceres por violaciones al debido proceso
Dos recursos de amparo para que se incorpore al proceso el material probatorio que fue inadmitido por el tribunal a cargo del caso a fin de que este sirva para mostrar los antecedentes del asesinato, así como su vinculación con el trabajo de Berta en el COPINH como lideresa indígena y defensora de los derechos de las comunidades Lencas en contra del proyecto Agua Zarca.
Los dos recursos han sido inadmitidos por la Corte de Apelaciones y van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
Recurso de amparo para que el juicio sea transmitido en vivo y así las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias.
Este ha sido inadmitido por la corte de apelaciones y se está a espera de su decisión sobre la reposición con la que se sometió a reconsideración la decisión de no admitirlo.
Recusación contra el tribunal debido a sus decisiones parcializadas, que encubren las actuaciones ilegales del Ministerio Público en el ocultamiento de la prueba, la falta de investigación, la minimización del caso y en definitiva la negación de la verdad de lo ocurrido a Berta Cáceres.
La Recusación ha sido declarada sin lugar por la misma corte de apelaciones y ahora está en proceso de Apelación, con lo que se busca dejar sin efecto la decisión y que efectivamente, otro tribunal esté a cargo del caso en la etapa del juicio.
Hasta que se resuelvan y agoten todos estos recursos no debería continuar el proceso de juicio.
¿Cuál es la fecha de inicio del juicio?
Hasta el momento no hay una fecha específica de inicio del proceso judicial.
El marco de tiempo es ambiguo, sin embargo, el poder judicial podría forzar a que se resolvieran en contra de las víctimas todos los recursos y así intentar desarrollar el juicio entre el mes de noviembre y mediados de diciembre.
El Tribunal de Sentencia tiene la prisa de terminar el juicio antes del 2 de noviembre, fecha en la que vence la prisión preventiva de las primeras 4 personas detenidas, sin embargo, aunque comenzara inmediatamente el juicio no terminaría antes de esta fecha debido a la complejidad del caso.
Los tiempos del poder judicial son irregulares y no se desarrollan según lo establecido por las normas procesales sino a partir de la interpretación de cada estamento y la burocracia propia del sistema de justicia, sin importar que incurran en las violaciones de derechos y de sus deberes como funcionarios
La estrategia del sistema de justicia, para manipular de forma indebida el primer caso por el crimen de Berta, ha sido dejar que avancen todas las irregularidades de parte del Ministerio Público, denunciadas desde abril de 2017 y reiteradas al tribunal en enero de 2018, para luego, a último momento llamar a juicio, y con la excusa del vencimiento de los términos negar las peticiones de las víctimas acerca de la información y el desarrollo de un proceso que brinde verdad.
El vencimiento de la prisión preventiva significa que los imputados que fueron capturados en mayo de 2016 tendrán que salir del centro penitenciario para continuar el proceso bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, entre otras
A pesar de todo el dinero que EEUU y Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales. El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento político por parte del régimen en el poder.
Irregularidades del proceso.
El Tribunal ha negado la posibilidad de transmitir en vivo las audiencias del juicio para que las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento al proceso por el crimen de la lideresa del pueblo Lenca.
El Tribunal ha negado la condición de víctima del COPINH a través de sus integrantes, para que puedan participar del proceso judicial como parte y con representación independiente como lo manda la ley.
El Tribunal ha rechazado la incorporación de medios de prueba propuestos por las víctimas que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta en el COPINH como lideresa indígena y defensora de los derechos de las comunidades Lencas en contra del proyecto Agua Zarca.
Se ha negado:
Los testimonios de los dueños de la empresa DESA la familia Atala Zablah.
El testimonio del Subcomisionado del policía encargado de las medidas cautelares de Berta.
El testimonio de autoridades de gobierno manipuladas por la empresa DESA.
Peritaje sobre los ataques antecedentes al asesinato contra Berta y el COPINH.
Peritaje de vinculación criminal de las comunicaciones de los imputados.
Documentos que prueban las denuncias de COPINH y Berta por los ataques de la empresa DESA y sus empleados.
El Ministerio Público ha negado el acceso a la información básica del proceso judicial a las víctimas desde el inicio de las investigaciones, o ha entregado información parcial, incompleta o de manera irregular.
El Ministerio Público en medio del inicio de la última etapa del proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres ha admitido que no ha analizado la evidencia fundamental recogida en las diligencias de captura de los imputados realizadas en mayo de 2016. Evidencia con información vital como teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento de información, documentos e información bancaria, e incluso armas de fuego.
Ante lo anterior, el tribunal de sentencia ha ignorado su responsabilidad de asegurar que toda la información que ha negado el Ministerio Público a las partes sea entregada y analizada de la manera pertinente para contribuir a un desarrollo de un juicio que permita llegar a la verdad.
En reiteradas ocasiones las comunidades del COPINH han sufrido agresiones y discriminación de parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la policía y el ejército dentro y fuera de las audiencias debido a su condición de comunidades indígenas empobrecidas y su voluntad de querer observar el proceso judicial.
El Copinh ha lanzado una campaña para informar sobre el juicio de Berta Cáceres
La decisión del COPINH
El COPINH ha tomado la decisión de insistir para que el juicio se realice hasta que existan las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad del asesinato de Berta Cáceres. Para lo cual se va a hacer uso de todos los recursos de ley para que el sistema de justicia garantice los derechos de las víctimas, e incluso de los imputados, con la satisfacción de las solicitudes de información, debido proceso y acceso a la justicia.
Ataques al COPINH y el movimiento social mientras se desarrolla el primer juicio de la causa Berta Cáceres
El COPINH ha denunciado el desarrollo de una serie de ataques en contra de la organización y del movimiento social que se opone a las políticas extractivistas, por parte de la empresa privada y el gobierno, justo en la semana en la que se debería de dar inicio al juicio.
Como resultado de esta campaña se ha criminalizado la lucha en contra de la minería en la comunidad de Guapinol en el departamento de Colón, se han dictado órdenes de captura contra los líderes de este movimiento. Se ha atacado la resistencia de comunidades en contra de un proyecto hidroeléctrico en la localidad de Pajuiles, Atlántida y en contra de la expropiación del territorio en la comunidad de La Unión, Copán, con amenazas y hostigamiento contra sus liderazgos, que además hacen parte del equipo legal de la causa Berta Cáceres.
Nota relacionada Corte de Apelaciones niega derecho de transmisión en vivo del juicio contra asesinos de Berta Cáceres
En el área de Río Blanco, la represa Agua Zarca/DESA ha impulsado ataques armados contra los miembros de la comunidad organizada en el COPINH en el territorio de siembra comunitario, lo cual fue emulado en el día en que debía comenzar el primer juicio por el caso de Berta en la ciudad de Tegucigalpa, con personas pagadas por la empresa dirigidas por falsos líderes.
En todos los medios de comunicación a nivel nacional, prensa escrita, radio y televisión se ha implementado un discurso de odio y estigmatización en contra de las organizaciones, denominadas por la empresa privada como “anti-desarrollo”, lo que ha suscitado la respuesta del gobierno creando una Fuerza de Tarea Conjuntapara tratar de los obstáculos de la empresa privada.
A la par, la empresa DESA ha contratado un relacionista público disfrazado de abogado internacional, Robert Amsterdam, quien junto a su bufete Amsterdam & Partners ha desarrollado una campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH, con el objetivo de desvincular a la empresa DESA del asesinato de Berta y tratar de deslegitimar la exigencia de justicia. Este, ha realizado una intensa campaña internacional para evitar que las organizaciones internacionales respalden la exigencia de justicia del pueblo Lenca y hondureño.
