El calvario de Azacualpa, La Unión, Copán

Por: Hugo Noé Pino

Los conflictos mineros, junto a los provenientes de la instalación de hidroeléctricas, se han multiplicado en el país; la razón principal de ello son las múltiples y arbitrarias concesiones otorgadas a empresas de parte del gobierno hondureño. Desde 2005 hasta comienzos de 2013, los gobiernos de esos períodos establecieron una moratoria al establecimiento de permisos de exploración y explotación, producto de los problemas sociales y ambientales producidos por la minería.

Sin embargo, a comienzos de 2013 se aprobó una nueva ley de minería bajo el ropaje de consenso de diferentes sectores, pero la cual reflejaba los intereses principales de las empresas mineras. Son tales los problemas de esa ley que siete de sus artículos (22, 27, 53, 56,68, 76, 77) han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Esto no ha impedido el aumento desproporcionado de concesiones.

Uno de los principales puntos en el caso de la minería y de las hidroeléctricas es que no se puede imponer a las comunidades el establecimiento de empresas que compiten con el uso de sus recursos naturales. Tanto las leyes nacionales (de tan difícil aplicación por la debilidad institucional de país), como tratados internacionales, establecen el derecho a la consulta a las comunidades antes de la aprobación de cualquier proyecto de esta naturaleza. No obstante, este es un requisito que ni el gobierno nacional, ni el gobierno local se preocupan por cumplir. Los conflictos derivados de estas arbitrariedades han costado sangre, sudor y lágrimas a muchas comunidades. El asesinato de Berta Cáceres y otros líderes ambientalistas lo muestran.

Las empresas, con falsas promesas de progreso económico, dividen las comunidades, afectando el capital social necesario para que puedan verdaderamente mejorar. La minería, no solo se lleva los recursos del subsuelo hondureño, sino que aporta mínimamente a la generación de empleo y muy poco a la generación de impuestos nacionales y locales. Estudios nacionales e internacionales muestran que la minería no alcanza a generar ni el 1% del PIB, su aporte a la creación de empleos es mínima, como también su contribución al fisco nacional y local.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, La Universidad de Clarck de Estados Unidos y Oxfam Internacional en el estudio titulado Territorios en Riesgo, Minería, tierra y agua en Honduras en el primer párrafo de su parte introductoria expresa “Los conflictos relacionados con la tierra y la escasez de agua están aumentando en todo el país. Los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos siguen siendo atacados y criminalizados por el gobierno, las empresas y sus fuerzas de seguridad privadas”. (Estudio Territorios en Riesgo primer párrafo introductorio, página 7). 

En algunos lugares, como Azacualpa, municipio de la Unión, Copán, hasta el cementerio de la comunidad están levantando para explotar el cerro en que se encuentra. La negativa de pobladores a que profanen las tumbas de sus familiares, que afecten sus fuentes de agua y que contaminen el ambiente, ha sido respondida por la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) con una campaña de división enfrentando a los empleados de la empresa contra otra parte de la comunidad. La campaña ha incluido ataques contra organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), quien tiene una amplia trayectoria y prestigio nacional e internacional por su apoyo a proyectos de desarrollo no solo en el occidente, sino a nivel nacional.

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La solución a este problema de confrontación en la comunidad es sencilla ha dicho don José Ángel López, uno de los pobladores que se opone a la explotación del cerro el cementerio en Azacualpa: “solo se necesita que el señor Monty Wilian Reed, gerente de la empresa Aura Minerals de capital canadiense desista de su intención de explotar este cerro, y se evita el conflicto”.

Ante este clima de confrontación, que se está extendiendo en varias partes del país, las autoridades prefieren la política del avestruz, esconder la cabeza en la tierra. Funcionarios, como el flamante Comisionado de los Derechos Humanos, han visitado la zona, pero no han contribuido a encontrar una solución justa a los reclamos de los pobladores. Desde ya, hay que responsabilizar a la empresa y al gobierno por cualquier acto de violencia que lamentar, dado la falta de interés en resolver este problema.