Por: Redacción CRITERIO
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Ante la incertidumbre sobre sus alcances, las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), discutirán este lunes con los representantes de los medios de comunicación, el convenio firmado entre el gobierno hondureño y la organización Transparencia Internacional (TI).
Por tal motivo la ASJ giró invitación a los medios de comunicación a fin de abordar el alcance del convenio suscrito el 6 de octubre del año pasado, entre Transparencia Internacional (TI), la ASJ y el gobierno, dice una convocatoria girada a CRITERIO.
También expresa que es fundamental para la ASJ, informar a los directores y jefes de prensa de medios de comunicación, y periodistas que cubren la fuente de sociedad civil, sobre lo que es y lo que no es el convenio de colaboración orientado a fomentar y promover la transparencia y rendición de cuentas, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones que componen el sistema de integridad del Estado.
El conversatorio se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en un hotel capitalino, donde se espera se hagan los aportes sobre los resultados y alcances del convenio, suscrito el 6 de octubre por el presidente Juan Orlando Hernández y la presidenta de TI, Huguette Labelle, que visitó el país para esa ocasión.
Estratégicamente el gobierno insiste en ser sr el primer Estado en firmar el convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad con la organización Transparencia Internacional.
No obstante en una clara contradicción que conlleva a un Estado transparente, el parlamento hondureño había aprobado antes, la Ley de Secretos Oficiales, blindando así información concerniente a compras, contrataciones y licitaciones.
El artículo 4 de la referida normativa establece la clasificación de la información en las categorías de reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, en atención al grado de protección que se requiera, con lo que se le puso un candado a mucha información que los medios de comunicación desean trasladar a su público para cumplir su misión de informar y de paso garantizar un país más transparente.
Las trabas a la información pública para la prensa rebasaron los límites a partir del 22 de julio de 2014, con la entrada en vigencia de la resolución 069/2014, emanada del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuya jefatura recae en el Presidente de la República.
Con dicha resolución se determinó clasificar como información reservada todo lo relacionado a asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos de 17 instituciones, “cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad/ y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esta materia”, reza en su artículo segundo.
