La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente la aplicación del memorando en el que informa la política de notificar a Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) casos de inmigrantes “inadmisibles” y/o “sujetos a deportación”.
Así lo dio a conocer esa dependencia en un comunicado sobre el Memorándum de Políticas 602-0050.1, que es una guía referir casos y emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) de inmigrantes a quienes se les rechazó un beneficio migratorio principalmente por sospechas de fraude, pero también por ser considerados una “carga pública”.
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El memorando al que se hace referencia fue emitido el 28 de junio de 2018, confirmó la portavoz de USCIS, Katie Tichacek.
“Esto aún no está en efecto”, apuntó vía correo electrónico. “Una vez que se emita una orientación específica para nuestros oficiales, entrará en vigencia”.
La razón por la que la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspende la medida es que se instruyó la creación de reglas operacionales, para emitir los NTA y los referidos a ICE.
“La emisión de las reglas operacionales está pendiente, por lo que la implementación del PM 602-0050.1 ha sido pospuesta hasta que se emitan”, indicó la autoridad en un comunicado.
En el memorando, USCIS hace énfasis en que la prioridad es deportar a extranjeros que sean “removibles por motivos criminales o de seguridad, fraude o tergiversación”.
Los inmigrantes prioritarios a ser expulsados de EE.UU. son aquellos que:
- Hayan sido condenados por cualquier ofensa criminal.
- Hayan sido acusados de algún delito que no se haya resuelto.
- Hayan cometido actos que constituyan un delito penal imputable.
- Hayan participado en fraude o tergiversación deliberada ante cualquier funcionario o al momento de hacer una solicitud ante una agencia gubernamental.
- Haya abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
- Estén sujetos a una orden final de deportación, pero no se han marchado.
- A juicio de un funcionario de inmigración, que ese inmigrante sea un riesgo para la seguridad pública o seguridad nacional.
