¿Qué se esconde detrás de la muerte de la jefa regional de la ATIC?  

La directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, afirma que el caso es un homicidio y no un suicidio como lo ha determinado la ATIC.

Villanueva denunció ayer que ella y su equipo han sido amenazados a muerte, directamente por este caso.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Desde que el 11 de junio del presente año, autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público (ATIC), dieron a conocer que una compañera de labores se había suicidado con un disparo en la cabeza. A partir de entonces el caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía, ha estado inmerso en una serie de irregularidades y ahora en un velo de misterio.  

La joven de 28 años fue encontrada en el barrio El Calvario de Santa Rosa de Copan, occidente de Honduras, entre las 8: 00 y 9:00 de la mañana, acostada en la cama de su apartamento, sujetando con su mano derecha una pistola, calíbre nueve milímetros, supuestamente, la que tenía asignada.

Hernández Mancía trabajaba en la ATIC desde hace tres años, paradójicamente, inició como investigadora de crímenes en la Unidad de Homicidios, posteriormente sus jefes inmediatos la trasladaron a San Pedro Sula donde debía desempeñarse como agente de confianza en las investigaciones de casos relacionados con el crimen organizado, manifiestan compañeros de la víctima de quienes se omite sus nombres por razones de seguridad. En ese tiempo, participó en las Operaciones Avalancha I, II y III todas relacionadas con “golpes” a grupos delincuenciales coludidos con bandas de narcotráfico, pero en especial contra la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) a quienes se ha despojado mediante dos mil aseguramientos de una parte de su fortuna calculada entre 53 y 70 millones de lempiras, incluyendo bienes muebles e inmuebles.

En las tres operaciones se ha dado captura a más de 30 personas, en su mayoría “peones” de la estructura criminal y algunos líderes de zonas y servidores públicos en alcaldías, policías activos y depurados, personal de instituciones y oficinas estatales, entre otros, no así “cabezas” que aún siguen siendo como una especie de “muro de contención” de la Mara y que estarían infiltrados aun en las instituciones de seguridad y justicia, según informes de inteligencia en poder de la Secretaría de Seguridad y del MP con nuevos datos recolectados a partir del 2016.  

Sherill Yubissa Hernández Mancía, conoció en poco tiempo mucha información, de hecho a pocos días de su muerte había sido ascendida como jefa regional en occidente de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y Patrimonio (casos de corrupción) de la ATIC, estaba a cargo de unas diez personas aproximadamente, según una fuente cercana.

Conocía a muchos agentes desde el 2015 cuando pasó las pruebas de confianza y tras su reclutamiento en la ATIC se mantuvo cerca de sus jefes inmediatos, fiscales del MP tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.

Es conocido a lo interno del MP, que la ahora occisa mantenía una relación de pareja con un compañero de la ATIC, en muchas ocasiones se les miraba juntos en misiones de trabajo o fuera de ellas. Cercanos a Sherill aseguran que su pareja sentimental la iba a dejar a casa de su madre en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. “Aunque él es casado con hijos, siempre llegaba a su apartamento y fue de las últimas personas que le vio con vida”, relató el testigo. 

Procesaba información confidencial 

Cuando se comenzó a ejecutar la tercera operación “Avalancha” de la ATIC en contra de la MS – 13, Sherrill procesaba y coordinaba información confidencial en la semana de su muerte, algunas evidencias de casos se embalaron para ser trasladadas a San Pedro Sula y Tegucigalpa, era su costumbre trabajar más de doce horas diarias y siempre se le veía sentada en su escritorio con su laptop (computadora personal) negra, según versión de compañeros que afirman sentir temor por el misterio en esta muerte.  

Freno a pruebas científicas, “errores” en la escena de crimen, testigos “mudos”, subsanaciones, omisiones, parte del cóctel de encubrimiento.  

La semana pasada el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ordenó para este caso la asignación de un grupo interdisciplinario de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, compuesto por más de cinco agentes de la ATIC, incluyendo al director Ricardo Castro, fiscales de homicidios, un psicólogo de la Dirección Nacional de Investigacion e Inteligencia (DNII) y personal de Medicina Forense.     

En primera instancia se busca esclarecer oficialmente las dos versiones conocidas en este expediente: la primera, si se trata de un suicidio como lo informó a medios de prensa el director de la ATIC, Ricardo Castro, después de realizar en una hora el procesamiento de la escena de crimen y trasladar el cuerpo a la morgue de San Pedro Sula. El segundo objetivo es la reincorporación de unidades especializadas en esta clase de casos que promuevan la búsqueda de la verdad establecida en el  expediente de la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y descartar si se trata de un femicidio mediante las pruebas científicas emitidas en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito al MP en donde se dictaminó que “desde el punto de vista médico legal las circunstancias que rodean esta muerte es de tipo homicida y no suicida”.

Según este dictamen, que también es del conocimiento de la comisión interdisciplinaria, aclara que la conclusión se basa además en el análisis conforme al procesamiento de la escena del crimen realizada por la ATIC.

Sobre este particular, la directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, defiende el trabajo realizado por su equipo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero denunció que a pesar de la envergadura del caso no se solicitó participar a expertos criminalísticos forenses como profesionales de genética, serología, balística, marcas y patrones, médicos expertos en escena del crimen, certificados en los Estados Unidos, entre otras demandas.

Amenazas a muerte

En medio de este ambiente, y por este caso en particular, días después, Villanueva y otros empleados de Medicina Forense, fueron amenazados a muerte, según consta en una denuncia presentada en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

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En el Conadeh se  conoció por una fuente a lo interno, que existe preocupación por este tipo de amenazas a servidores públicos del sector justicia e inquietud sobre la integridad física de algunos miembros de la familia de Sherill Yubissa Hernández Mancía, quienes han denunciado acoso del MP y hasta seguimiento de sus actividades y vigilancia en su pueblo, Jesús de Otoro, por lo que éste ente estatal ofreció igualmente seguridad y promover la resolución del caso.  

No es un suicidio, es un homicidio

Ayer lunes la directora de Medicina Forense, estableció que las amenazas en su contra y de su equipo, provienen del caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía, el cual—dijo—no es un suicidio como lo ha manejado la ATIC, sino que se trata de un homicidio.

La funcionaria denunció que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, no la ha recibido pese  a que desde hace varios días le solicitó una reunión para explicarle detalladamente sobre el caso. La respuesta que recibió del asesor de Chinchilla, es que no la atiende porque “su agenda está muy apretada”.

Actas de Subsanación y documentos respaldo   

Sobre este particular, la ATIC informó a medios de prensa que si participó un médico forense de nombre Delio Serrano, pero existe una serie de documentos de subsanaciones en donde constatan que al médico se le pidió ser solo observador, sin posibilidad de emitir criterio médico legal a través de la emisión de su respectivo levantamiento de cadáver de acuerdo a los protocolos que suelen realizarse en este tipo de actividades periciales.

El MP informó la semana pasada a medios de prensa que “el procesamiento de la escena de crimen fue dirigido por la coordinadora de la oficina regional de Copán, Coritza Vega, junto a Francis Artola y agentes de la ATIC”.

Lo anterior contrasta con información que maneja la comisión interdisciplinaria y la DNII, en el sentido de que la abogada Coritza Vega recibió orden del director de la ATIC, Ricardo Castro, en todo momento de que se manejara en forma exclusiva el caso por dicha agencia, negando la oportunidad de un trabajo coordinado con otros entes de investigación policial como suele hacerse de manera rutinaria.

La miembro de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, opinó ante medios de comunicación que llama la atención que sea la ATIC que esté haciendo las investigaciones de este caso porque la víctima era parte de esta unidad. A juicio de Morales, para la imparcialidad, transparencia y evitar conflicto de intereses, la investigación debería recaer en otro órgano.

La habrían matado con alevosía y ventaja

A Sherill Yubissa la pudieron haber sujetado del cuello con una mano y con la otra le habrían colocado el arma en la sien derecha, un disparo certero y mortal, que se acompaña de otras lesiones externas en el cuerpo que alejan la posibilidad de un suicidio, según análisis científicos forenses.

El cuerpo de la joven tenía hematomas en la parte frontal del cuello, otros en las piernas y brazos. Su lengua estaba salida de su boca como si minutos antes de su deceso habría hecho un intento por alcanzar oxígeno a causa de una posible asfixia. Otro elemento a rescatar es que la sangre corrió sobre la parte frontal de su dorso, según las manchas de su ropa, algo que contradice la postura que registró la ATIC al ubicarla en la escena boca arriba, ya que al estar en esta posición al momento del disparo, la sangre tuvo que haber corrido hacia atrás de su cabeza. Esta descripción podría dar pie para pensar que la escena pudo haber sido manipulada.

Las investigaciones preliminares, refieren que la agente estuvo con sus criminales departiendo adentro de su apartamento la fatídica noche de su muerte. Tras el impacto mortal, tuvieron más de 12 horas aproximadamente para poder modificar la escena y colocar estratégicamente el cuerpo sobre la cama, rodeándole con almohadas para que el brazo y mano se mantuvieran sosteniendo la pistola en posición sugestiva de suicidio.

Con lo anterior, el caso para algunos investigadores, supone que esta muerte pudo haber sido planificada, ya que existen elementos en la misma escena, en el cuerpo, las comunicaciones telefónicas de la víctima, sus actividades realizadas antes de su muerte, testimonios de familiares, amigos, compañeros que han permitido descartar indicios de que Sherill quería suicidarse.

Sumado a esto, se conoció que la autopsia psicológica, que es el instrumento científico legal que investiga el perfil de la personalidad y los rasgos de la víctima, pondría evidenciar complementariamente la posibilidad de que la joven tomara la decisión de quitarse la vida por problemas pasionales o económicos.

Sobre este aspecto, los familiares han venido insistiendo en que la agente si bien tenía deudas, éstas no eran tan grandes como para suicidarse y las solventaba con el sueldo, entre esas deudas, se encuentra  la compra de un automóvil de segunda mano que no sobrepasa los 80 mil lempiras, de los cuales ya había pagado unos 30 mil, e  incluso tenía el apoyo constante de su familia.         

El celular fue introducido en agua  

El crimen estaba consumado al amanecer el domingo 10 de junio. Se encontró un único teléfono celular propiedad de la víctima. El aparato fue introducido a una jarra con agua que estaba en el piso, al lado de su cama, según consta en algunas fotografías de la escena del crimen, recogidas por la ATIC.  

Sin embargo, destaca mencionar que de acuerdo a la opinión vertida por testigos que también conocen la investigación, el celular inicialmente no estaba adentro de la jarra con agua; sino en el piso, debajo de la computadora de Sherill, contiguo a una caja de plástico. En otro momento también se observó que el celular aparece sobre la jarra, pero en ningún momento introducido en el agua de la jarra.

Otros compañeros  y amistades cercanas con quienes la victima conversó personalmente y vía celular, afirman que Sherill también sostuvo comunicación constante el fin de semana, días previos a su muerte, inclusive recibió la visita de su jefe a quien identificaron como Wilfredo García, con quien sostenía además de su relación laboral jerárquica una de tipo sentimental que todos conocían en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula.  

Así comenzó la trama de lo que podría haber sido una muerte “normal” o común en medio de la violencia y criminalidad que se vive a diario en Honduras, pero no fue así, se trataba de una agente del Ministerio Publico (MP), de la ATIC que paradójicamente tiene como función promover la justicia por feminicidios, muerte violenta de mujeres, entre una decena de delitos relacionados con crimen organizado, maras, pandillas, narcotráfico y corrupción.

En Febrero de 2016 el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, expresó que con la operación Avalancha apenas se había tocado “el hilo” de una madeja muy compleja que puede seguir dando más sorpresas, al reconocer que la MS-13 es una organización criminal que logró penetrar estructuras de los cuerpos de seguridad y hasta de otros sectores de la institucionalidad hondureña.

Los informes de inteligencia policial registran que la MS-13  opera en San Pedro Sula en al menos 69 barrios y colonias. En Tegucigalpa opera en 70 barrios y colonias y continúan expandiéndose hacia otros departamentos del país, con énfasis en la ciudad de Tela, en el atlántico y occidente. Cada vez un grupo criminal más sofisticado, afirma tanto la autoridad policial como los investigadores que trabajan el tema de las maras o pandillas.