Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en días pasados en la sede de la ONU en Ginebra el informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Nicaragua”, en el que la CIDH consignó los hallazgos de su visita de trabajo al país, que tuvo lugar del 17 al 21 de mayo, y reiteró las 15 recomendaciones preliminares que le formuló al Estado al término de esa misión de cinco días.
En las 97 páginas del documento, la Comisión reveló que “la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y siguió un patrón común”. De igual forma, indicó que, desde el inicio de las protestas el pasado 18 de abril, “la acción represiva del Estado ha producido, al menos, 212 personas muertas hasta el 19 de junio y 1337 personas heridas”.
Pablo Abrão
Abrão presentó oficialmente el reporte ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el viernes 22 de junio. En esa audiencia, el embajador de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó el informe de la CIDH y lo calificó de “sesgado y parcializado”.
Abrão habla de la respuesta de Nicaragua frente al informe, de la persistencia de la violencia a pesar de la cooperación del Gobierno con organismos internacionales y de los mecanismos previstos por la CIDH para acompañar al Estado en la solución de la crisis que enfrenta actualmente.
¿Cómo recibieron en la Comisión la reacción de Nicaragua frente al informe?
La Comisión entiende que la primera condición para llegar a la justicia y a una solución al conflicto que vive el país es la verdad. Entrar en un estado de negación no solo ofende a las víctimas, sino que también impide el avance de estos diálogos: no es posible superar los errores si no se reconocen.
De nuestra parte, me parece importante relevar las acciones objetivas que el Estado ha adoptado al aceptar la presencia de la Comisión en el país. Durante la visita nos facilitaron el acceso a todas las instalaciones y a las autoridades. Esperamos que esa conducta continúe por el bien de las víctimas y del pueblo nicaragüense, y para ampliar la capacidad de protección de los derechos humanos en el país.
¿Cómo es posible que Nicaragua esté cooperando con organismos internacionales como la OEA y la ONU y, sin embargo, la violencia en el país continúe?
Mientras funciona en el país una mesa de diálogo que intenta superar los principales impases que están dándose, a su vez sigue la represión en las protestas. Eso nos parece una ambigüedad de conducta inaceptable. El compromiso con el cese de la represión debe ser real, objetivo y medible: la Comisión solo ha aceptado acompañar el funcionamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo con esa condición.
El Estado ha repetido que los manifestantes usan la violencia en las protestas y que tienen propósitos desestabilizadores. ¿Cuáles fueron sus hallazgos en ese sentido?
Lo que observamos en el terreno fue que las manifestaciones en su origen tenían características claramente pacíficas y que sufrieron una fuerte represión, que a su vez ha generado una reacción por parte de la sociedad civil. Hoy lo que pasa en el país es que obviamente la violencia es creciente y tal vez eso tiene que ver con el hecho de que se amplía el sentimiento de injusticia y de desprotección por parte de los ciudadanos.
En Nicaragua no estamos en un conflicto donde hay dos lados de la sociedad disputándose el poder: se trata de un Estado que tiene la responsabilidad de mantener la protección y la seguridad de los ciudadanos y que debe respetar los estándares internacionales que indican que, cuando se necesite algún tipo de control en protestas o manifestaciones sociales, no se debe acudir a prácticas desmedidas del uso de la fuerza.
¿Cuáles son los mecanismos previstos por la CIDH para contribuir a la solución de la crisis en Nicaragua?
La Comisión ha diseñado dos instrumentos para acompañar la situación en Nicaragua: el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Con el primero entramos el domingo pasado, y ya tenemos un equipo en terreno que va a continuar dentro del país mientras la situación así lo requiera.
Este mecanismo tiene cuatro funciones especiales: seguir monitoreando y denunciando, acompañar el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas por la Comisión, dar asesoría técnica a la mesa de diálogo y seguir con procesos de capacitación y fortalecimiento de la sociedad civil.
La violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y siguió un patrón común.
La segunda herramienta, el GIEI, tiene dos objetivos: coadyuvar en las investigaciones y apoyar la construcción de un plan de atención a las víctimas.
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¿Cuándo entrará en funciones el GIEI?
El GIEI aterrizará en Managua el lunes. El martes vamos a hacer una conferencia de lanzamiento oficial, y entonces informaremos quiénes son los miembros.
¿Qué pueden hacer los Estados de la región para contribuir al desescalamiento de la violencia y a la solución de la crisis?
Ya hubo una primera reacción de los Estados miembros de la OEA que aprobaron resolución durante la Asamblea General. El último viernes, la Comisión presentó su informe ante el Consejo Permanente y recibimos el apoyo de varios de los Estados miembros, que contemplan sacar alguna nueva resolución la próxima vez que sesionen. Esperamos que los órganos políticos y el secretario general de la OEA sigan apoyando integralmente la labor de la Comisión.
