Sala de lo Constitucional se extralimita al pronunciarse sobre un tema que no se le consulta: IUDPAS

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), señaló este día que la Sala Constitucional se extralimita al pronunciarse sobre un tema que no se le consulta; y resuelve sobre una disposición normativa/reglamentaria para lo cual no tiene competencia.

En un comunicado señaló además que subyace en la actuación de la Sala Constitucional el concepto que los funcionarios todo lo pueden; un concepto tergiversado que atropella a instituciones y a otros funcionarios y que, en el peor de los casos, envía un mensaje de un poder arbitrario, absoluto, que está al servicio de los sectores de poder político.

Comunicado

Comunicado El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), después de conocer y analizar los documentos que sobre el fallo de la Sala Constitucional han realizado el Ministerio Público (MP), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y la opinión de reconocidos abogados del Foro de Juristas del país, se manifiesta en los siguientes términos:

1. Es evidente que después de once procesos electorales (1980-2017), el sistema político y los actores políticos-partidarios no han sido capaces de construir la institucionalidad que responda a los principios del Estado de Derecho, a las necesidades y problemas del país, ni de hacer frente a las demandas de la ciudadanía.
2. Preocupa y demuestra la precariedad institucional la poca confianza de los hondureños en las instituciones del Estado. Los datos de Latinobarómetro para Honduras revelan que solo 19 de cada 100 hondureños confían en el Poder Judicial, 14 tienen confianza en el Congreso Nacional, y 16 confían en los partidos políticos.
3. A la crisis poselectoral, no resuelta todavía, se suman en la coyuntura actual la confrontación y desencanto de la sociedad frente a algunas instituciones del Estado, motivados por la acción deliberada de sectores políticos y funcionarios estatales que, mediante acciones, desde las posiciones de poder que ostentan, están deteniendo, interfiriendo o retardando las acciones de la justicia y fomentando la impunidad.
4. El último acto es la resolución contenida en la Sentencia Judicial SCO-0189-2018RI sobre el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el apoderado legal de varios diputados imputados, sobre el convenio Gobierno de Honduras/ Organización de Estados Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
5. Esta sentencia de la Sala Constitucional desconoce la independencia funcional del Ministerio Público respecto a los demás poderes del Estado; la Sala Constitucional se extralimita al pronunciarse sobre un tema que no se le consulta; y resuelve sobre una disposición normativa/reglamentaria para lo cual no tiene competencia.
6. Subyace en la actuación de la Sala Constitucional el concepto que los funcionarios todo lo pueden; un concepto tergiversado que atropella a instituciones y a otros funcionarios y que, en el peor de los casos, envía un mensaje de un poder arbitrario, absoluto, que está al servicio de los sectores de poder político, y que apañan y protegen a quienes viven al margen de las leyes nacionales. Se olvidan los funcionarios que no tienen más potestades que las que les da la ley.
7. Preocupa el nivel de crispación política y de fractura social en que vivimos los hondureños, profundizada desde el año 2009 y reeditada en las elecciones del año 2017; y es peor todavía cuando desde las instituciones del Estado, en vez de trabajar para buscar las salidas y resolver los problemas nacionales, se toman decisiones y se emiten resoluciones que no solo profundizan la crisis y la crispación, si no que hacen de Honduras un país inhóspito para quienes aspiramos a vivir en un Estado de Derecho, e inclinan a los ciudadanos al fomento de prácticas ilegales y corruptas.
8. El ciclo de procesos electorales iniciado en 1980, de las instituciones y del sistema político, se está agotando; la crisis político-institucional y la tenacidad de las élites políticas a mantener los privilegios de antaño solo profundizarán la desconfianza, aumentarán la crispación y harán más largo y difícil el camino de construir la sociedad en la que anhelamos vivir los hondureños.
9. La corrupción ha creado e instalado redes en el poder político y económico, ha generado pobreza, mayor exclusión y ha profundizado la inequidad.

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COMBATIR LA CORRUCPIÓN Y LA IMPUNIDAD NO SOLO ES UN ANHELO DE LOS CIUDADANOS, ES UN DEBER DE LAS INSTITUCIONES CREADAS PARA ESTE PROPÓSITO. DETENER ESTA LUCHA ES UBICARSE DEL LADO DEL CRIMEN Y DEL DELITO.

 Ciudad Universitaria, Tegucigalpa MDC, 5 de junio de 2018