Por: Joaquín Mejía Rivera
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que uno de los graves problemas para los derechos humanos en el país es la situación de violencia e inseguridad generalizada, parte de la cual proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército “a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
La crisis política generada por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y su imposición a través de un fraude electoral, ratificó lo anterior y confirmó que el verdadero objetivo con la creación de la Policía Militar es consolidar el autoritarismo de Hernández mediante el uso de un ejército privado bajo sus órdenes.
Esta crisis es una continuidad de la generada por el golpe de Estado de 2009, cuyas violaciones a derechos humanos aún permanecen en la impunidad. Además, los responsables de los graves abusos a derechos humanos durante el golpe de Estado son los mismos de los años 80; y los responsables de los cometidos durante la crisis post-electoral son los mismos del golpe de Estado.
Es claro que tal impunidad es lo que ha propiciado la repetición crónica de estas transgresiones, ya que sin investigación y sanción de los responsables se agrava la debilidad institucional y se acentúa la desconfianza ciudadana en la democracia y las instituciones.
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Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta grave situación “probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”.
