Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-A criterio del diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera, las reformas aprobadas anoche en el Congreso Nacional sobre la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, son parte del “pacto de impunidad” que se ha venido confeccionando por parte de los corruptos.
El parlamentario, quien fue fiscal del Ministerio Público y férreo crítico de la corrupción, dijo que las reformas que fueron aprobadas con el voto de 70 parlamentarios del Partido Nacional, de partidos emergentes y de un grupo de diputados del Partido Liberal afines a Elvin Santos, tiene un fin oculto para proteger a los corruptos.
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Las reformas contemplan la no incautación de los bienes a las personas particulares o funcionarios, que sean acusados por los delitos de lavado de activos y otros relacionados a actos de corrupción, mientras sean objeto de un proceso judicial, sino una vez que hayan sido vencidos en juicios.
A criterio de Jari Dixon Herrera con las reformas se extingue el objetivo de la creación de la Ley de Privación de Dominio, “que era asegurar los bienes producto de presuntos actos delictivos y poder recuperar los bienes a favor del Estado”.
Ahora—señaló—pueden pasar muchas cosas sobre los bienes porque ya no será la Oficina de Bienes Incautados (OABI) que determinará la custodia de los bienes mientras haya una sentencia.
Por otra parte, apuntó que es casi seguro que aquellas personas a quienes se les han incautado bienes pedirán la aplicación de la retroactividad de la ley porque muchos de los casos podrán ser catalogados como materia penal.
“Lo más seguro es que los abogados penalistas que llevan estos casos de personas involucradas en estos delitos, seguramente van a pedir la retroactividad, porque si es materia penal. Cómo pueden decir los diputados en el Congreso que no es materia penal, si quien asegura bienes son los fiscales que tienen las acción penal y pública. Si quien aplica la sentencia es un juez de lo penal, cómo me van a decir a mí que no es materia penal, claro que es materia penal”, altercó.
También manifestó que con las reformas, alguien que sea acusado por el delito de lavado de activos no estará obligado a probar de dónde obtuvo los bienes sino que será el Estado que le deberá demostrar de dónde los consiguió y “eso va a ser imposible, porque por lo general el lavado de activos viene del crimen organizado y narcotráfico”.
En pocas palabras—dijo—para el Estado será muy difícil poder castigar a personas acusadas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir que muchos acusados saldrán libres y recobrarán sus bienes.
Para el congresista, la aplicación de la ley como se venía haciendo no se trataba de violentar el principio de presunción de inocencia sino de aplicar la probación de la carga acusatoria en el marco del derecho penal y que es aplicado en muchos países del mundo.
Amplio que en materia de derecho penal hay exenciones porque no es lo mismo que el derecho civil. A modo de ejemplo citó los innumerables casos de personas que están privadas de su libertad sin tener sentencia, porque el Código Procesal Penal establece una excepcionalidad porque no todo mundo está bajo libertad bajo la premisa constitucional de que se es inocente mientras no se le compruebe lo contrario.
Lamentó además que las reformas a la Ley de Privación de Dominio favorezcan a los testaferros, porque se establece que los “compradores de buena fe podrán rendir caución”, lo que a su juicio implica que de ahora en adelante no se podrá investigar “ni a los testaferros”, es decir, “que la MACCIH es una misión que ya se fue sin haberse ido, porque ya tiene pocas, pero muy pocas posibilidades de investigar casos de corrupción”.
TRASFONDO
El parlamentario consideró que las reformas a la Ley de Privación de Dominio tienen un trasfondo y es parte de un “pacto de impunidad” que han venido delineando los corruptos.
En ese marco de estructuración, recordó la reducción de penas para los delitos de corrupción en el Código Penal, la reforma ilegal a la Ley de Presupuesto, la reforma a la Ley de Privación de Dominio y la negativa para la derogación de la Ley de Secretos y para la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. “Todo esto se llama pacto de impunidad entre los corruptos o entre la clase política y económica de este país”.
