Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – La Sala Constitucional unos días atrás rechazó dos recursos en el auto de admisión presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otro por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fundamentándose en las mismas razones por las que hoy podría rechazar la acción de inconstitucionalidad para la MACCIH, señaló Edmundo Orellana en conversación con Criterio.hn.
Orellana, quien fue el primer Fiscal General de Honduras, agregó que en aquel momento dijo que esos organismos no tenían interés personal ni directo porque no les afectaba directamente la reforma de la Ley de Presupuesto y en este caso es igual porque el convenio, contra el que van, en su función lo que hace es colaborar con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para fortalecerlo en sus funciones de investigación y de presentación de requerimientos judiciales y de juzgamientos en materia de corrupción.
“Pero no entra directamente a tratar con los particulares, es decir ellos no investigan, no presentan acciones criminales ni juzgan, ni identifican sospechosos. Así es que, en ningún momento, por las funciones del convenio, podría decirse que hay algún hondureño que se sienta afectado por ese convenio”, analizó Orellana.
Esas razones, lo inducen a pensar que la Sala de lo Constitucional al admitir ese recurso, ha contradicho su propia decisión de hace un par de semanas atrás cuando rechazó las acciones presentadas por ASJ y el CNA.
Esa contradicción nos adelanta una decisión que podría ser muy dañina para Honduras, para su imagen y para las relaciones futuras con la comunidad internacional, porque el convenio de la MACCIH no solamente trae consigo esas funciones sino también recursos financieros que la comunidad internacional ha canalizado para sostener la Misión en el país, señaló Orellana.
De manera que declarar inconstitucional la ley que aprueba el convenio de la MACCIH, es dejar prácticamente en el aire toda esa cooperación internacional que se está dando, apuntó.
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Orellana refirió que no es nada tirado de los cabellos el pensar que los ocho diputados señalados estén detrás de esto porque quieren parar no tanto el trabajo de la MACCIH, sino el de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Ahondó que, cuando vieron que las acciones judiciales eran sólidamente construidas, emitieron una ley para que no los persiguieran, ahora que se sienten amenazados porque la UFECIC ha buscado otro camino para llegar a ellos, y un camino que va a tener resultados porque es evidente la comisión de un delito, entonces se van a la raíz, supuestamente desde la perspectiva de ellos, y es eliminar la MACCIH.
Eso equivale, señaló Orellana, como cuando usted tiene un enemigo y quiere deshacerse de él, entonces lo manda a eliminar.
