Por: Carlos Zelaya Herrera
Sin duda alguna que la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad es el desafío más grande para la institucionalidad del Estado, el gobierno y el bienestar de la sociedad hondureña de la actualidad.
Efecto que no inmuta a las redes sociales que ven lo acontecido como el sacrificio de un chivo expiatorio en prejuicio de la crisis política, las violaciones de derechos humanos y la cuestionada legitimidad del régimen de Juan Hernández, del Partido Nacional.
Ambos flagelos están presentes en el continente, siendo los más recientes el del ex presidente Álvaro Colom, en Guatemala; los de ex presidentes de Brasil, Dilma Roussef y Luis Inacio Lula Da Silva; y Alejandro Toledo y Ollanta Humala, en Perú, como lo es el de Fernando Collor de Melo, el primero en la patria carioca y del continente en 1992.
Analistas del acontecer nacional, empresarios y entes como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, estiman que cada año el país pierde unos 10 mil millones de lempiras a causa de la corrupción.
El flagelo, con raíces que parten desde la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, por más de 600 millones de lempiras a finales de la década de 1970, se extendió ampliamente a lo largo de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, el año 1982 a la actualidad, colocando al país como el de mayor índice de corrupción en el continente, según el informe más reciente de Transparencia Internacional.
En 1994 la Cámara Legislativa sanciona la ley que crea el Ministerio Público, que radica 13 procesos judiciales contra el ex presidente Rafael Leonardo Callejas, entre otros; y, en 2005, varias entidades de sociedad civil dan vida al Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que planteó las primeras acusaciones por esa clase de delitos ante la fiscalía, aunque sin muchos resultados tangibles desde la perspectiva jurídica del país
El mal se consolidó con el golpe de Estado que en junio de 2009 depuso al presidente liberal, Manuel Zelaya, al debilitar la separación de poderes y la estructura de la institucionalidad pública debido a la injerencia político-sectaria.
Ante la imposibilidad de tomar el binomio corrupción-impunidad por los cuernos, se acumularon retos que desembocaron en la apertura del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción, desde donde se incoaron juicios a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa por el fraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por más de siete mil millones de lempiras y la muerte de más de dos mil derechohabientes.
No obstante, la percepción social es que esta se aquietó lo que dio espacio a las masivas protestas de Los Indignados en 2015 y 2016, que con antorchas en mano demandaban la presencia en el país de un organismo similar a la Comisión Internacional Contra Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG.
Con el abrigo de la Organización de Estados Americanos, OEA y del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, en 2016 se firma el convenio del Proyecto Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH, con lo que el país ingresa a una etapa inédita en el ataque a ese grave problema social.
A partir de ese entonces se crea lo que hoy la vocera interina de la MACCIH, la fiscal internacional Ana María Calderón Boy, denominó circuito contra la corrupción en Honduras, formado por dicha entidad, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC del Ministerio Público y el Tribunal Anticorrupción.
Es así como este miércoles, 28 de febrero, la UFECIC/MACCIH, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Policía Militar, Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las viviendas de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena de Lobo y la de su cuñado, Mauricio Mora, acusados de asociación ilícita, malversar caudales públicos y lavado de activos; malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el segundo caso.
Proceso trascendente e histórico, debido a que, con el mismo Honduras al lado de las naciones de la región en procesar por corrupción a altos cargos públicos, una lucha que rememora casos como el de Lava-Jato, que implica a la constructora Odebrecht y a 17 gobiernos del continente y los Panamá Papers, que no ha tenido repercusión alguna en el país.
Hasta mediados de febrero de este año 42 hombres y mujeres ejercieron 45 administraciones entre 1990 y 2018 desde Guatemala a Panamá, y 19 de ellos están o fueron cuestionados de actos ilícitos ligados a su ejercicio en la presidencia o por hechos posteriores a ellas.
La estela de retos por la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa persisten ante las cuestionadas reformas a la Ley de Presupuesto, que la MACCIH llamó Pacto de Impunidad, el enjuiciamiento de la Red de Diputados por el manejo de fondos de ayuda social; la derogación de la Ley de Secretos y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otros.
Un comentario
Veremos como termina esto, pero Dna Rosa no es el fin de esto. Tirarla como carnada para calmar las masas indignadas es lo que estan haciendo, y esperar que es suficiente y asi tapar a los demas. No va a funcionar. Hondurenos estan despiertos. Quieren que ella sea el comienzo no el final de todo esto. Y tienen razon.