Por: Redacción CRITERIO/periodismo colaborativo con Reporteros de Investigación

Publicado en Derechos Humanos, Historia de Honduras

 17 Aug 1983, Tegucigalpa, Honduras — General Gustavo Alvarez Martinez — Image by © Claude Urraca/Sygma/Corbis

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Tegucigalpa, Honduras. El informe en “Búsqueda de la verdad que se nos oculta” del excomisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, revela documentos que evidencian el  apoyo militar de Estados Unidos a fuerzas militares hondureñas implicadas en asesinato de hondureños, en la década de los 80.

El 9 de septiembre de 1983, cinco helicópteros UH-60 blackhawk del Batallón de Aviación 101 de Fort Campbell, Kentucky, fueron vistos volando sobre el oriente de Honduras. El 20 de septiembre de 1983, oficiales estadounidenses vinculados con la “Operación Patuca” dijeron al noticiero CBS que:

“Los blackhawks estaban transportando a tropas hondureñas en el área de combate y realizando vuelos de reconocimiento para ellas.” El Pentágono denegó este informe.

Más tarde, el Departamento de Estado expuso la versión oficial del Gobierno de los Estados Unidos sobre los acontecimientos en una carta a la familia Carney (Víctima de desaparición forzada), declarando:

“El 9 de septiembre cinco helicópteros estadounidenses transportaron 50 tropas hondureñas de Dulsuna a un lugar ubicado al noreste de Dulce Nombre de Culmí. Los dos puntos están dentro de la jurisdicción de La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, colindando con el departamento de Olancho. Como parte de un ejercicio de entrenamiento de movilidad aérea, helicópteros estadounidenses que estaban operando en el área para llevar provisiones a los refugiados, fueron también autorizados a llevar a cabo una petición del gobierno hondureño, a fin de que soldados del 5to. Batallón hondureño fuesen transportados a Wanpursirpe. La intención del gobierno hondureño era emplear a estos soldados para evitar que los guerrilleros escaparan por la parte inferior del Río Patuca, a la región de La Mosquitia. Estos soldados hondureños no participaron en actividades de combate contra los guerrilleros, pues ellos estaban a una distancia de 150 kilómetros de la región Cordillera entre Ríos en Olancho, donde las escaramuzas tuvieron lugar.”

Si ésta versión es verdadera se podría eximir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de involucramiento directo en el combate que ocurrió el 9 de septiembre. Pero su veracidad no está clara. Un artículo, publicado en la revista The Nation citó a un alto oficial militar hondureño, no identificado, quien estaba cerca, insistiendo que:

“asesores militares estadounidenses jugaron un rol de comando y control en las acciones de contrainsurgencia, pasando información por la radio a las tropas en tierra.”25

Documentos desclasificados contienen referencias que son bastante inquietantes sobre el destino de los guerrilleros capturados. Por ejemplo, en una carta del 11 de noviembre de 1983 dirigida a familiares de Carney, el General Alvarez Martínez, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, explicó que:

“Los otros seis detenidos quienes no fueron entrevistados por la familia Connolly-Carney estaban participando durante aquellos días en operaciones de patrullaje con la Fuerza Especial Patuca, como guías para encontrar depósitos de armas escondidas. Para nuestro asombro, aquellos individuos en quienes depositamos mucha confianza, el 3 de octubre de 1983, al amanecer trataron de escapar en grupo, poniendo en peligro las vidas de todos los elementos del patrullaje causando una escaramuza en la cual perdieron sus vidas”.

Es presumible que los guerrilleros capturados estaban desarmados y vigilados por un número de soldados hondureños. Dada esa circunstancia, “una escaramuza” con el resultado de la muerte de todos los guerrilleros no parece ser lógica. Las circunstancias que rodean la muerte de estos guerrilleros capturados debería ser investigada con mayor profundidad.

Otro informe elaborado por el capitán del ejército estadounidense, Ronald L. Glass y aprobado por el coronel de la Fuerza Aérea, Dale W. Bollert, es superficial, pero da lugar a más preocupaciones en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. Este da los nombres y los seudónimos de otros seis guerrilleros y después declara en forma directa que:

“Hubo señales mezcladas entre la HO INTEL (Inteligencia hondureña) la DIN (Dirección de Investigación Nacional) sobre el status de “capturado” de estos seis individuos. Otro informe sugiere que ellos no están en custodia de la DIN, sino que fueron identificados y escaparon. Si ellos están en custodia de la DIN, el valor del interrogatorio podría ser significativo y podría servir a los propósitos HO (hondureños) de mantener a los individuos en una casa segura y mantener su status en duda.” 22

El Comisionado no logra entender como hubiese servido a Honduras mantener el status de las personas detenidas en “duda”, excepto, por supuesto, que esto fuera una recomendación sutil para “desaparecer” a estos guerrilleros sospechosos. El destino de estos individuos deberá ser investigado.