Por: Gustavo Zelaya
A los que batallan contra el fraude electoral y contra la injusticia de la pandilla mafiosa en el poder los tildan de irracionales y ser violentos; según el presidente del partido cachireco, Reynaldo Sánchez, bloquear carreteras en el mes de la navidad atenta contra de la unidad familiar; el santo ministro Ebal Díaz los trata de mareros culpables de toda la crueldad y el horror del mundo. En esa línea vomita Ricardo Alvarez, Rata Gorda y un obscuro ex canciller. Del pensamiento cavernario de esos individuos no tienen culpa ni la madre ni el padre; esa pandilla cachireca ha ordenado a cobardes armados que repriman, golpeen y disparen contra valientes personas desarmadas. Han pasado 24 días del robo electoral y al menos hay 24 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad, mientras que los tildados como revoltosos no han matado a nadie.
Nada de eso impide que entusiastas seguidores de la mafia narco política encabezada por Juan Hernández; incluyendo viejas o recientes amistades que, incrédulos o no, finjan desconocer los crímenes de ese grupo demente y criminal como el asalto al seguro social, los estrechos vínculos con narcos, sean socios de expoliadores de bosques y ríos, íntimos amigos de refinados banqueros que ordenaron el asesinato de Berta Cáceres. Cualquiera puede pensar que no es posible que aplaudan al mentiroso y troglodita gobierno, que crean que se preocupan por el bien nacional. Que todos los malos son ñangaras y que las virtudes más elevadas se concentran en Juan Hernández. Incluso, pastores, sacerdotes y los ilusionistas de esa calaña como Omar Rivera, Carlos Hernández y Julieta Castellanos pidan el diálogo en nombre de la paz cachureca que es igual a la paz de los cementerios. Todo en nombre del bien común.
El aparente respaldo de la Unión Europea, cumpliendo tareas del gobierno norteamericano, el rol de organismos financieros internacionales; de Colombia que trasmite prácticas criminales a policías y militares; de Taiwán, gran promotor de la corrupción política en Centroamérica; de Israel, que proporciona tecnología para perseguir personas e infiltrar organizaciones populares y ciertos países europeos que protegen al dictador; todos dan pautas para superar la crisis nacional. El poder imperial simulando ceguera respecto al control del ejecutivo sobre las degradadas instituciones, indica acudir a instancias legales locales; sus sirvientes de la OEA, “ante la imposibilidad de determinar un ganador” recomiendan repetir las elecciones desconociendo el triunfo de la oposición. ¿Con el mismo ilegal candidato? ¿con la misma autoridad electoral?
Ni siquiera la ambigüedad del comunicado del secretario de la OEA es tomada en cuenta por la tradicional y entreguista prensa nacional. Afirma el secretario que el proceso fue irregular, deficiente, de baja calidad técnica y fraudulento, o en modo Almagro: “carente de integridad”. Esa prensa obsequiosa y tan bien pagada por Juan Hernández nunca se va a interesar en preguntarse cuáles fueron las “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”; quién realizo la “eliminación intencional de rastros digitales”; averiguar quién vulneró el sistema; quién introdujo “valijas de votos abiertas o sin actas”; cómo explicar la “improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento”; quién ordenó “papeletas de voto en estado de reciente impresión” y quién es el dueño de la empresa contratada para tales asuntos. Sobre todo, se encargan de censurar la respuesta del pueblo en defensa de su derecho a decidir.
Es claro que merecemos ejercicios electorales democráticos, de calidad, con garantías, procesos que pueden ser posibles, pero lejos del poder mafioso impuesto a los hondureños, sin la influencia norteamericana, con otras reglas, con otro pacto social. Cuestión que no conviene a los que han gobernado desde hace más de cien años. Para frenar la lucha del pueblo siguen con el cuento de fortalecer las podridas instituciones públicas, profundizar las reformas sociales y, por supuesto, ajustes fiscales, eso que aumenta el desempleo y la violencia; apoyos condicionados en pro del sistema “democrático” que genera corrupción y fomenta impunidad.
Nota relacionada Declaratoria de las elecciones aún no está firmada: Mel Zelaya
No puede ser diferente. Promueven su cultura electoral para mantener al país dentro de los cauces del orden y la corrección del proyecto capitalista. Es decir, profundizan el modelo económico neoliberal con lo que implica: devaluaciones, rescates financieros, reducción de la inversión social, intervención de los fondos de pensiones, privatizaciones, venta de porciones del territorio nacional, aumento de la deuda externa, violaciones a los derechos humanos y persecución de defensores y defensoras de esos derechos; es decir, más impunidad y corrupción sin que haya espacio para un ideal social que ponga como punto de partida y tarea principal la digna reproducción de la especie humana.
19 de diciembre de 2017
