Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) ha enviado una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denunciando que ese organismo ha aprobado en Honduras, fondos para las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) sin realizar la consulta previa e informada que manda el Convenio 169 de la OIT.
Manifiestan que la instalación de esas ZEDES o Ciudades Modelo son una severa amenaza para la sobrevivencia del pueblo Garífuna como cultura diferenciada, ante la expulsión premeditada de nuestro pueblo de su territorio ancestral, como efecto de la creación de estados cuasi independiente, en los cuales existirán su propios sistemas de justicia además de seguridad.
A Continuación la Carta Enviada
15 de Noviembre del 2017
Señor
Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo, BID Washinton D.C
Estimado señor Moreno:
Reciba usted un atento saludo de parte de nuestra organización y del pueblo Garífuna de Honduras
Esta nota es en relación al Proyecto HO-L1191: Apoyo a la Atracción de Inversiones y Creación de Empleo en Honduras, el cual en el portal de la institución que usted dirige, está destinado para al Gobierno de Honduras en la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
Las ZEDE conocida originalmente como “ciudades modelo”, se han convertido en una severa amenaza para la sobrevivencia del pueblo Garífuna como cultura diferenciada, ante la expulsión premeditada de nuestro pueblo de su territorio ancestral, como efecto de la creación de estados cuasi independiente, en los cuales existirán su propios sistemas de justicia además de seguridad.
El Estado de Honduras en ningún momento ha efectuado consulta previa alguna con el pueblo Garífuna sobre las “ciudades modelo”, ya sea en el marco de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (2011), o en la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Ecónómico (2013).
La idea original de las ciudades modelo fue concebida por el Sr. Paul Romer, el que actualmente se desempeña como Economista en jefe del Banco Mundial. Romer se retiró del proyecto en septiembre de 2012 (1), indicando que no existía las condiciones para continuar formando parte del comité de transparencia de las “ciudades modelo”
Para el mes de octubre de 2012, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) conocidas como “Ciudades Modelo”, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (2). Posteriormente en diciembre 12 el Congreso Nacional defenestró a la Corte Constitucional, dando lugar a la desaparición de la independencia de poderes; situación que agravó aún más el intrincado panorama político del país (3).
Para agosto del 2013, fue aprobada la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo de Económico (ZEDE), que suplantó a la Ley RED, después de haber efectuado una serie de reformas constitucionales (4).
Un informe de la Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, publicado en septiembre de 2014, efectúa un exhaustivo análisis jurídico. En sus conclusiones indica que “La descripción a grandes rasgos presentada en la misma Ley ZEDE quitará a los ciudadanos derechos garantizados en la Ley hondureña e internacional, y la implementación de esas zonas amenaza con violar una amplia gama de derechos protegidos a nivel internacional. En vez de cumplir con sus obligaciones de velar por sus ciudadanos, Honduras está cediendo esas obligaciones a inversionistas internacionales que se centran en aumentar las ganancias y no proveer la seguridad económica y personal” (5).
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en las observaciones finales sobre el informe presentado por el Estado de Honduras, publicada el 13 de marzo de 2014, señaló que “El Comité solicita al Estado parte que proporcione mayor información sobre la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El Comité recomienda al Estado parte que examine la compatibilidad de dicha ley con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte, en particular aquellos instrumentos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes, tomando en cuenta el rango constitucional que tienen los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte”.
La CIDH en su informe final de la visita a Honduras en el 2015 señaló que “urge al Estado de Honduras a implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación y el empleo. Cualquier iniciativa, programa y política relativa a los pueblos indígenas y afrodescendientes deben ajustarse a sus necesidades y preocupaciones y debe ser consultadas con estos grupos”.
La Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señaló en su informe que “Otra gran preocupación es la propuesta creación de ciudades modelos bajo la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico que comprende la construcción de infraestructuras para zonas con un régimen legal y económico propio y sus propias fuerzas de seguridad. Las ciudades modelo afectarían a 24 comunidades Garífunas entre las regiones del río Sico y la Bahía de Trujillo, incluyendo por desplazamientos forzosos. Se informó sobre los planes para la reubicación de 3.500 personas de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla para facilitar la construcción y ampliación de infraestructura para una ciudad modelo en Trujillo. Miembros de esa comunidad informaron que no fueron consultados sobre el proyecto y se han opuesto a su reubicación, tras haber sufrido dos reasentamientos en décadas anteriores” (6).
En relación a la reubicación de Puerto Castilla, existe un documento sobre las ZEDE en la Bahía de Trujillo, en el cual mencionan la reubicación de habitantes de Castilla a Trujillo y Santa Fe. Para nuestra organización es altamente preocupante que exista la planificación de la supuesta reubicación sin que se haya efectuado una consulta previa con la comunidad, siendo que esta ya ha enfrentado relocalizaciones en el pasado, además del incumplimiento de las promesas efectuadas por la Empresa Nacional Portuaria desde hace cuatro décadas.
El manejo de la información tanto en la administración de Porfirio Lobo como de actual presidente Juan Orlando Hernández, no ha sido prístina, violando los derechos de los pueblos indígneas especialmente las de aquellas comunidades, cuyos territorios han sido incluido dentro de proyectos de supuesto desarrollo. El portal de las ZEDE en la internet se caracteriza por una ausencia de información y prácticamente no ha sido actualizad en los últimos años, dando lugar a una enorme desinformación sobre las ciudades modelo y el alcance de los proyectos formulados.
A diferencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las ZEDE son promocionadas como futuras ciudades-estados, con sus propios sistemas de justicia y seguridad, a diferencia de las de tres mil ZEEs existentes en el planeta. Esa característica específica de la “idea” de Romer, ha suscitado enormes suspicacias entre las comunidades y pueblos indígenas donde el Estado ha indicado la posible localización de las ZEDE y se espera una mayor desprotección jurídica, de la ya de por sí existente.
Para el año 2012 el Estado de Honduras firmó una carta de compromiso con la República de Mauricio con el propósito de tercerizar la justicia en las presuntas ciudades modelo de Honduras. La isla de Mauricio tiene la reputación de ser un reconocido paraíso fiscal. Con el advenimiento de las ZEDE, persiste la tercerización de justicia (&) . Cabe señalar que William Rahn, miembro del CAMP de las ZEDE forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. La presencia del Sr. Rahn entre los miembros del CAMP ha alimentado la creencia que las ZEDE se convertirán en paraísos fiscales, especialmente que la ODCE efectúa presiones para finiquitar los paraísos fiscales en las islas asociados a la Mancomunidad Británica (8).
Ciertamente uno de los personajes dentro de los miembros del CAMP que más ha desatado controversia, es la Sra. Barbara Kolm, actual presidente del CAMP, es integrante del partido austriaco FPO, de innegables tendencias antimigratorias, y el que cuenta además con miembros de tendencias neonazi. La presencia de la Sra. Kolm en el CAMP induce a pesar que existirá una política con tintes racistas para controlar la supuesta población que se radicará en las ciudades modelo y el desplazamiento de las poblaciones locales (9).
Finalmente quisiéramos señalar que la Sra. Vicky Tauli Corpus efectuó una visita a Honduras en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, ante la distorsión que se estaba dando como resultado de la imposición del anteproyecto de ley elaborado por el Estado con el apoyo del PNUD-Honduras. En su informe indica que “En este sentido, sería apropiado que el Gobierno demuestre su compromiso y buena fe decretando una prórroga para la aprobación y operación de proyectos de desarrollo o inversión u otras actividades similares que pudieran afectar a los derechos de los pueblos indígenas hasta la conclusión satisfactoria de un nuevo proceso de diálogo y la entrada en vigencia de la ley de consulta previa, producto de ese diálogo, que sería aplicada a esas concesiones o proyectos” (10).
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EL BID aparentemente apoya el Fondo de Inversión Turística, el que se integra a la recién aprobada Ley de Incentivos al Turismo, la cual coloca en riesgo los territorios de los pueblos indígenas que habitamos en la costa norte de Honduras. El proyecto no fue consultado con las comunidades que potencialmente seremos afectadas, ignorando el Estado de esta forma las recomendaciones brindadas por la relatora Tauli-Corpuz.
Finalmente indicamos que el estado de Honduras fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la violación de la consulta previa en el 2015, en los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha la administración de Juan Hernández no se ha apegado a las resoluciones de las sentencias. Es de esperar que el BID asuma apegarse a sus directivas operacionales y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.
