Hace falta una “Agenda de exigibilidad de derechos” para la población excluida

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Una “Agenda de exigibilidad de derechos”, orientada a generar un proceso de diálogo y consenso a partir de acciones a corto, mediano y largo plazo, que debería impulsar el Estado de Honduras para mejorar las condiciones que permitan la plena vigencia de los derechos humanos de la población excluida, fue presentada hoy en Tegucigalpa.

La propuesta forma parte de un estudio que recoge desde el año 2009 a la fecha, las recomendaciones priorizadas por diversas organizaciones sociales y del sector público, y la revisión, análisis documental e interpretación de documentos en relación con el orden jurídico e institucional, las políticas públicas, programas y proyectos concretos, y las instituciones del Estado responsables de su cumplimiento, para responder a las necesidades de la población.

Este es un primer paso en el camino que hemos iniciado con sociedad civil para que se reconozca, no solo entre los funcionarios sino también entre la misma sociedad civil, que no podemos hablar de democracia si no hablamos de Estado de derecho, señaló Josué Murillo, representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés).

La investigación Derechos Humanos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, realizada por el Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, analiza la situación de los DD. HH. En Honduras de la población migrante; niñas, niños y jóvenes; mujeres; pueblos indígenas y afrodescendientes; personas con discapacidad; defensoras de derechos humanos, y lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

El documento precisa que actualmente, el Estado de Honduras se enfrenta a muchos desafíos en materia de DD. HH., los que se deben afrontar “dando estricto cumplimiento a la normativa vigente, mediante la revisión de los vacíos de (la) ley y enmienda de los mismos, así como con la incorporación de una agenda de exigibilidad de derechos de grupos vulnerables, de acuerdo con las demandas de la población”.

Estamos conscientes que la credibilidad  de una democracia depende de cómo funciona en la práctica y como se benefician sus ciudadanos, expresó Deborah Ullmer, directora del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

Señala que durante las primeras décadas de este siglo, desde distintos organismos internacionales de DD.HH., las organizaciones de la sociedad civil, el Examen Periódico Universal (EPU), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la Comisión de Verdad, el Estado de Honduras ha recibido una serie de recomendaciones para avanzar y responder al desafío de la satisfacción plena de los derechos de la población.

Aclara que si bien en su mayoría estas recomendaciones fueron recogidas en la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022, hay demandas que todavía se mantienen, por lo cual se ha generado esta nueva agenda que requiere una necesaria coordinación y complementariedad con iniciativas que están en marcha, tanto a nivel nacional como en la región.

En su mensaje, la subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Norma Cerrato, apuntó que “estamos firmemente comprometidos con no dejar a nadie atrás”, y recalcó que los sectores discriminados  identificados en esta  agenda, son prioritarios en las acciones de este Gobierno.

El estudio fue coordinado por el NDI, uno de los socios estratégicos del Proyecto Regional de DD. HH. y Democracia que es liderado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés), y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USA).