Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Ha pasado aproximadamente un mes desde que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante el Ministerio Público (MP), la denuncia sobre las irregularidades en el proceso de contratación que efectuó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de varios proveedores que fueron responsables de la transmisión de los resultados electorales entre 2009 y 2013.
Las empresas señaladas por el CNA en este caso son MapaSoluciones; Instalaciones Eléctricas; Redes de Datos y Telefonía, S. de R.L. (Intelred), Empresa Geotech y Corporación Majo S.A. de C.V., todas ellas relacionadas entre sí y con vicios de ilegalidad en su conformación constitutiva.
Aunque la denuncia debió ser motivo de profunda preocupación y de una respuesta inmediata por la desconfianza que ha generado sobre la legitimidad del presente proceso electoral, prácticamente no hay señales que indiquen que el caso haya sido tomado en serio y esté siendo investigado por los operadores de la justicia.
Asegurar la transparencia y confianza de la transmisión de resultados del próximo proceso electoral que se celebrará en noviembre próximo, pasa por tomar medidas que generen confianza en el electorado hondureño y garanticen que el día de las elecciones se efectuará una transmisión de resultados fiable y fluida, respetando la voluntad popular en las urnas.
Partiendo de las evidencias presentadas por el CNA, la coalición no Partidaria de la sociedad civil, Observación N-26, insta al Ministerio Público a acelerar las investigaciones sobre este caso, para ofrecer una respuesta pronta y oportuna, porque de estos resultados dependerá en gran medida, el incremento de la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral del Estado.
Solicitamos a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH), acompañar estos procesos de investigación del MP, dándole la prioridad que este caso amerita, para llegar a revelar la verdad en el corto plazo.
De no tomarse las medidas a tiempo, este caso puede generar graves dudas sobre los resultados electorales, afectando no solo los derechos de la ciudadanía, sino además la gobernanza de quién resulte ganador en este proceso electoral.
