Tomado de Diario La Prensa de Nicaragua

Por: Leonor Álvarez y Emiliano Chamorro

CRITERIO retoma este artículo a profundidad publicado este sábado en diario La Prensa de Nicaragua, mediante el cual se hace una reflexión y análisis sobre las constantes violaciones a la Constitución que hace el presidente de la vecina nación para perpetuarse en el poder.

A continuación el contenido del artículo de manera íntegra:

Actuar de facto ya es una marca del gobierno de Daniel Ortega, según abogados y críticos, para quienes varios hechos demuestran que lo que impera en el país es el intento de una persona por revestir de legalidad a su administración.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez afirmó que “ninguna actuación ilegal se corrige con la legalización de una ilegalidad” y lo que ha demostrado es el control de todos los poderes del Estado, y en consecuencia el irrespeto a la Ley.

Ortega se reeligió en 2011 de manera ilegal, a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el artículo 147 de la Carta Magna que prohibía la reelección consecutiva. Sin embargo, fue hasta 2014 que logró reformar la Constitución Política para legalizar su actuación, porque fue hasta ese momento que tuvo mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, como resultado de unas votaciones fraudulentas.

Gobernando por decretos, el caudillo sandinista ha prorrogado en su cargo a funcionarios públicos, aunque no tenía atribuciones para hacerlo, luego sus diputados intentaron nuevamente legalizar lo actuado.

“Ellos han entrado en una costumbre ilegal e inconstitucional, de actuar sin respeto de los límites jurídicos, y cuando les da la gana, cuando ya han cometido diversos atropellos, entonces deciden legislar porque hay una presión social, porque están pagando un costo político, porque quieren guardarse la espalda tal vez de futuro a una situación internacional”, explicó Álvarez.

Pero Azahálea Solís, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), expresó que aunque Ortega quiere dar una apariencia de legalidad, no puede enmendar la violación previa que ya hizo. Entre las víctimas de sus actos está la propia Ley contra violencia hacia las mujeres (Ley 779). Solís manifestó que pudieron haber hecho hace dos años la reforma a esa ley, pero no la hicieron, se fueron por el reglamento y por la ilegalidad.

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Subordinados al mandatario

El abogado y exdiputado opositor Raúl Herrera afirmó que el gobierno de Daniel Ortega anuló el Estado de Derecho desde que comenzó a actuar al margen de la Ley, convirtiendo a las otras instituciones y poderes del Estado en “organismos subordinados, sin independencia y que solo esperan órdenes”.

“Tanto la Corte (Suprema de Justicia), la Asamblea, la Contraloría hacen un rol cero en este país y se convierten en oficinas ejecutoras del Frente Sandinista”, dijo el exdiputado.

Nicaragua figura en la lista de países que viven bajo “un autoritarismo moderno”, según el organismo de derechos humanos Freedom House, al mismo nivel de otros gobiernos como Venezuela, Bolivia y Rusia.

Ellos (el Gobierno) han entrado en una costumbre ilegal e inconstitucional, de actuar sin respeto de los límites jurídicos”: Gabriel Álvarez,abogado constitucionalista.

“Circo y parques tienen un límite”

El politólogo José Antonio Peraza dice que al concepto de “autoritarismo moderno” se le llama “autoritarismo electoral” en las ciencias políticas.

“Son regímenes que no practican la democracia pero no recurren a la represión abierta. Organizan elecciones para obtener legitimidad democrática con la esperanza de obtener el beneplácito tanto de los actores externos como internos”, dice el especialista en temas electorales.

Peraza caracteriza al régimen de Daniel Ortega después que se conoció que el organismo Freedom House puso a Nicaragua entre los países que viven bajo “autoritarismo moderno”.

“La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario real no está en las instituciones formales sino en las prácticas reales del poder. Hay muchos métodos para evaluar regímenes políticos. Sin embargo, la pregunta básica es: ¿Qué tipo de elecciones deben darse para establecer si son elecciones de una autocracia electoral o de una democracia?”, añade.

En Nicaragua ya no podemos decir que hay Estado de derecho, todos los poderes del Estado actúan al unísono del mandato del partido Frente Sandinista”: Raúl Herrera, abogado y exdiputado opositor.

Para Peraza, las estrategias más utilizadas por “los autoritarismos electorales” son el fraude electoral y la manipulación política.

“Si un régimen aplica una de estas dos estrategias estamos ante un régimen autoritario electoral. La diferencia del régimen de Ortega, como bien dice Carlos Ponce (director para América Latina de Freedom House), es que ha dejado avenidas abiertas para el desarrollo de la empresa privada en algunos negocios del Estado”.

Sin embargo, Peraza explica que el mayor riesgo de Ortega está empezando a manifestarse en el descontento de la población, aquejada por las dificultades económicas, la corrupción, la falta de sensibilidad para resolver los temas más sentidos.

“El circo, los parques, la diversión tienen un límite, porque la gente sigue teniendo los problemas de la carestía de la vida, la falta de trabajo y oportunidades, la dificultad de educar a los hijos. El régimen ya va por su tercer período con control total del poder para hacer y deshacer. No puedo achacarles a otros su fracaso”, razonó.

La tarea para el experto debería estar enfocada en que la sociedad civil demuestre que lo proyectado por el Ejecutivo es un espejismo que ha beneficiado a muy pocos. Peraza dice que se le debe hacer estallar en la cara sus mentiras.

Los empresarios no pueden cerrar los ojos ante el deterioro institucional que amenaza con frenar el crecimiento económico del país, que es supuestamente la justificación de la alianza del Cosep y Ortega”: José Antonio Peraza, politólogo.

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