Por: Víctor Meza
Así debe ser, aunque a primera vista resulte más difícil y azaroso el camino. Las fuerzas de la oposición política, al margen de sus matices ideológicos o discrepancias doctrinarias, están obligadas a construir plataformas de unidad que les permitan enfrentar la ofensiva oficial en contra de la institucionalidad democrática.
En la medida que el gobierno – Poder Ejecutivo – debilita la institucionalidad, a fin de concentrar cada vez más facultades y funciones en sus manos, en esa misma medida se pierde la posibilidad de controlar y moderar las acciones del poder. Y, si eso es así, se abren las puertas para todo tipo de tendencias autoritarias y abusivas que, más temprano que tarde, acaban acaparando todas las esferas del poder público, restringiendo los valores del republicanismo democrático, pervirtiendo la doctrina de la separación de poderes y, en definitiva, sentando las bases para un régimen de carácter dictatorial y absolutista. Ese es el camino perfecto hacia una dictadura “constitucional”, una especie de burda y grotesca “monarquía republicana”.
La concentración desmesurada del poder anula la institucionalidad democrática y desvirtúa el proceso de construcción de cultura política plural e incluyente. Reduce las posibilidades de controlar y moderar los abusos que, con frecuencia cada vez mayor, se cometen desde la impunidad del poder. La acumulación de poder acaba, finalmente, anulando la vigilancia social y la participación ciudadana.
El gobierno actual, desde antes de tomar posesión, dio muestras suficientes de su vocación concentradora del poder. La “decretorragia” que sufrió el Congreso saliente, presidido entonces por el actual gobernante, fue la mejor muestra de ello. En menos de seis meses, sobre todo en las últimas semanas, sumisos y despistados legisladores aprobaron decenas y decenas de decretos y leyes orientadas, en su mayoría, a construir la plataforma de autoridad abusiva que el futuro gobernante consideraba necesaria para sus propósitos políticos. No les importó recortar facultades a otras instituciones, romper el equilibrio que debe existir entre los Poderes del Estado, invadir jurisdicciones ajenas o cercenar iniciativas prometedoras y positivas; lo importante era satisfacer las ansias acumuladoras de poder y afianzar las tendencias autoritarias que ya se veían venir desde entonces.
Y, si esto es así, ¿qué debe hacer y qué está haciendo la oposición política actual? La oposición, en una sociedad democrática o en transición hacia la democracia, es opción o no es. Se convierte en alternativa viable o se anula a sí misma y desaparece. Se recicla en un club de opositores, tertulia de críticos, asamblea de disidentes. Se evapora y reconvierte en apéndice, en instrumento dócil, en complemento cosmético del poder autoritario. Es una suma de opositores, pero no es oposición.
Por supuesto, la oposición es diversa y plural. En su seno convergen fuerzas y grupos políticos diferentes, con ideas propias y propuestas particulares. No es homogénea. Y ¡qué bien que así sea! Su diversidad debe ser entendida más como una fortaleza y no como una debilidad. Debe ser asumida como una posibilidad para construir alianzas mínimas, sectoriales, puntuales, que permitan, después, articular los acuerdos estratégicos que vayan más allá de los arreglos tácticos de cada coyuntura. De eso se trata: de construir consensos mínimos para alcanzar acuerdos básicos; de avanzar desde las coincidencias tácticas hacia la convergencia estratégica.
Pero este proceso hay que hacerlo desde las bases, de abajo hacia arriba. No se debe esperar iniciativas unitarias desde las cúpulas. Los llamados “estrategas de la derrota” están empecinados en promover “acuerdos cupulares”, arreglos desde arriba, en función de sus intereses propios y no en favor del partido ni de la sociedad. Con el pretexto manido de “promover y facilitar la gobernabilidad”, privilegian sus mezquinas ambiciones personales y subordinan el interés colectivo a la miseria de su propia codicia política y material. No son estadistas, son operadores menores de la política, entendida esta como perversión y vicio.
Los militantes de base, los dirigentes intermedios, los funcionarios de eslabones medios y los cuadros orgánicos de los partidos y grupos de la oposición, deben presionar a favor de los acuerdos unitarios y generar corrientes autónomas de convergencia política. Es la única forma de enfrentar con posibilidades de éxito las peligrosas y amenazantes tendencias autoritarias y dictatoriales que se advierten en el panorama político de la nación.
En el inmediato futuro, hay varios temas que seguramente ocuparán puntos clave en la agenda política del país. Pero hay dos que, sin duda, habrán de poner a prueba las fuerzas y actitudes de la oposición: la nueva Ley Electoral y la reelección presidencial. En torno a esos asuntos, las diferentes fuerzas de la oposición deberán mostrar sus razonamientos y definir con claridad sus posiciones. No estaría mal empezar a hacerlo desde ya, con anticipación y previsión suficientes, con visión de faro y voluntad democrática. Es la hora de demostrar que la oposición política es realmente democrática y, por lo mismo, está interesada y en capacidad de defender, ampliar y fortalecer la institucionalidad republicana, frente a los avances autoritarios y la vocación concentradora del poder absoluto y dictatorial. Pero, no hay que olvidarlo: el fuego, para calentar, debe venir desde abajo, como dice el viejo poeta y cantor argentino.
