Elecciones generales podrían celebrarse sin entrar en vigencia la ley de financiamiento de las campañas políticas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En sus acostumbradas alertas el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha manifestado su preocupación sobre la posible realización del proceso de elecciones generales en Honduras sin que entre en vigencia  la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

La preocupación se basa entre otras cosas en que hasta el momento, no existen registros confiables de contribuciones privadas y públicas en las campañas electorales, que garanticen transparencia y que las aportaciones no procedan de dinero ilícito o de actividades delictivas.

Otro aspecto que preocupa es que se ha denunciado la existencia de retrasos injustificados por prolongar la creación la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y de elegirse los magistrados que la representarán, a efecto de evitar que la Ley entre en vigencia durante las elecciones generales de noviembre próximo.

A continuación la alerta de CESPAD:

El 18 de enero del 2017 se publicó, en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. La ley tiene por objeto “establecer las normas relativas al Sistema de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Ingresos y Egresos de los Recursos de los Partidos Políticos, Movimientos Internos de los Partidos Políticos, sus Candidatos y Candidatas, Alianzas entre los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes”.

 La ley, que fue impulsada por la Misión Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), busca prevenir prácticas corruptas y volver transparente el financiamiento de los candidatos de los partidos políticos, contiene aspectos novedosos e importantes que no estaban regulado en la Ley Electoral y de las organizaciones Políticas, entre los que se citan:

1. La creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, adscrita al Tribunal Supremo Electoral, conformada por tres Magistrados electos por el Congreso Nacional, con la veeduría de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
2. La obligatoriedad de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes de registrar y notificar las aportaciones monetarias o en especie, públicas y privadas, a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Hasta el momento, no existen registros confiables de contribuciones privadas y públicas en las campañas electorales, que garanticen transparencia y que las aportaciones no procedan de dinero ilícito o de actividades delictivas.
3. El establecimiento de límites de gastos de campaña a los partidos políticos y candidaturas independientes, al igual que una fórmula para determinar los montos de gastos de las campañas. Asimismo, entre muchas más, equidad de gastos de pauta publicitaria de las y los candidatos en los medios de comunicación.

Sin embargo, alrededor de la aprobación y publicación de la Ley ha habido denuncias que ponen en peligro su implementación en las elecciones generales:

1. La manipulación del contenido de la Ley. Se denunció que el texto de algunos artículos que se aprobaron en el Congreso Nacional, fueron publicados con cambiados u omisiones en el diario oficial La Gaceta. Al respecto, es necesario mencionar que los representantes de la MACCIH solicitaron al Congreso Nacional las grabaciones de la sesión en la que se aprobó Ley de Financiamiento, para verificar lo anterior. El Congreso Nacional ha tenido que publicar una Fe de Erratas sobre la Ley, en el diario oficial La Gaceta # 34,294 el 20 de marzo de 2017.3 2.

2.- Retardos en la implementación de la Ley. Se ha denunciado la existencia de retrasos injustificados por prolongar la creación la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y de elegirse los magistrados que la representarán, a efecto de evitar que la Ley entre en vigencia durante las elecciones generales de noviembre próximo.

Por lo tanto, la Plataforma Electoral de la Sociedad Civil integrada por ASONOG, FOPRIDEH y el CESPAD alertamos lo siguiente:

1. Que el Congreso Nacional aclare y rectifique la denuncia relacionada con el cambio de texto de algunos artículos de la Ley que, de acuerdo con denuncias, se habrían trastocado para favorecer a algunos sectores políticos particulares.
2. Que es imperativo que la ley entre en vigencia y que el Congreso Nacional proceda a conformar la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y al nombramiento de los 3 magistrados que la dirigirán, sobre la base de las condiciones que la misma Ley establece. Es decir, con la veeduría de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
3. Que se garantice que las Elecciones Generales del país se desarrollen sobre la base de lo que establece la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.