El Ministerio Público realizó el decomiso en los juzgados de Nacaome, San Lorenzo y Goascorán.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron este viernes documentos que prueban contrataciones irregulares de familiares del expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla.
El decomiso de la documentación se llevó a cabo en los juzgados de Nacaome, San Lorenzo y Goascorán, en el sureño departamento de Valle, en el marco de la operación “Tormenta de Fuego”.
El Ministerio Público informó mediante un comunicado que la acción se llevó a cabo atendiendo investigaciones relacionadas a una serie de contrataciones irregulares realizadas entre los años 2013 y 2016 a familiares de Bonilla.
El comunicado establece que se trata de nombramientos a favor de primos, tíos, hermanos y el padre del exconcejal, mismos que se habrían producido sin seguir los procedimientos internos ya establecidos para el reclutamiento, selección y contratación del personal judicial y auxiliar a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con estas diligencias, la FEEFS-SJ y la ATIC determinarán aspectos concernientes a la confirmación de los procesos de empleo, el incumplimiento de los requisitos y del perfil de las personas contratadas irregularmente, la comprobación in situ de ausencias no justificadas durante la jornada laboral y la erogación de sus sueldos y salarios.
Esta línea de investigación se desprende de diversas denuncias presentadas en sede administrativa, así como de los hallazgos plasmados en el Informe de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal del Poder Judicial, refiere el Ministerio Público.
Teodoro Bonilla ya enfrenta un proceso penal por tráfico de influencias en el sonado caso “Shalom” por el que cumple arresto domiciliario y está próximo ir a juicio oral y público una vez que se resuelva el incidente de recusación planteado por el Ministerio Público contra uno de los jueces que integran la Sala III del Tribunal de Sentencia.
