Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Amnistía Internacional ha presentado su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo y en lo que se refiere a Honduras, destaca que la violencia sigue galopante en el país y sigue siendo un territorio hostil y peligroso para los defensores de la tierra y de los derechos humanos.
El informe destaca que el clima general de violencia ha obligado a miles de personas a huir de Honduras. Las mujeres, las personas migrantes, la población internamente desplazada y los defensores y defensoras de los derechos humanos —especialmente las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)— estaban particularmente expuestas a sufrir violencia. La debilidad del sistema de justicia penal contribuía al clima de impunidad.
El gobierno asignó a unidades compuestas por policías con adiestramiento militar diversas labores de seguridad pública en un intento de hacer frente a la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por que el ejército llevara a cabo operaciones de seguridad pública, que incluían uso excesivo de la fuerza.
La presencia de fuerzas militares en los territorios indígenas contribuyó a la agitación social. Más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos en un intento de hacer una purga en las fuerzas de seguridad, a las que se acusaba de vinculación con la delincuencia organizada.
El informe contiene varios apartados en los que destacan: Derechos de las personas refugiadas y migrantes, Defensores y defensoras de los derechos humanos, Derechos de los pueblos indígenas, Derechos de las mujeres y el Sistema de justicia
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La violencia generalizada en todo el país obligó a huir a muchas personas, sobre todo a mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas LGBTI. Las personas que —en opinión de las bandas delictivas (denominadas maras)— no se sometían a la autoridad de éstas, o que habían presenciado delitos, sufrían de manera habitual hostigamiento, agresiones y extorsión; los jóvenes, en particular, eran obligados a unirse a las maras.
Las personas devueltas desde México y Estados Unidos seguían haciendo frente a las mismas situaciones de amenaza mortal que inicialmente les habían obligado a huir. En julio, un solicitante de asilo que había sido devuelto desde México tras ver rechazada su solicitud fue asesinado menos de tres semanas después de regresar al país.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los y las activistas del medio ambiente y la tierra. Según la ONG Global Witness, Honduras tenía la cifra más elevada del mundo de homicidios per cápita de activistas ambientales y de defensa del derecho a la tierra.2 Berta Cáceres, lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió tiroteada el 2 de marzo en su casa.
La CIDH había dictado medidas cautelares en su favor desde 2009, pero las autoridades no habían actuado de forma efectiva para protegerla. Antes de su muerte, tanto ella como otros miembros de COPINH que protestaban contra la construcción de la represa de Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, fueron objeto de hostigamiento, amenazas y agresiones constantes por parte de agentes estatales y no estatales.
José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fueron asesinados el 18 de octubre. Ambos defensores de los derechos humanos murieron por disparos tras haber asistido a una reunión con varios campesinos y campesinas en la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras. En noviembre, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue objeto de una campaña de difamación que pretendía vincularla con cárteles de la droga y desacreditar su labor de derechos humanos. COFADEH tiene una larga trayectoria de promoción de los derechos humanos de los campesinos en la región del Bajo Aguán.
Según la ONG ACI-PARTICIPA, más del 90% de todos los homicidios y abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedaron impunes.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI también estaban particularmente expuestos a sufrir amenazas y agresiones. René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana en la ciudad de San Pedro Sula, fue hallado muerto el 3 de junio; su cadáver presentaba señales de tortura. El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos denunció que, entre julio de 2015 y enero de 2016, los integrantes de la Asociación Arcoiris —grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTI— habían sufrido 36 incidentes relativos a su seguridad, entre ellos homicidios, amenazas, vigilancia y hostigamiento. Se acusó al ejército de infiltrarse en movimientos sociales y atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia sigue sin aplicarse adecuadamente.
Derechos de los pueblos indígenas
La falta de recursos de las instituciones responsables de apoyar a los pueblos indígenas siguen suscitando preocupación. Varios pueblos indígenas aseguraban que sus derechos a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado habían sido vulnerados en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Los pueblos indígenas siguen teniendo dificultades para acceder a la justicia en casos de agresión, incluidos homicidios. Además de Berta Cáceres, un líder indígena tolupán fue víctima de homicidio el 21 de febrero; la CIDH había dictado medidas cautelares en su favor en diciembre de 2015. Los responsables aún no habían comparecido ante la justicia.
Derechos de las mujeres
La violencia contra las mujeres es práctica habitual. Entre enero y junio fueron asesinadas 227 mujeres. Durante ese mismo periodo se registraron 1.498 ataques y 1.375 incidentes de violencia sexual contra mujeres. El número de denuncias de agresiones contra mujeres sigue estando muy por debajo de la realidad. El país sigue sin disponer de mecanismos específicos de recopilación y desglose de datos relativos a feminicidios. El aborto seguía penalizado en todas las circunstancias, aun cuando la vida y la salud de la mujer corrieran peligro o el embarazo fuera consecuencia de violencia sexual. La anticoncepción de emergencia sigue prohibida.
Sistema de justicia
Dedica un apartado al sistema de justicia destacando que en en febrero, el Congreso Nacional designó a 15 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para los siguientes siete años. Varias organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por el proceso de selección, del que afirman que no cumplió las normas internacionales de imparcialidad, independencia y transparencia.
Además menciona que Honduras todavía no ha cumplido la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015, según la cual se habían vulnerado los derechos de cuatro jueces destituidos por oponerse a un golpe de Estado en 2009. Estos jueces todavía no habían sido restituidos en el cargo, y siguen pendientes otras medidas de reparación.
Lee aquí el informe completo
honduras/https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/report-honduras/
4 respuestas
yo por eso me fui del pais, a pleno medio dia secuestros en taxis para robar dinero, pasando frente el edificio de la policia del infop y postas del blvd, frente policias de transito.. sin poder avisar dar señales o algo que uno esta siendo secuestrado en el taxi… sucedido en diferentes ocasiones a mi y a mi hermana, asaltos en buses a mi papa y a mi hermano, asaltos cada hora, ..uno despues de 3 años sin conseguir nada, el unico trabajo 10 horas diarias para qe vengan 2 pendejos a quitar en 15minutos el sueldo de 1 dia, la comida de la boca, de remate lo insultan como que el honesto trabajador fuera la peste del pais.. y lo que con esfuerzo y meses de ahorro se consigue se esfuma dando gracias que esa vez no le metieron 1 bala por placer de los delincuentes, y quedan impunes despues de denunciarlos a la policia que no puede dar con ellos
Que dice juan orlando de los deportados. A hecho algo por los imigrantes qbestan preocupados por las deportaciones no dice ni a hecho nada porq ahorita no esta para ellos
Ese informe nada nuevo trae, todos los que tenemos conciencia critica ya sabemos todo eso que dice.
aqui en honduras no hay fuentes de trabajo aqui lo que a abido es robo y saqueo en las arcas del estado hondureño