Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, enfatizamos que el enjuiciamiento y encierro de autores materiales e intelectuales de los asesinatos de 47 profesionales y trabajadores de la comunicación, de estos crímenes únicamente tres han sido esclarecidos, es deuda pendiente del Estado de Honduras con el gremio y la sociedad hondureña. Este 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión, la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y y el Secretario General de la ONU, destacan el alto valor del periodismo libre y ceñido a la responsabilidad ciudadana.
El periodismo de calidad permite a los ciudadanos adoptar decisiones sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento de causa, y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la corrupción y el abuso de poder; por eso debe tener la posibilidad de prosperar, en un entorno propicio en el que los periodistas puedan trabajar con independencia, sin interferencias indebidas y en condiciones de seguridad, señala la ONU. En 2015, las violaciones más graves registradas son los asesinatos del operador de Radio y TV Globo, Erick Arriaga, en Tegucigalpa, y del comunicador social José Carlos Fernández Umaña (54), en Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, caribe de Honduras.
Entre 2008 a la fecha, el Comité de Libre Expresión (C-Libre) recopiló y auscultó 73 agresiones contra medios y periodistas opuestos al gobierno, en particular de Radio TV Globo, una empresa de comunicación estimado como “opositor” y crítico al gobierno de Juan Hernández. Las agresiones van desde intimidación, obstrucción o bloqueos informativos, hostigamiento judicial, bloqueo de publicidad estatal, seguimientos vehiculares, allanamientos ilegales, hackeos (sabotaje) de páginas web y de redes sociales, suspensión de trasmisiones, abuso de la fuerza de seguridad estatal, destrucción de equipos de transmisión, sabotajes, robo de equipos y robo de viviendas.
Acciones que desencadenaron en agresiones físicas, atentados, exilios forzosos, amenazas a muerte, asesinatos de personas allegadas al medio o familiares de periodistas y el asesinato de dos miembros del staff de profesionales, pese a que varios integrantes de este medio de comunicación gozan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Honduras (CIDH). También, en 2015, se registran 37 amenazas directas a periodistas y comunicadores o trabajadores de medios de comunicación, que subrayan la ausencia de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo. Ely Vallejo, reportero de Canal 36 en San Pedro Sula, denunció persecución por desconocidos después de interrogar al presidente Hernández acerca de un presunto caso de corrupción en su gobierno, hecho que lo forzó a salir a Costa Rica a denunciar esa situación.
En jornadas de protesta estudiantil en varias zonas del país autoridades de la Policía Nacional despojaron a dos camarógrafos del equipo de trabajo y atacaron a 10 periodistas en la cobertura de protestas estudiantiles en el departamento de Olancho, sin que los responsables enfrentaran procesos de descargo. En otra protesta de demanda de educación pública y calidad educativa en la capital, los titulares de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto; el de Seguridad, general retirado Julián Pacheco Tinoco y el Secretario de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales, criminalizaron públicamente a dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales en sendos comunicados de prensa y declaraciones en medios de comunicación.
COSTO DE LA LIBERTAD
El 11 de noviembre de 2003 fue asesinado el periodista German Rivas, director-gerente de la Corporación Maya Visión, Canal 7, de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Desde 2003 a 2014, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, registró la muerte violenta de 41 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, muestra evidente de la vulnerabilidad del gremio. El 14 de abril de 2014 es asesinado a puñaladas el gerente de Mercadeo de Radio Progreso, Carlos Mejía Orellana (35), que gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) murieron violentamente 33 periodistas y comunicadores sociales, representan 82.5% de las muertes ocurridas desde 2003. En los últimos 11 años, nueve de cada 10, es decir el 91% de los casos se encuentran en completa impunidad, apenas dos han recibido sentencia firme y dos esperan fallo. Pendientes de condena están los responsables del asesinato del coordinador de noticias de HRN, Ángel Alfredo Villatoro, y en etapa de judicialización los autores materiales de la muerte del periodista de televisión Aníbal Barrow. 2013 estuvo marcado con la muerte impune de seis periodistas y comunicadores sociales, uno de los cuales fue encontrado 16 días después de su captura, totalmente desmembrado, 7 atentados, una docena de amenazas contra miembros del gremio, 7 agresiones y exilio de uno de ellos para salvaguardar su vida.
LOS MÁS PELIGROSOS
El gobierno de Lobo Sosa, a través de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, presentó un anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones atentatorio a la libertad de prensa y de expresión. Un informe publicado de la organización Freedom House, reveló que Honduras y México siguen siendo las dos naciones más peligrosas y complicadas para la práctica del periodismo, con 41 y 76 comunicadores asesinados entre 2000 y 2013, respectivamente. El país sigue apareciendo como uno de los peores para el ejercicio del periodismo, que ha avanzado poco en algunos aspectos como la captura y el enjuiciamiento de los asesinos de los periodistas Ángel Alfredo Villatoro y Aníbal Barrow, pero la mayoría de los casos sigue en la impunidad.
Pese a esos escasos avances, dijo que falta practicar acciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo en el país; como crear una Fiscalía especial para atender casos de periodistas asesinados, leyes y mecanismos de protección para comunicadores amenazados. Además, en términos generales de la prensa persiste la censura, autocensura y riesgo para periodistas que cubren narcotráfico, crimen organizado, bandas de narcotraficantes y la corrupción pública, cuyas denuncias siguen siendo ahogadas por la intromisión del régimen y la manipulación mediante la publicidad gubernamental que condiciona el acceso a la misma con acallar la conciencia. Situación compleja muy ligada a una política de Estado que condiciona la libertad de expresión y permite altísimos niveles de impunidad, autocensura y a limitar el ejercicio de un derecho humano.
Periodistas y comunicadores muertos de 2003 al 2014:
- German Rivas
- Carlos Salgado
- Fernando González
- Bernardo Rivera Paz
- Rafael Munguía
- Osman Rodrigo López
- Gabriel Fino Noriega
- Nicolás Asfura
- Joseph Hernández
- David Meza
- Nahúm Palacios
- Bayardo Mairena
- Víctor Manuel Juárez Vásquez
- Luis Chévez Hernández
- Georgino Orellana
- Carlos Humberto Salinas Midence
- Luis Arturo Mondragón
- Israel Díaz Zelaya
- Henry Orlando Suazo
- Héctor Francisco Medina Polanco
- Luis Mendoza
- Adán Benítez
- Nery Jeremías Orellana
- Medardo Flores
- Luz Marina Paz
- Fabiola Almendares Borjas
- Fausto Elio Valle
