Por: Thelma MejíaTegucigalpa.- El tema de los bienes patrimoniales ha vuelto a inquietar a un amplio sector de la policía, al trascender que un nutrido grupo de oficiales y policías, activos y retiro, no han podido sustentar riquezas por al menos 258 millones de lempiras, de acuerdo a pesquisas hechas por los órganos de control.
Algunos de los sindicados en este caso han salido a la luz pública negando ser millonarios de la noche a la mañana, amenazando con demandas y tildando de calumniosas e injuriosas las versiones periodísticas publicadas en el país.
Un capital conjunto de 258 millones de lempiras que habrían amasado ese grupo de policías, activos y en retiro, es una suma nada despreciable. Solo en la reciente condena por el caso Shalom se dice que entre los dos condenados habrían lavado en conjunto cerca de 133 millones de lempiras. ¡Cuánto dinero sucio se ha movido en el país!
Las autoridades fiscalizadoras del Estado como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas tienen grandes desafíos para desenmarañar esas fortunas mal habidas, sí las hay. Necesitan para ello de recursos logísticos y humanos especializados y esa debe ser la apuesta de quienes presupuestan los dineros y el gasto en este país.
No obstante, esa limitante que es enorme, no debe servir para entrarle por lo menos a algunos casos. El país necesita dar lecciones en materia de enriquecimiento ilícito, en especial en aquellos que fueron o siguen siendo servidores públicos. Guatemala y El Salvador nos están dando claros ejemplos al respecto.
En esos últimos dos países, un ex presidente cayó junto a su vicepresidenta por supuesta corrupción; en San Salvador, un ex presidente murió mientras era enjuiciado y dos ex presidentes más están a punto de ir al banquillo de los acusados, al grado que uno de ellos optó por pedir asilo político a Nicaragua.
En el caso de la policía nacional, sin duda la depuración aún no toca fondo y entre los señalados por supuesto enriquecimiento ilícito se encuentran miembros de las actuales estructuras jerárquicas y de cuadros intermedios. La mención de algunos de ellos ha sorprendido porque a lo interno de la policía su trayectoria era manejada como impecable, reconocida incluso por quienes les adversan. La Secretaría de Seguridad anunció que esos oficiales se han puesto a disposición de los entes de control para que los investiguen y de ser ciertas las denuncias que rindan cuentas ante la ley.
No tiene otra opción esa dependencia estatal, que nuevamente en el actual proyecto presupuestario que está enviando el poder Ejecutivo al Parlamento para su aprobación, vuelve a ser de las grandes beneficiadas con un sustancial incremento, al igual que la secretaría de Defensa. Ambas dependencias también son las que absorben más del 60 por ciento de los fondos de la tasa de seguridad poblacional, es decir, tienen pisto extra al margen del presupuesto asignado.
Y no es que sea malo, lo cuestionable es que no se rinde cuentas. En el caso de la Secretaría de Seguridad, la policía nacional, su brazo más visible, está tan cuestionada que hoy cada revelación que se hace pública, no solo sorprende, también indigna.
La comisión depuradora ha dicho que los policías y oficiales que han sido ratificados en sus puestos, deberán ser objeto de un proceso de re-certificación por un ente internacional, pues han detectado que en medio de la reestructuración aplicada, aún quedan personas no tan idóneas.
En un reciente conversatorio con periodistas, el titular de Seguridad, Julián Pacheco, y la Comisión Depuradora explicaban los desafíos pendientes, destacaban sus logros, pero eran conscientes que una masacre podía botar en horas un trabajo de meses en cuanto a represión del delito. Y así será en tanto las estrategias de seguridad no partan de una premisa básica: verdad y resultados.
Y ambas cosas pasan por la profilaxis que deberá hacerse a fondo en ese organismo, en donde no solo policías son responsables de haber dejado crecer tanto el crimen, también los civiles que han conducido el organismo por hacerse de la vista gorda, y, los políticos por ceder la seguridad a la policía sin con los controles debidos, como si fuera su hacienda particular a cambio de impunidad. Por eso es que inquietan ahora, las investigaciones patrimoniales.
