Han encontrado toallas valoradas en tres mil lempiras, cuando su costo en el mercado nacional no es superior a los 200 lempiras y obras que pasaron de 82 millones a 203 millones sin observar la Ley de Contratación del Estado
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentaron ante al Ministerio Público, los resultados de una investigación en el proyecto Patuca III donde se habrían dilapidado más de 110 millones de lempiras.
De acuerdo a lo informado por Gabriela Castellanos, titular del CNA entre el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015 las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) han cometido irregularidades en la construcción de un campamento para los empleados así como el mantenimiento y compra de menaje.
Para la construcción del campamento el contrato inicial era de 82 millones de lempiras y luego sin seguir la ley de contrataciones del Estado se amplió hasta casi 203 millones de lempiras.
Las irregularidades están en que sin respetar ni aplicar la ley de contratación del Estado ampliaban obras civiles con simples órdenes de trabajo.
Además en el mantenimiento se encontró un contrato por doce años cuando el único ente autorizado para contratar más allá de los cuatro años que dura el periodo presidencial es el Congreso Nacional.
Otra irregularidad encontrada es que el menaje para las casas lo vendió una empresa a la ENEE y esa empresa compró ese mobiliario en comercios nacionales y esas compras pudieron hacerse directamente por la estatal eléctrica.
En estas compras se encontró con toallas que tienen un valor de tres mil lempiras cada una cuando el valor en el mercado nacional no pasa de los 200 lempiras, detalló Castellanos.
También se encontró compras de estufas y lavadoras que oscilan entre los 18 y 20 mil lempiras, cuando el precio de estos aparatos en el mercado nacional anda alrededor de los 8 mil lempiras.
Entre los más de 10 funcionarios denunciados está un exgerente de la ENEE así como varios empleados y funcionarios de la administración de Porfirio Lobo Sosa y del actual gobierno de Juan Hernández.
Los delitos que se les está imputando es fraude de acuerdo al artículo 376 del Código Penal , así como también abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos.
