Por: Hugo Noé Pino
Los procesos electorales en todos los países siempre traen consigo estrategias de campaña, algunas ingeniosas, otras propositivas y otras sucias; también muestran el contexto y la consideración hacia el pensamiento de los electores. En el caso hondureño parte de esa campaña es hacernos creer en la validez legal de la reelección, así como de su legitimidad.
En función de los dos factores anteriores, el nuevo mensaje electoral que se repite por todos los voceros del gobierno de Honduras es: lo único que queda en el Congreso Nacional (para validar el acto ilegal de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), es regular el período de a cuántas veces se puede aspirar a la reelección. Es decir, si es por una sólo vez o continua. A esto se le agrega la frase “como en los Estados Unidos” o “como Obama”.
El argumento de los voceros es simple: en Estados Unidos existe un período de cuatro años para el presidente (como en Honduras) y el presidente puede ser reelecto (como queremos en Honduras). Simple y sencillo; no tanto cuando se analiza la situación con más detalle.
En Estados Unidos la separación de los poderes existe en la práctica y no en el papel. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque son propuestos por el presidente y aprobados por el Congreso, son eminentes abogados que a través de su desempeño profesional, su experiencia, su honestidad e imparcialidad, son referentes en el campo jurídico.
En Honduras, como lo muestra la reciente elección de la nueva Corte Suprema de justicia, muy pocos, si alguno, llega a cumplir con todos los requisitos. Se eligieron ocho nacionalistas y siete liberales, no por sus conocimientos y posiciones ideológicas, sino por su disposición a recibir órdenes.
En general, el respeto a la ley y la fortaleza de las instituciones hacen imposible que en Estados Unidos un presidente en su cargo pueda utilizar las instituciones y recursos del Estado para su campaña electoral. Lo más que se le permite al presidente en busca de la reelección es desplazarse de un lugar a otro en el período eleccionario.
En Honduras, sin embargo, la concentración de poder en la figura del presidente permite la manipulación de la Corte Suprema de Justicia nombrando magistrados ilegalmente, el uso de recursos públicos, el manejo directo de los entes contralores y el control del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
El uso discrecional del presupuesto público hondureño, expresado en programas de asistencia social (alrededor de diez mil millones de lempiras, 2% del PIB), sirve de plataforma reeleccionista y se aprovecha para contratar activistas políticos. Obviamente su efecto en el mediano plazo sobre la pobreza es sumamente limitado. A esto se suma el manejo de la política económica como estrategia de campaña en general.
Por ejemplo, una de las distorsiones más fuertes que existen en los ingresos públicos son las exoneraciones injustificadas; sin embargo, su reducción no se discute, debido a que buena parte de los fondos de campaña pueden provenir de los sectores beneficiados.
En países con una aplicación de la ley de acuerdo a intereses particulares e instituciones débiles, la reelección continua se convierte en el uso del poder público en beneficio del candidato. Por lo tanto, la expresión “como en los Estados Unidos” no deja de ser mas que un eslogan de campaña y no un argumento válido.
