Por: Joaquín Mejía Rivera
El artículo 1 de la Constitución de la República señala que Honduras es un Estado de derecho que se ha constituido para “asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, ya que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En este sentido, todas las instituciones públicas tienen el deber ser las principales impulsoras y garantes de un régimen político democrático, libre e igualitario en donde estén garantizadas las condiciones para la plena realización de la dignidad humana.
El objetivo y la finalidad del Estado de derecho y de sus instituciones es lograr la garantía y plena efectividad de los derechos humanos, ya que los mismos representan el conjunto de valores más importantes para la sociedad, y por lo tanto, se constituyen en un elemento esencial del sistema de legitimidad institucional.
En consecuencia, la razón de ser del Estado de derecho son los derechos humanos, dado que su falta o abusiva limitación impide su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista, arbitrario o totalitario, como el que ahora tenemos.
La crisis de la Policía Nacional no debe verse como una crisis de una sola institución, sino como una crisis sistémica que se conecta y arrastra a otras crisis muchas veces silenciosas en el Ministerio Público, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y en el Poder Judicial que han sido incapaces de reducir la impunidad y la corrupción, actuar con independencia y efectividad, y evitar la crisis de derechos humanos que sufrimos.
Y estas crisis están estrechamente conectadas con las crisis en los sistemas de salud y tributario, con las crisis ambiental, económica, laboral, social, habitacional, política y de seguridad, las cuales acercan al Estado hondureño más que al ideal del Estado de derecho, a la pesadilla de un Estado en crisis.
Debemos tener presente que el Estado no sólo fracasa cuando deja de cumplir sus funciones fundamentales como brindar seguridad humana y ciudadana, y garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino también cuando deja de ser de todos y de todas.
La crisis policial nos confirma que el Estado hondureño hace tiempo dejó de ser de toda la hondureñidad y que además de haberse convertido en propiedad privada de una reducida clase política, económica y religiosa, también le pertenece al crimen organizado para quien instituciones esenciales como la Policía Nacional, han sido puestas a su servicio.
